Foto: El Colombiano

Con el lema «La toga en pie», el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia convocó a jueces, magistrados y fiscales a participar en una jornada simbólica y pacífica para llamar la atención de la ciudadanía y del Gobierno nacional sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia en el País.

La actividad, programada para este jueves, 19 de noviembre, a las 11:00 a.m., contempla que los funcionarios judiciales salgan a las puertas de sus respectivas sedes. Los jueces y magistrados vestirán sus togas y los fiscales acudirán vestidos de blanco, en un acto que sus organizadores definen como una manifestación sin color político y sin respaldo ni oposición a ningún gobierno o partido.

«Hoy no venimos a gritar. Venimos a ponernos de pie», señala el comunicado dirigido a la ciudadanía, firmado por Gloria Patricia Rúa Espinosa, presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

Uno de los principales argumentos de la convocatoria es el crecimiento de las acciones de tutela y la acumulación de procesos en los despachos judiciales. Según las cifras presentadas por el Colegio, durante 2025 la Corte Constitucional recibió 923.397 acciones de tutela, la cifra más alta de su historia. La Organización advierte que actualmente llegan cerca de 6.000 tutelas cada día y recuerda que cada una debe tener una respuesta judicial dentro de los términos establecidos.

El comunicado también describe las condiciones laborales de jueces y fiscales, quienes deben atender simultáneamente las obligaciones propias de sus despachos y las demandas de los ciudadanos.

En el caso de los jueces, señala que las tutelas se resuelven durante la jornada laboral, mientras que los procesos ordinarios y las demás responsabilidades del despacho terminan atendiéndose en horas de la noche y durante los fines de semana.

Respecto de los fiscales, advierte que muchos despachos carecen de asistentes o cuentan solamente con uno. A sus responsabilidades investigativas se suman la actualización del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la citación de testigos, la organización del descubrimiento probatorio y la atención a las víctimas.

El documento indica que algunos fiscales deben asistir a cuatro o cinco audiencias diarias y preparar los casos durante la noche, lo que, según el Colegio, evidencia una sobrecarga que compromete las condiciones en las que se desarrolla la actividad judicial.

Otro de los motivos de la jornada tiene que ver con los recursos asignados a la Rama Judicial para 2027.

De acuerdo con el comunicado, el Consejo Superior de la Judicatura sustentó la necesidad de contar con un presupuesto de 17,5 billones de pesos para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, la asignación prevista sería cercana a los 11,5 billones, lo que representa un faltante superior a los seis billones de pesos.

Para el Colegio, esta diferencia presupuestal limita las posibilidades de descongestionar los despachos y crear nuevos cargos, además de poner en riesgo la disponibilidad de recursos para atender compromisos salariales.

Entre sus preocupaciones también está la bonificación judicial, cuyos recursos, según la Organización, todavía no están asegurados para que sea reconocida como factor salarial, conforme a lo dispuesto en la Ley 2594 de 2026.

A esto se suma la preocupación por el proyecto de Ley de Rescate Económico, que, según el comunicado, podría afectar los ingresos de jueces y fiscales mediante la eliminación de beneficios relacionados con gastos de representación y deducciones por dependientes.

El documento advierte que una jueza o un juez de circuito podría experimentar una reducción cercana al 25% de sus ingresos. Para sustentar su preocupación, invoca el artículo 152 de la Ley 270 de 1996, que establece que la remuneración de los funcionarios judiciales no puede ser disminuida.

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia asegura que sus reclamaciones no se limitan a la manifestación pública. En el comunicado informa que presentó al Gobierno nacional una propuesta de política pública para fortalecer la Fiscalía General de la Nación.

También anuncia que llevará ante el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda dos derechos de petición con propuestas concretas: la creación de más despachos judiciales dedicados a resolver acciones de tutela y el fortalecimiento de las fiscalías mediante equipos de apoyo y recursos presupuestales suficientes.

La Organización sostiene que el propósito no es reclamar privilegios para quienes administran justicia, sino exigir condiciones institucionales que permitan garantizar a los ciudadanos una justicia oportuna, independiente y digna.

En su pronunciamiento, el Colegio insiste en que la jornada no está dirigida contra ningún gobierno ni partido político. Su propósito, explica, es defender la autonomía y la independencia judicial como garantías para la ciudadanía.

«No estamos en contra de ustedes; estamos aquí por ustedes», expresa el comunicado, al explicar que cada toga que se pone de pie representa un despacho que no se rinde y un expediente que tiene nombre propio.

La convocatoria concluye con un mensaje que resume el sentido de la manifestación: «La toga no se pone de pie para pedir privilegios; se pone de pie para que nadie siga esperando justicia».

De esta manera, «La toga en pie» busca convertir las dificultades que afrontan jueces y fiscales en un asunto de interés ciudadano, bajo una premisa fundamental: las condiciones en las que trabajan quienes administran justicia también inciden en la capacidad del Estado para garantizar los derechos de las personas.