Además de la demostrada improvisación, la pérdida de competencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cuanto al manejo del recurso hídrico, es otro de los adefesios jurídicos que contiene el Decreto Legislativo 141 de 2011, dictado con fundamento en el Decreto 020 del 7 de enero de 2011, por el cual nuevamente se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, asegura el «econcejal» de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
Según el mencionado Decreto, las Áreas Metropolitanas ya no podrán elaborar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, y tampoco harán la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Estas competencias pasarán a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Para Nicolás Albeiro Echeverri la modificación que el Decreto Legislativo hace de la Ley 99 de 1993, es muy grave en el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá porque el Río Medellín es el eje estructurante no sólo de su política ambiental, sino del modelo de ocupación territorial definido en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Acuerdo Metropolitano 15 de 2006) y declarado como Hecho Metropolitano, en el marco de las competencias otorgadas por la Ley 128 de 1994 (Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas). «Esto quiere decir que el cuestionado Decreto Legislativo rompió la unidad de materia que debe guardar el legislador extraordinario en los Estados de Excepción», plantea Echeverri Alvarán.
El Corporado Conservador comparte la preocupación de las directivas del Área Metropolitana en el sentido de no haberse tenido en cuenta las inversiones realizadas para la descontaminación de las fuentes de aguas y la prevención y mitigación de riesgos en los diferentes municipios del Valle de Aburrá, los cuales demostraron sus beneficios en la pasada ola invernal.
Está de acuerdo, también, con que la decisión del Gobierno Nacional genera graves consecuencias sociales y económicas para el Valle de Aburrá, y va en contra del proceso de integración regional que se ha adelantado durante los últimos 30 años de existencia del Área Metropolitana. Echeverri Alvarán plantea que los congresistas tendrán que responder la inquietud de los colombianos que vienen preguntándose qué, realmente, resuelve de las consecuencias invernales estos decretos.
«Lo cierto es que el caos administrativo empieza con la decisión del Área de no recibir, a partir de la fecha, solicitudes sobre permisos, concesiones y licencias relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico, como quejas, solicitudes de ocupación de cauce y vertimientos, concesiones de aguas subterráneas y superficiales, entre otras», precisa el Coordinador de la Bancada Conservadora del Concejo de Medellín.
El «econcejal» Nicolás Albeiro Echeverri concluye que el Decreto Legislativo 141 de 2011 no sólo afecta a corto plazo la recuperación ambiental del territorio nacional, sino que a mediano y largo plazo producirá traumatismos en la gestión ambiental, atentando contra los derechos colectivos y del medio ambiente. Pero es muy grave, además, que la modificación de la Ley 99 de 1993, haya puesto en evidencia la vulneración material que el Gobierno Nacional hizo de la Constitución Nacional.