El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín –DAP-, en articulación con la Universidad Nacional de Colombia, realizó este jueves, 8 de octubre, el encuentro virtual de apertura del proceso de formación y socialización de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, la cual fue aprobada por el Concejo de Medellín, mediante Acuerdo Municipal 145 de 2019.
En la apertura hubo profundización en el articulado de esta Política Pública que se constituye en una herramienta para facilitar el entendimiento entre la Administración Municipal y los ciudadanos que residan o tengan sus unidades productivas en áreas de influencia de los proyectos de desarrollo y obra pública, como ahora se pretende con el Metro de la 80.
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Durante lo que resta del año, se realizarán talleres de formación sobre la política con actores públicos responsables de la implementación de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas Política.
“Es una política muy importante, fundamental para todas aquellas comunidades que, de una u otra manera, se afectarán por la construcción de obra pública. Se trata de buscar los mecanismos y los acuerdos necesarios para que, con ocasión de esa obra pública, todos salgamos beneficiados. Nadie tiene por qué desvalorizar su calidad de vida porque se construya una obra de infraestructura. Nuestro piloto inicial será el Metro de la 80”, declaró Jorge Mejía Martínez.
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También continuarán los diálogos y encuentros focalizados, con organizaciones de base territorial, culturales, institucionales y comunitarias, empresariado, sector social y solidario; actores de control, consejos, entes de control, Consejo de Política Habitacional y entidades corregimentales, metropolitanas y departamentales.
El cierre del proceso será el 11 de diciembre y del mismo participarán alrededor de 600 personas, quienes conocerán los alcances de la política, los protocolos y los hechos de reconocimiento que pueden impactar a moradores individuales y colectivos, ya sea por obras públicas o de renovación urbana, planes de mejoramiento integral, reasentamiento de poblaciones o zonas con riesgo de desastres.
