En las manos de los candidatos a cargos pluri y uninominales, en primera instancia, está su seguridad. Ésta es una de las conclusiones de la sesión que sobre riesgos y garantías electorales se llevó a cabo en la Asamblea de Antioquia, convocada por el diputado Alfaro García.
Tanto la Secretaría de Gobierno de Antioquia como la Policía Antioquia, los organismos de control, las autoridades electorales y la misma Corporación Administrativa, coinciden en que deben ser, primero, los candidatos quienes denuncien coacción sobre su actividad proselitista para que, luego, las autoridades competentes valoren su situación, los orienten preventivamente, les asignen escolta y los acompañen en sus recorridos.
El diputado Alfaro García les hace eco al Secretario de Gobierno y al Comandante de la Policía Antioquia, quienes afirmaron que los candidatos a la Alcaldía de Campamento, Adonay Correa Londoño y Guillermo Roldán, posiblemente no habrían sido asesinados por el Frente 37 de las FARC si hubieran informado oportunamente su situación de riesgo.
El secretario Andrés Julián Rendón y el Coronel José Gerardo Acevedo Ossa, igualmente coinciden en que el panfleto mediante el cual se amenazó a varios políticos en el Oriente del Departamento, no corresponde a coerción ejercida por las FARC, el ELN o las bandas criminales, sino a actores civiles que recurren a la suplantación y al terrorismo con fines electoreros.
“Los homicidios, los secuestros, las amenazas, las extorsiones, el constreñimiento, el fraude, la corrupción, la trashumancia, el voto fraudulento y, entre otros, la alteración de resultados electorales, son todos delitos a los que estamos expuestos quienes participamos en este proceso electoral. Por eso es tan importante que nosotros y todas las autoridades competentes trabajemos comprometida y mancomunadamente por minimizarlos mediante su detección, denuncia y atención oportunas, para garantizar las mayores transparencia y tranquilidad posibles durante este ejercicio democrático”, propone el Diputado conservador.
Alfaro García, quien aspira a repetir curul en la Asamblea, afirma que ya las autoridades competentes alertan sobre acciones de la guerrilla, especialmente en el Norte y en la jurisdicción de Hidroituango, sobre trashumancia en 85 municipios y participación en política por parte de funcionarios públicos en ejercicio. Pero, al mismo tiempo, se han empezado a tomar medidas como las anunciadas por la delegada Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Luz Helena Rivera López, quien informó que cerca de 15 registradores municipales fueron trasladados de manera preventiva durante el proceso de inscripción de cédulas y que igual ocurrirá durante el período electoral, cuando tendrán la mirada puesta sobre los jurados y los testigos, capacitarán a la fuerza pública y trabajarán de la mano de la Fiscalía para atender efectivamente las denuncias.
Alfaro García espera que haya mucha información sobre los diferentes delitos electorales, su forma de comisión y las penas con que se castigan, de tal manera que se prevengan mediante su exposición pública como comportamientos indeseables, y amenazando su realización con sanciones drásticas.
