Por: Ramón Elejalde Arbeláez
Radicó el Gobierno un proyecto de acto legislativo buscando introducir unas modificaciones a la Rama Judicial del poder público.
Siguen nuestros dirigentes y la opinión pública considerando que las reformas constitucionales producen transformaciones en nuestra sociedad. El reformismo constitucional no pasa de ser un distractor social para que todo cambie, pero sin que nada cambie.
Ya en otros artículos en este mismo espacio he señalado que con Haití, República Dominicana, Ecuador, y Venezuela somos campeones en reformas a la Carta Suprema, contrario a lo que sucede en Estados Unidos, Noruega, Suecia y Canadá, donde sus constituciones son normas llamadas a perdurar.
Pero independientemente de la crítica a lo maleable que han vuelto nuestros dirigentes la Carta Constitucional, es bueno analizar de fondo la propuesta gubernamental.
Consignar que el órgano de cierre de la acción de tutela es la Corte Constitucional, es lo obvio y entiendo que lo que se busca es hacerles claridad al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, opuestos a reconocer, en ese campo, esa supremacía. No es necesario aclarar lo que es lógico. Mediante una sentencia también se pueden violar derechos fundamentales y en esos casos también cabe la acción de tutela. El mandato de prohibirles a inferiores que conozcan de tutelas contra sentencias que han expedido superiores es algo que compete a la Ley y no a la Constitución. Pero si la reforma propuesta al Congreso pone fin al choque entre las altas cortes, pues que se tramite el acto legislativo y continuemos remendando nuestra Constitución.
Sobre la supresión del Consejo Superior de la Judicatura contemplada en el proyecto, debo manifestar que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del Gobierno. En un oficio que envié al Gobierno durante el período presidencial 2002-06 propuse que este Consejo fuera reemplazado por una junta integrada por los presidente del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y que estos designaran dos gerentes: uno de la carrera judicial y otro que administrara el presupuesto de la Justicia y que las investigaciones disciplinarias de jueces y abogados que hoy cumple el Consejo Superior de la Judicatura, las adelantaran los tribunales de distrito judicial. Recuerdo que únicamente merecí respuesta de Luis Camilo Osorio, fiscal de la Nación, donde acogía con beneplácito la propuesta. Hoy veo que el Gobierno retoma esa propuesta y la calca en su proyecto.
El Consejo Superior de la Judicatura, por su origen, ha resultado clientelista y es el tribunal de bolsillo de la clase política. Recuerdo cuando un magistrado, enhorabuena fuera de esa alta dignidad, me dijo cualquier día que tenían distribuidos los tribunales seccionales entre ellos para incidir en las designaciones de sus magistrados.
