Por: Vidal Vivas Granados.
Respecto de las intenciones de paz de Dairo Úsuga, más conocido como Alias «Otoniel», ante la JEP, considero que el Gobierno nacional debería aprovechar que él y sus AGC quieren someterse a la justicia colombiana y empezar un proceso de paz, o más bien, de sometimiento de este grupo armado ilegal mediante el diálogo. El Gobierno nacional debería facultar al Alto Comisionado para la Paz para realizar acercamientos con este grupo armado ilegal y que sea el garante de esta negociación a la cual se le debe impregnar el sello de Paz con Legalidad.
Si yo fuera el Presidente de la República de Colombia, invitaría al señor Otoniel a un ejercicio simbólico de paz en bicicleta antes de terminar el año, en vivo, ante medios de comunicación nacional y mientras pedaleábamos por la paz, en un escenario o pista emblemática de ciclismo del País, le iría preguntando por las peticiones de ellos como AGC para ese proceso de sometimiento, y le iría planteando mis requerimientos o requisitos de Gobierno para instalar la mesa del proceso de sometimiento de paz con legalidad 2022-1, el cual no debería durar más de seis meses a partir del 01 de enero del próximo año. Y los requisitos de mi gobierno para sentarme en la mesa serían el compromiso frente a los siguientes aspectos:
1) Verdad
2) Justicia transicional y restaurativa con penas mínimas que incluyan desde horas sociales por los desmovilizados en cátedras de la paz en los colegios de zonas donde estos grupos tuvieron influencias
3) Reparación directa y colectiva a las víctimas afectadas por el accionar del grupo ilegal
4) Garantía y compromiso de no repetición a futuro de nuevas incursiones en el conflicto armado colombiano
5) Colaboración con la verdad para superar el conflicto del despojo de tierras para que tierras despojadas por el accionar de su actividad ilegal sean devueltas a sus propietarios
6) Concentración de desmovilizados en zonas de reconciliación y proyectos productivos de paz con legalidad
7) Devolucion de bienes y un porcentaje de dinero de las finanzas de este grupo armado ilegal para financiar la reparación a sus víctimas, también para financiar los proyectos productivos y la educación formal e informal y/o universitaria de los desmovilizados que deseen buscar en la educación superior la oportunidad para incorporarse exitosamente a la sociedad civil
Coincido con la frase que resa que para obtener resultados diferentes se deben hacer cosas diferentes, por tanto, si además de lo anterior, hay renuncia inmediata a la actividad delictiva en el momento que se instale la mesa de negociaciones por parte de este grupo armado ilegal y se evidencia cooperacion plena con la fuerza pública y Justicia colombiana para esclarecer la verdad total de los delitos cometidos en Colombia por miembros de esta organización ilegal, en mi caso si fuera el Presidente de la República de Colombia, daría a todos los 8.000 miembros de la nómina de la organización ilegal la garantía de no extradición a otros países.
Adicionalmente, teniendo presente que uno de los principios rectores del derecho laboral consagra que prima la realidad sobre las formas y partiendo del hecho de que el señor Otoniel expresó que en la nómina de su organización ilegal habían cerca de 8.000 colaboradores en todo el territorio nacional incluyendo cerca de 2.000 combatientes estudiaría la posibilidad si la Constitución política lo permite de reconocerles el derecho al trabajo a los miembros, siempre y cuando no tengan vínculos laborales legales con otras empresas, para que sí las finanzas acumuladas de la organización ilegal tienen disponibilidad y el Estado Mayor de la Organización ilegal lo consideran viable y pertinente se cree un fondo especial en Colpensiones para ofrecer a los desmovilizados el beneficio excepcional de pensión mínima vitalicia concertada o un bono pensional para cada uno de los miembros de esa estructura armada ilegal que se desmovilicen en el proceso, siempre y cuando, el Estado Mayor de esa organización ilegal se comprometa también a pagar la deuda pública externa actual que tiene el País con las ganancias acumuladas del negocio del narcotráfico antes que finalice el proceso de sometimiento de paz con legalidad. O en lugar de una pensión minima vitalicia concertada o bono pensional para los desmovilizados, para cada uno de los 8 mil miembros, pensar en estudiar la posibilidad de una amnistia patrimonial donde los miembros de esta organización puedan legalizar transitoriamente todos sus dineros, negocios y bienes no solicitados en restitución de tierras para el sostenimiento de los miembros de su organización en actividades legales y proyectos productivos, siempre y cuando, reitero, se comprometan a pagar la deuda pública externa actual que tiene el País y esta intención de paz materialice ese antiguo sueño de Carlos Lehder y Pablo Escobar de pagar la deuda pública externa del País como una especie de mecanismos de reparación colectiva a todos los colombianos.
En fin, un proceso de sometimiento de paz con legalidad con las AGC es una oportunidad para reorientar el rumbo del País, en un posconflicto donde se minimice la violencia y demos un salto a la productividad del campo y agroindustria colombiana, ya que considero que Otoniel más allá de ser el actor armado ilegal que nos muestra el Gobierno nacional y la fuerza pública, es tambien sin duda alguna, el resultado de procesos de paz y sometimientos fallidos del Estado colombiano y es la tesis del joven menor de edad de origen humilde y campesino sin oportunidades que la única alternativa de futuro que tuvo fue servir de carne de cañón para la guerra a la que ingresó desde el mundo de las ideologias de izquierda a través de las filas de las guerrillas de las FARC, luego a las filas del EPL donde se desmoviliza en el año 1991, para retomar el camino de la legalidad, pero que posteriormente se provoca una contradicción o antítesis en sus ideologias cuando presionado por las circunstancias de lo fallido del proceso de desmovilización del EPL, retoma las armas desde las disidencias del EPL(los caraballistas) y terminan siendo aliados de las fuerzas paramilitares Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Posteriormente, absorbidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) impulsadas principalmente por la Casa Castaño que tenían una visión ideologica del mundo contraria a las ideologias de izquierda de las guerrillas donde se inició de joven. Posteriormente, se desmoviliza en el proceso de las AUC y al parecer retoma las armas nuevamente por lo fallido de este proceso y de donde al integrar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se podria decir emerge una síntesis donde hay una comunión con las ideas de Gaitán según lo expresado en su reciente versión ante la JEP, donde se evidencia la superación de las contradicciones anteriores con su levantamiento en armas en este último grupo armado ilegal al que pertenece, generando desde lo ideológico nuevamente otra tesis en la forma de ver el mundo de las ideologías y que sirve el caso del señor Otoniel para comprender históricamente el conflicto colombiano, y que pese a que queden dudas en el ambiente y ante la opinión pública por la defensa de las ideas gaitanistas por parte del grupo armado ilegal, el surgimiento y resurgimiento de grupos al margen de la ley a partir de procesos fallidos de paz y sometimiento y de disidencias que nacen, se reproducen y se vuelven aparear, sirven para evidenciar algo que decia Gaitan en sus discursos: » En Colombia hay dos países: el país que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por el país político «.
La presencia y la invitación de paz de Otoniel ante la JEP como el actor armado ilegal legitimo por excelencia de la nueva tesis del Conflicto Colombiano que pervive en la actualidad, más allá de sus verdaderas motivaciones personales, nos debe llevar a una reflexión gaitanista a todos los colombianos; y es que más allá de las ideologias hay que conectarse con las necesidades de la gente, para que la violencia armada no se siga reproduciendo, mientras el País político continua desconectado del pais nacional.
