Ramón Elejalde ArbeláezLa reforma política que tramita el Congreso y que está a dos debates de convertirse en acto legislativo, es un verdadero adefesio, con muy pocas cosas rescatables.
En primer lugar debo decir que algún día debemos ponerle punto final a esa manía de vivir reformando la Constitución. De ejemplo, nos deben servir los gringos que tienen la primera constitución escrita que se expidió en el mundo y aun así, tiene muy pocas enmiendas. Entiendo este frenesí constitucional como un mecanismo para mantener al pueblo alejado de los verdaderos problemas y de darle solución a los mismos.
La norma más grave que contiene el proyecto está contemplada en el artículo 4° que a la letra dice: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado (…) o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o con narcotráfico en Colombia o en el exterior, exceptuando los delitos políticos o de procesos de paz anteriores o futuros pactados con el gobierno”. Terrible la norma. Sencillamente está consagrando la posibilidad de que los jefes paramilitares, aun inmiscuidos en narcotráfico, puedan llegar a cargos de elección popular o ser elegidos o designados como funcionarios públicos. El ministro del Interior preguntado esta semana, a instancias del suscrito, por el periodista Julio Sánchez Cristo en su muy escuchado programa de radio, respondió olímpicamente que esa excepción es para los delitos políticos. El mismo Ministro les dijo a los candidatos presidenciales independientes, que se manifestaron en contra de esta iniciativa, que no habían leído la reforma. Yo lo que creo después de leer y releer el artículo es que quien no ha leído la reforma política es el doctor Fabio Valencia. Todo el que se acogió a un proceso de paz, así pague cárcel, aun en el extranjero, podrá ser elegido congresista o designado funcionario, de conformidad con la disposición en comento. Razón tiene el ex presidente César Gaviria, cuando prende las alarmas en este sentido. Lo que si es inexplicable es la conducta de los grandes medios de comunicación que están viendo cómo pasa semejante orangután, sin modular una palabra.
Pero eso no es todo, existen normas que a los únicos que benefician es a los congresistas actuales. Están amarrando la curul por todas partes. Inhabilitan a diputados y a concejales para que no les puedan competir; se autorizan por dos meses para poder cambiarse de partido sin tener que renunciar a la curul, no obstante, en otro artículo combatan el “voltiarepismo” o la doble militancia y pregonan por todo el proyecto de acto legislativo, el respeto y la militancia dentro del partido que los eligió. Peligrosamente le entregan al Consejo Nacional Electoral la decisión de revocar la inscripción de un candidato incurso en una causal de inhabilidad. Un despropósito. Esa debe ser una decisión judicial. La calificación de si una persona está inhabilitada es del juez administrativo y no de un órgano tan politizado y que actúa, generalmente, con sesgo partidista. Eso lo conocen y lo saben los parlamentarios.
Tiene además el proyecto muchas incongruencias: Para casi todas las elecciones se trabaja con financiación anticipada. Para las consultas de los partidos se trabaja con el sistema de reposición. Pero hay más: el régimen de reemplazos solamente es aplicable para los delitos cometidos después de la vigencia de la reforma, eso quiere decir que el actual Congreso pasará de agache frente a las gravísimas investigaciones en curso. Y la perla final: a los magistrados de la Rama Judicial, al procurador, al fiscal, al contralor y a sus parientes les prohíben llegar a puestos aun un año después de dejar el cargo, sin embargo, los congresistas no se incluyen dentro de esa prohibición. Todos seguirán aportando familiares a la nutrida fronda burocrática, incluyendo el servicio diplomático. ¿No se consideran ellos comprables por el ejecutivo?
