Por: Eugenio Prieto Soto
El mundo es otro. La reforma al subsistema de educación superior es urgente y necesaria para responder a las realidades científicas, tecnológicas, demográficas, sociales, económicas y culturales que han cambiado sustancialmente la dinámica del mundo. Además de la necesaria actualización de nuestro modelo educativo a estas realidades globales, en Colombia debemos resolver la trampa social de exclusión en la que nos encontramos atrapados.
Aunque en los últimos ocho años, impulsados en mayor proporción por las Instituciones de Educación Superior públicas (IES), se logró alcanzar una importante tasa de cobertura equivalente al 37%, paradójicamente en la década se arroja un preocupante déficit de 3.226.000 jóvenes entre los 17 y 27 años de edad que no han ingresado a la educación superior o que habiéndolo hecho, han desertado.
La tasa de deserción, que tiene entre sus causas principales la falta de ingresos familiares y las dificultades en el acceso a financiación, es del 45%. El ambicioso reto del actual Gobierno del presidente Santos, es alcanzar una tasa de cobertura del 50% al 2014. En Colombia existen 286 IES, 80 oficiales y 206 de carácter privado, con una población matriculada de 1.688.216 estudiantes, el 54,7% en el sector oficial. Específicamente en la Instituciones públicas el 41.6% se encuentra en universidades territoriales y el 58.4% en universidades nacionales. De las 286 IES, 220 están concentradas en seis departamentos, 113 de ellas en la ciudad capital.
¿Cuál es el camino adecuado para alcanzar la cobertura propuesta, con calidad y pertinencia? Hasta hace pocos días, el Gobierno proponía inversión de capital privado en el sector educativo; lo que no significa privatizar, significa invertir; incluyendo lógicas de gestión empresarial en el campo de lo público en pro de la eficiencia en el manejo de los recursos; las IES públicas señalan el peligro que puede existir con este capital privado en detrimento del derecho y la calidad de la educación y el fortalecimiento de lo público; la posibilidad de constituir IES con ánimo de lucro se convirtió en el punto central de discusión entre ambos. Retirar este punto es una muestra de sensatez del Gobierno y despeja el camino de la reforma.
Por ello acompañamos el diálogo abierto y sensato impulsado por el gobierno nacional en torno a la improrrogable reforma, en la cual debemos plantear alternativas de fortalecimiento a la oferta regional, invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura y las capacidades instaladas, incluyendo en el subsistema de educación superior las Instituciones Técnicas, Tecnológicas a la vez que se generan un mayor número de becas, fondos de financiación y créditos educativos con tasas de interés cero para los estudiantes, articulado a la creación e instalación de instituciones y procesos educativos pertinentes y de calidad en los territorios.
La trampa de la cobertura, reflejada en un déficit relacionado de manera profunda con la falta de regionalización, la falta de fortalecimiento de las IES públicas y los altos costos de las universidades privadas hace necesario plantear estrategias pertinentes que defiendan el acceso democrático a la educación superior, a través de procesos fundamentados en la eficiencia y la eficacia pero que en ningún sentido vayan en detrimento de lo público.
Al reconocer que es este un proceso a mediano y largo plazo, consideramos necesario plantear como estrategia transitoria para los jóvenes que se quedan por fuera de la educación superior, la generación de medidas para consolidar niveles intermedios de formación para el empleo, aprovechando para ello la infraestructura y el capital humano y social de las instituciones educativas de secundaria y media e instituciones de educación para el trabajo como el SENA, tal y como se ha venido desarrollando en otros países del mundo.
