En comunicación escrita dirigida a la Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos, María Teresa Forero de Saade, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Diego Miguel Sierra Botero, precisó que la administración “Antioquia la más Educada” no es partidaria de modificar o prorrogar el plazo para que las plantas de beneficio de ganado bovino cumplan con el Decreto 1500 de 2007.
Dicha normatividad hace referencia al reglamento técnico mediante el cual se crea el Sistema Oficial de Vigilancia, Seguimiento y Control de la carne, productos cárnicos comestibles, y derivados cárnicos para el consumo humano y los requisitos sanitarios de inocuidad que deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación, o exportación.
“A nosotros nos parece que el país no puede ni devolverse, ni dar más plazos del previsto para el 4 de mayo, para el cierre de las plantas que no cumplan la normatividad. Si hay algún caso puntual en una región, en un departamento como Antioquia, o en otra parte del país, con seguridad habrá la oportunidad de examinarlo pero no conviene imponer un retroceso por varias razones”, dijo Sierra Botero.
Para el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la primera y la más importante es la salud pública, la segunda la modernización de la ganadería y la tercera, el estatus único sanitario de transformación de los productos y de inocuidad para el comercio exterior.
Y es que Colombia tiene que tener al día toda su normatividad, incluidos los temas de leche y carne, ya que en los próximos meses se estarán implementando los Tratados de Libre Comercio suscritos y formalizados con los Estados Unidos, Canadá, Turquía y Corea. Además de otros mercados externos fuera de este contexto.
En la misma comunicación, el funcionario hace énfasis en el gran esfuerzo económico que ha realizado el Departamento de Antioquia para la construcción de plantas de beneficio en municipios donde se considera que el sector privado no haría inversión alguna, con el fin de garantizar el abastecimiento de la carne en todo el territorio antioqueño.
Además pidió se revisen algunos conceptos planteados por el INVIMA en lo que tiene que ver con los procedimientos y tarifas para la prestación oficial sanitaria.
Finalmente, Diego Miguel Sierra Botero, fue enfático en señalar que “si se devuelve la normatividad, Antioquia tendría un limbo para las inversiones. Obviamente podría haber una terminación de las plantas, con una menor inversión porque la exigencia si se modifica será menor en condición de frío, áreas de trabajo, mesones, etc. Simplemente Antioquia no invertiría tanto más como lo que falta. Ese sería un mal menor, pero es un mal de todas maneras”.
