Algunos congresistas, dirigentes y políticos han sugerido la intervención del gobierno de Estados Unidos en Colombia, emulando lo acontecido el 3 de enero de 2026 en Venezuela. Algunos han mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro como quien debe ser el siguiente en correr la misma suerte de Nicolás Maduro.
Al algunos les “suena bien”, como al presidente Donald Trump le “suena bien” una operación por parte de Estados Unidos en la Colombia que -al decir del presidente Trump el 4 de enero de 2026- “está muy enferma también”, la que “dirige un hombre enfermo, al que le gusta hacer cocaina y vendérsela a Estados Unidos”, pero “no lo va a estar haciendo mucho más tiempo”.
Esa sugerencia es una señal preocupante del deterioro del debate público en Colombia y de una polarización que, cuando pierde el juicio, termina coqueteando con el autoritarismo que se dice combatir.
Es muy importante precisar que Gustavo Petro y Nicolás Maduro no son lo mismo, ni jurídica, ni política, ni institucionalmente. Equipararlos no sólo es intelectualmente deshonesto, sino que revela una profunda incomprensión de lo que constituye una democracia constitucional.
Colombia, con todos sus problemas, sigue siendo una democracia funcional: el Presidente fue elegido mediante elecciones libres, competitivas y verificadas, con observación nacional e internacional. En Colombia existe la separación de poderes, control judicial, un Congreso de la República activo y una prensa crítica. Hay alternancia política posible y un sistema de pesos y contrapesos que opera, incluso, incomodando al propio Gobierno del presidente Petro.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación siguen ejerciendo funciones autónomas, muchas veces contrariando al Ejecutivo.
Venezuela, al contrario, no cumple los requisitos mínimos de una democracia. Allí no hay independencia judicial real, ni elecciones competitivas, ni garantías efectivas para la oposición, ni libertad de prensa plena. El poder está concentrado, los organismos de control están cooptados y el voto dejó de ser un mecanismo auténtico de alternancia. Ésta es una diferencia estructural y verificable entre Colombia y Venezuela.
Por eso es tan grave que, desde la orilla del descontento político, algunos sectores en Colombia pidan intervenciones extranjeras como si se tratara de un atajo legítimo para resolver frustraciones internas. La Constitución Política de Colombia es clara: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo colombiano. No en gobiernos extranjeros, no en potencias, no en salvadores externos. Pedir una intervención foránea no es oposición, es una renuncia explícita a la democracia.
La historia y los hechos recientes le han dejado la lección a la humanidad que cuando caen las bombas, no preguntan por ideologías, no distinguen entre derecha o izquierda, entre petrismo o antipetrismo o entre uribismo o antiuribismo. A un invasor no le interesa el debate político interno: le interesan los recursos, el territorio y el poder. Quien trivializa ese riesgo por odio político, demuestra una alarmante irresponsabilidad histórica.
¿No le gusta el gobierno de Gustavo Petro? Esa es una posición política legítima.
¿Cree que Gustavo Petro ha cometido errores graves? Entonces señálelos, contrástelos con datos, discútalos y denúncielos.
¿Quiere un cambio de rumbo? Trabaje para ganar las elecciones del 31 de mayo próximo: debata, convenza, movilice, vote y decida en favor de quien usted cree que le garantizará ese cambio de rumbo político e ideológico al País. ¡Eso es democracia! Lo otro, pedir intervención extranjera, es atentar contra la democracia.
Colombia no necesita héroes externos ni soluciones violentas. Colombia necesita más ciudadanía crítica, con más cultura política, con más formación democrática, con más argumentos y con menos consignas.
Los colombianos tenemos que entender que defender la democracia empieza por enaltecer valores como el respeto y la tolerancia e implica defender el derecho del adversario a gobernar cuando gana, tanto como exigirle rendición de cuentas dentro del marco constitucional. Criticar es un deber ciudadano y vigilar al poder es una obligación democrática. Pero pretender entregar la soberanía por rencor político, es una forma de traición cívica.
La polarización irracional que sufre Colombia no fortalece a la oposición ni debilita al Gobierno: esa polarización está oradando al País. La polarización irracional que sufre Colombia normaliza los discursos de odio que son evidentemente antidemocráticos, erosiona la confianza institucional y prepara el terreno para aquello que dice rechazar: el autoritarismo, que es tan nefasto como el de Venezuela y como el de cualquier otra tendencia ideológica.
La democracia no se defiende pidiendo invasiones, se defiende ejerciéndola, porque lo peligroso no es que un presidente gobierne mal, sino que la sociedad olvide que la democracia depende de un ordenamiento jurídico que, en Colombia, todavía sigue en pie. Depende, entonces, de nosotros preservar ese Estado Social, Democrático, Constitucional y Popular de Derecho.
