Eugenio Prieto Soto
Una de las más escandalosas manifestaciones de la inequidad en Antioquia está asociada a las pocas posibilidades que sus habitantes tenemos para aprovechar, cuidar, disfrutar y mejorar el más grandioso recurso que nos regaló el Creador: el agua. Bien decía el presidente Uribe en la creación del Fondo Departamental del Agua que nuestra riqueza está en las arrugadas montañas que son prolíficas fuentes de agua. En su intervención lamentó que politiqueros populistas y clientelistas hubieran secado las instituciones creadas para extender el acceso al agua potable y sus beneficios a todos los miembros de la sociedad. El quería referirse al pasado y en realidad, como si tuviera capacidades de futurólogo, acabó mostrando el futuro que le esperaba al pueblo antioqueño.
Los gobiernos de Antioquia Nueva tuvieron en el agua uno de los centros de sus preocupaciones. A través de la Gerencia de Servicios Públicos creada por el doctor Guillermo Gaviria Correa se institucionalizó el manejo del agua, se logró finiquitar a la moribunda Acuantioquia, se regularizó el manejo de los acueductos y sistemas de saneamiento básico corrigiendo los errores que se presentaron en la fórmula de entrega de su operación a los privados.
Al mirar el mapa de cobertura de agua potable en Colombia que acaba de publicar la Defensoría del Pueblo la alegría por una labor cumplida por los equipos de esos gobiernos antioqueños ilumina la sonrisa: según el documento, tenemos la mayor cobertura de agua potable rural y urbana en el país. Ahí están los más de cien nuevos acueductos construidos en los gobiernos de Antioquia Nueva y aquellos que quedaron cofinanciados y los alcaldes alcanzaron a conquistar. Justamente para mantener ese ritmo de cobertura y lograr la meta de que cada familia antioqueña no tenga que temer al agua que consume, ideamos y dejamos listo el Fondo Departamental del Agua, reglamentado mediante el Decreto 2029 de 2006 y financiado con alrededor de 140.000 millones de pesos, provenientes de los recursos que el Departamento obtuvo de la venta de Eade y Edatel, incluyendo los que la Nación recibió por tal concepto.
Según el acto de creación del Fondo, este tiene el propósito de “apoyar proyectos de construcción, optimización y/o mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas y/o rurales de los municipios del Departamento de Antioquia”. Y como el fin mismo de la institución es la equidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico, se le impuso la obligación de que los proyectos a desarrollar “garanticen los principios de solidaridad, transparencia, neutralidad, sostenibilidad y autonomía en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado así como el desarrollo institucional de las entidades prestadoras”. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo, los aportes de la Nación y el Departamento, así como los recursos de cofinanciación de los municipios, resultan más que suficientes para cumplir el propósito de garantizar el derecho al agua potable y a la protección de los nacimientos en el Departamento.
El diagnóstico presentado por la Defensoría del Pueblo demuestra la importancia de dar al tratamiento del agua un enfoque de equidad que sea profundamente respetuoso con las necesidades de las gentes. Señala también la importancia de que para garantizar hacia futuro el acceso al agua es necesario trabajar en detener las tendencias de deforestación y en impulsar políticas de acceso al agua. Es como si los responsables del análisis hubieran abrevado en las discusiones que nos llevaron a la creación de ese fondo, que también inspiró al Gobierno Nacional a crear la estrategia del agua, para observar el estado actual del servicio en el país.
Pero si el descubrir que nos conceden la razón desde las más altas instancias del Estado nos produce tanta satisfacción como el encontrar a los niños que gozan de salud porque acceden a servicios de agua de calidad o como el disfrutar del impulso puesto al Fondo Departamental del Agua, ver el manejo politiquero que se oculta tras la absurda y farragosa reglamentación ideada para el Fondo del Agua, ensombrece el espíritu.
Además de la fijación de una serie de requisitos secundarios que contradicen el propósito del Fondo de ofrecer equidad a través de facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, el Departamento de Planeación pretende imponer a los alcaldes que comprometan sus ingresos del sistema general de participaciones por veinte años con la cofinanciación del proyecto. En lugar de recibir la mano amiga de la Gobernación, que coadyuve su gestión de desarrollo, de ofrecerles la suficiente cofinanciación, de acompañarlos y apoyarlos para que ellos ejecuten los proyectos, lo que encuentran los municipios es al usurero que aparece como ave de rapiña sobre su escaso presupuesto, para centralizarlo y ejecutarlo en ejercicios de politiquería que enturbian la transparencia del fondo del agua y disminuyen la capacidad de gestión de nuestras legitimas autoridades municipales.
Porque compartimos con Serrat la admiración por el agua y la conciencia de que ella “es la vida”, hoy, en el Día Mundial del Agua, reclamamos que el agua llegue con su potencial de vida a cada ser humano, no como graciosa prebenda, sí como derecho fundamental por el solo motivo de haber nacido y compartir el mundo con todos nosotros.
