Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Los miembros de la Comisión Civil por la vida fueron autorizados por el Gobierno Nacional para que propiciaran un acercamiento con las bandas que delinquen en Medellín. Así lo hicieron, y se frenó en seco el baño de sangre. Pero fueron brusca e injustamente desautorizados por el Alto Comisionado de Paz, Frank Pearl.
Dice la sabiduría popular que así paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora no se quiere reconocer la tregua lograda. Pero para tratar de quedar bien, no sabemos con quién, el señor Pearl le dice a la Comisión y al país que el Gobierno no dialoga con criminales y que si lo hace es para que se sometan a la justicia.
Es impensable que una Comisión liderada por una persona honesta y transparente como Jaime Jaramillo Panesso, cercano al Presidente de la República, hombre de altas cualidades y gran forjador de paz, termine estableciendo acuerdos para legitimar el accionar de actores del crimen. El Alto Comisionado falta a la verdad y pone en la picota a sus miembros, al igual que a los obispos partícipes de estos acercamientos.
Tampoco es cierto que el Gobierno no haga acuerdos con criminales. Los concretó con las AUC y les dio largas, así estos estuvieran delinquiendo. Los ha hecho con narcotraficantes para que entreguen alguna información o guarden otra porque no debe salir a la luz. También los practica dentro de su política de delación para proteger amigos o parientes cercanos de altos funcionarios del Estado o congresistas procesados por la para-política. Además, a la guerrilla también la trata de criminal, siendo que llegará el día en que tendrá que llegar a acuerdos con ella.
El país ni siquiera debería prestarle atención al manejo demagógico que hace el Gobierno de estos acuerdos. Debería más bien aplaudir esa iniciativa, respaldar a la Comisión y promover el modelo en otros territorios.
En vez de recular en el tema, el Gobierno Nacional podría configurar un plan estratégico para consolidar la institucionalidad en las comunas y en donde se realicen tales pactos. Y con la Alcaldía de Medellín, propiciar la ampliación del marco de la Ley de Justicia y Paz para permitir el sometimiento de los delincuentes. A la vez, poner en marcha un gran plan social de emergencia para que las comunidades y jóvenes en conflicto encuentren opciones distintas a la guerra, y promover el empleo productivo que substituya el micro-tráfico. Los empresarios de la región no pueden seguir de espaldas al conflicto urbano.
Es preciso, además, aprovechar la tregua para realizar actividades con las comunidades encaminadas a crear cultura de la legalidad, generar acuerdos que lleven al acatamiento del orden democrático y de las fuerzas legalmente constituidas. Desarrollar jornadas educativas, de salud y vivienda para la población afectada y fortalecer la justicia, asignando más jueces y fiscales, mejorando el presupuesto de la rama jurisdiccional y propiciando su descongestión.
En parte, lo que está sucediendo es responsabilidad del alto gobierno porque incumplió unos acuerdos pactados; porque con la extradición de los paramilitares ocultó las verdades del conflicto e impidió que las víctimas fueran resarcidas adecuadamente, y porque luego del fracaso del proceso de reinserción muchos de los desmovilizados han vuelto a la guerra y desconfían de las promesas oficiales.
¡Ah! Y ante todo porque el Gobierno Nacional en cabeza del Comisionado de Paz debe una explicación al país sobre el alcance de los acuerdos con las AUC y las promesas incumplidas, diseñadas en su momento en Ralito para lograr la desmovilización.
Por último, felicitamos al nuevo secretario de Gobierno municipal, Juan Felipe Palau Ángel, para quien auguramos el mayor de los éxitos. Para Medellín es una gran ganancia, dadas sus capacidades y la experiencia que maneja. ¡Enhorabuena!
