Jorge Mejía Martínez
Los cultivos de coca llegan hasta donde llega la frontera de Colombia con otros países. Unos metros adentro de Ecuador no hay sembrados de la “mata que mata”. Aunque allí haya más pobreza que acá, los campesinos ecuatorianos no dejan de sembrar lo que siempre han sembrado ajustados a la ley. En Colombia, la violencia generada por organizaciones creadas para delinquir, encuentra un ambiente favorable, estimulante, en la acendrada cultura de la ilegalidad que tansversaliza el conjunto de la sociedad.
Repito: el conjunto de la sociedad, porque la proclividad a saltar por encima de la ley para obtener prebendas o ventajas, se convirtió en un deporte nacional, practicado y estimulado fundamentalmente desde arriba hacia abajo. Acatar la ley es un asunto de conveniencia y oportunidad. No una obligación, excepto para los de ruana.
El ciudadano común y corriente recibe a diario señales desde las oficinas públicas, indicativas de que en colombia delinquir o violar la norma, sí paga. El mayor referente de lo que debe ser el comportamiento de un buen colombiano, para la gran mayoría, es la Presidencia de la República. Es lo que algunos expertos en mercadeo político llaman “legitimador”. La prohibición legal a los altos funcionarios, de no hacer proselitismo con sus cargos, es una limitación para otros. La actividad política se diseña y ejecuta desde el Palacio de Nariño; los Ministros la viven, la sienten, la hacen, no ocultan sus preferencias ni apetitos. El Presidente no lo piensa dos veces para hacerse presente en el congreso de un partido político para darle un mejor aire de cara a las próximas elecciones. Vaya que a otros funcionarios de menor nivel les publiquen las fotos que aparecieron con ocasión del evento de la U. Las famosas ías – Fiscalía, Procuraduría, Contraloría- estarían volando.
Cerca del palacio de Nariño, queda la sede del Congreso Nacional. Desde allí sí que se le da sustento a no desfallecer en el logro de los objetivos aunque haya que pisotear la ley. El fin justifica lo que sea. Mientras a Colombia llegó para quedarse un buen rato la crisis económica, con sus secuelas de mayor desempleo, pobreza e inflación, nuestro parlamento no tiene más aliciente que entretenerse en hacer pasar, a las buenas o a las malas, el referendo reeleccionista. No importa que esté viciado por irregularidades en su trámite como la convocatoria para su aprobación a media noche de sesiones extraordinarias de la Cámara, sin la publicación del decreto respectivo; tampoco importa que, como lo señala el Consejo Nacional Electoral, los promotores del referendo no tuviesen ningún escrúpulo para hacer trampas y chanchullos en aras de ocultar los movimientos fraudulentos alrededor de la financiación de la recolección de firmas.
Los mismos que están encarnizados contra la Administración Distrital de Bogotá por la presunta infiltración de dineros de DMG en la campaña de Moreno Rojas, se hacen los de la vista gorda para no ver la incidencia de los mismos recursos en la campaña recolectora del apoyo ciudadano a la segunda reelección. “Saquen legalmente adelante el referendo mijos, pero si legalmente no se puede, de todas maneras sáquenlo adelante”.
Como los promotores del referendo se equivocaron con la pregunta, el Senado la modificará a sabiendas de que el presidente de la Cámara no va a permitir la conciliación. Entonces la propuesta de algunos padres de la patria es la de que hagan la modificación y no concilien como sería su obligación legal, enviando directamente a la Corte Constitucional el texto corregido para su supuesta revisión. Saldrá chuleado positivamente, porque hace algunos días los mismos senadores se dieron a la tarea de recomponer con nuevos miembros la misma Corte, asegurándose de consolidar una nueva mayoría abyecta, no importando la calidad académica y profesional de los novatos magistrados.
Con razón se dice que mientras no se supere la cultura de la ilegalidad, Colombia seguirá desangrada por la violencia y el narcotráfico. Estamos engañados. Creemos que la permisividad con la violación de la ley proviene no más de las zonas rurales o urbanas donde se asienta la delincuencia organizada. El elefante está en los despachos desde donde se gobierna.
PD: ¿qué pensarán los contratistas que ajustados a la ley quieren contratar con la Gobernación de Antioquia, cuando se enteran de la existencia de una empresa fantasma llamada “Buen Gobierno” montada desde la misma gobernación, para contratar con la gobernación, saltando por encima de la ley 80 reguladora de la Contratación Pública?
