Las instituciones financieras deben adoptar las medidas necesarias para frenar los fraudes de que son objeto sus clientes, señaló la concejala de Medellín, Aura Marlenny Arcila. Aseguró la corporada que éste no es un delito cualquiera, “es un delito de `inteligencia` que ha sido cuidadosa y metódicamente planificado, que conlleva a otra serie de delitos conexos como la asociación delictiva; la estafa, la extorsión, la falsedad, el perjurio, la colusión, el cohecho, la concusión, el peculado y el prevaricato”, explicó.
Colombia es el sexto país en Latinoamérica en fraudes financieros. En la actualidad, el 80% de los fraudes bancarios se ocasionan por clonación de tarjetas.
Dice la concejala Arcila que la anticuada tecnología que está utilizando el sector financiero en los cajeros automáticos, por ejemplo, influye en el delito, ya que, en promedio, una transacción demora 45 segundos, tiempo suficiente para que el delincuente actúe.
El delito financiero se comete, en muchas ocasiones, por falta de información oportuna al usuario. Las instituciones financieras dan una información muy general sobre cómo evitar que se presente el fraude, pero no le enseñan al cliente a usar su tarjeta en el cajero y, menos, a realizar eficientemente las transacciones virtuales.
La alta inseguridad en la prestación de los servicios financieros, sumados al alto costo por su utilización, puede producir desintermediación financiera. La concejala insiste en que las entidades financieras son privilegiadas, insensibles y gozan de excesos de libertad en el cobro de servicios y comisiones.
Entre 2004 y 2008 las cifras de transacciones por internet crecieron en más del 200%. En Colombia se transan en promedio mensualmente 18 billones de pesos, cifra que equivale al 25% del valor total de las transacciones en América Latina.
En conclusión, la concejala Arcila Giraldo recomendó la conformación de un grupo de “inteligencia financiera” mediante el cual se pueda diseñar un sistema de control interno y externo preventivo.
Por su parte, la Viocepresidenta Primera del Concejo, María Regina Zuluaga, presentó las siguientes conclusiones:
– La banca nacional no ha adoptado medidas de seguridad especiales que puedan evitar esta clase de delitos.
– Las autoridades judiciales, administrativas, policivas y de investigación no cuentan con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para poder adelantar investigaciones más precisas en este campo.
– Los delitos informáticos constituyen una clase de hurtos con carácter especial, los cuales sólo hasta ahora han sido planteados legalmente y se ha expedido norma para ellos.
– En la ciudad de Medellín se debe incrementar el apoyo institucional a las autoridades judiciales, preferentemente con la compra de equipos especializados para el rastreo de estos delitos informáticos.
– Se deben hacer campañas masivas de comunicación por parte de la banca y la Asobancaria, con el fin de que se conozcan más las modalidades del delito.
– Solicitar a la banca que aplique medidas de seguridad más efectivas, a las que se haga seguimiento permanente, en especial cámaras de seguridad con monitoreo constante.
– No se tiene una clara respuesta por parte de la banca para el tarjetahabiente, hecho que genera confusiones y desinterés para presentar denuncias y hacer seguimiento a los procesos.
– Se deben mejorar los procesos de selección del personal que trabaja en las entidades bancarias.
Por su lado, la directora de Operación Bancaria de Asobancaria, Margarita Henao, anunció que en enero del próximo año se implementará en los cajeros electrónicos un sistema de video que asociará el rostro del usuario con la clave que marque. De igual forma, las tarjetas débito dispondrán de un chip en lugar de la banda con la que operan, avance que garantizará mayor seguridad.
