Por: César Augusto Andrade Moreno
La semana pasada se volvió viral una publicación donde se menciona el tema de la financiación de campañas y el testaferrato para devolver los recursos recibidos de procedencia ilegal, por lo menos mientras se legalizan algunas actividades económicas que serían comunes y corrientes de ser aceptadas por la constitución y la ley.
Ese tema es muy sensible para las autoridades, comunidad en general y aprovechado en su máxima expresión por los enemigos personales, sociales y políticos, toda vez que en los dos primeros casos su efecto se materializa en el delito de concierto para delinquir e incluso de constreñimiento al elector y en el rechazo de la población que termina fácilmente con la carrera política de una persona o un equipo. En el caso de los enemigos logran destruir la vida y honra de sus objetivos y pueden llevar a los mismos efectos ante la justicia y el pueblo, independientemente de la razón que los haya motivado: o sea, una mentira se puede convertir en una verdad jurídica y una verdad puede quedar oculta, afectando las personas y la sociedad en uno u otro sentido.
Sin referirme al caso específico que originó dicha publicación, me parece importante poner de presente varios factores y casos que agravan esta situación:
1. Está “comprobado por encima de toda duda”, expresión común y generalizada utilizada por la Corte Suprema de Justicia en el caso de la parapolítica, que las personas involucradas en actividades ilícitas cuando son detenidas, lo primero que hacen es buscar la obtención de beneficios a través de los prostituidos “principios de oportunidad”, magnificando todo lo que han hecho y realizado en connivencia o no con líderes y/o personajes de la vida social y política, por lo tanto dejan en evidencia a todos los que de una manera u otra se han relacionado con ellos.
2. Ahora bien, si sus declaraciones tuvieran que ser probadas en todos los casos, no tendría relevancia y cada quien tendría la oportunidad de demostrar su inocencia o ser vencido en sano juicio, pero nuevamente debo utilizar una frase muy común para justificar los fallos condenatorios “tal persona lo dijo y la Corte le cree”; se conocen algunos casos. Es más, la Corte se ha dado el lujo de no extraditar personas que han estado al margen de la ley porque entre otros motivos, “permitieron la captura de diversas personas, actores políticos de la clase política de la región de Urabá”[i] y en el caso de no encontrar materialización del testaferrato o cumplimiento de los “acuerdos”, observan un “retraimiento en el componente lesivo”[ii] para “disminuir la pena”, pero no para generar duda jurídica.
3. La existencia del cartel de la toga comprueba un considerable porcentaje de corrupción en la instancia judicial y que ésta es susceptible de ser permeada para vender fallos judiciales (condena o absolución) de acuerdo con las apetencias personales y/o razones políticas e ideológicas del juez, magistrado, entidad de control (disciplinario, electoral o fiscal) e incluso de abogados que se prestan para acrecentar todos los casos de injusticia en este país.
4. La estigmatización social, política y judicial de los líderes y la dirigencia política de la región, cobra vigencia porque no se puede olvidar la famosa frase del exfiscal (e) Dr. Guillermo Mendoza Diago cuando detuvieron 25 personas de Urabá entre líderes, alcaldes y exalcaldes, “Estas personas eran apoyadas en las elecciones y después se les pasaba la cuenta de cobro contra los recursos de las administraciones municipales”[iii]. Principalmente por esta razón muy pocos han salido incólumes de los procesos adelantados por la justicia, no sin antes ir a la cárcel, estar sometidos al escarnio público nacional y seguramente pasar por las penurias que ello implica.
Lo anterior, sugiere a las personas u organizaciones dedicadas al negocio del narcotráfico que no deberían ofrecer recursos para campañas políticas porque es injusto e inequitativo permear las elecciones para influir y desbalancear la escogencia de un buen mandatario local en favor de un candidato falto de valentía y estrategia para enfrentar sus rivales en franca lid. Ahora bien, si algún candidato va a esas instancias a solicitar ayuda económica, deberían hacer la respectiva denuncia con las pruebas que demuestren su intención, de tal manera que paulatinamente se disminuyan los costos de las campañas y los elegidos para dirigir los municipios no lleguen hipotecando los recursos que le pertenecen al pueblo y deben ser utilizados única y exclusivamente para suplir sus necesidades básicas insatisfechas, generar bienestar a la comunidad y desarrollo en el territorio.
Esta actitud y compromiso sería muy apropiada y pertinente para generar confianza, mejorar la dinámica electoral, dignificar la política evitando sus deleznables prácticas y mañas, aumentar las posibilidades de elegir personas con verdadera vocación de servicio, entre otras buenas cosas que pueden ser útiles en el proceso de fortalecer la democracia.
Por lo tanto, financiadores, aspirantes, comunidad, políticos, medios de comunicación y líderes, de manera general la sugerencia muy respetuosa para todos es rescatar la espiritualidad, actuar con responsabilidad individual y social, aplicar valores morales y principios éticos, ser transparentes, íntegros y honestos, mostrar solidaridad, respeto y consideración hacia los demás en público y en privado, defender y cuidar los recursos públicos si tienen la oportunidad de ser funcionarios. Ello conllevaría a construir una mejor sociedad, encaminar nuestro país hacia la reconciliación, el desarrollo económico, político, cultural y ambiental.
“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.” Filipenses 2:3-5..
“Lo que no desees que te hagan, no lo infrinjas a los demás. De este modo, ningún resentimiento se dirigirá contra ti, ya estés al servicio del Estado o de una gran familia” (Confucio en Cheng, 2002).
[i] Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Magistrado ponente Augusto J. Ibáñez Guzmán, Aprobado: Acta No.134, mayo 04 de 2010
[ii] Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Proceso n.º 37219, Aprobado: Acta No. 311, agosto 31 de 2011[iii] Periódico El Colombiano, marzo 12 de 2010
