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“Los hijos del presidente Álvaro Uribe están en la capacidad de hacer negocios. No veo ningún inconveniente en ello”, dice el senador de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García, a propósito del debate sobre zonas francas que él citó en el Senado de la República.
“O, ¿acaso hay que cambiar el artículo 1503 del Código Civil que precisa que sólo los colombianos que no pueden darse a entender -como los dementes, los impúberes y los sordomudos-, son incapaces de celebrar de manera consciente y responsable negocios jurídicos? ¿Será que habrá que agregarle a ese artículo, que los hijos del Presidente de Colombia no están en la capacidad de realizar negocios?”, se pregunta el senador antioqueño.

Vélez García asegura que el debate de los predios que poseen los hijos del presidente Uribe en la Zona Franca de Occidente, es eminentemente político, y que busca hacerle daño al Gobierno. Argumenta que las zonas francas en Colombia no se dan ni por adjudicación ni por contrato. Para solicitar una zona franca es necesario cumplir con unos estrictos requisitos que Tomás y Jerónimo Uribe Moreno cumplieron a cabalidad, con el concepto favorable de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.

Sobre la actuación de los ministros relacionados en el  negocio de los hermanos Uribe Moreno, el senador Jorge Enrique Vélez considera que el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, actuó con base en lo que determina la ley, ya que su labor se limita a revisar los proyectos que cumplen con los requisitos contemplados.

Sobre el  ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, asegura que obró con total transparencia y sin vicio alguno de corrupción. Y respecto del ministro Andrés Uriel Gallego, dice que la ampliación de la doble calzada Bogotá -Facatativá era una obra planeada desde mucho tiempo atrás, y que hacía parte del plan para asegurar que todas las entradas a Bogotá tuvieran doble calzada. Vélez García precisa que desde 1994 está contemplada en el CONPES y que se empezó a construir en 1995, cuando los hijos del Presidente aún estudiaban en bachillerato. El Senador afirma que el deber de un funcionario público es aprobar lo que esté ajustado a la ley.   

“Aquí no hay ningún cuestionamiento moral. El tema está bajo la legalidad. Distinto hubiese sido si los jóvenes empresarios hubieran accedido a un subsidio o a un préstamo con bancos del Estado”, concluye el congresista antioqueño.

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