A ocho días del plazo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- le dio a EPM para poner en funcionamiento las dos primeras turbinas de generación de energía del Proyecto Hidroeléctrico Ituango -Hidroituango-, la Empresa de servicios, que actúa como contratista en desarrollo del contrato BOOMT (Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir [por sus siglas en ingles]), se encuentra entre la espada y la pared.
La “espada” es la que esgrime la intransigencia de la CREG con la “amenaza” de sancionar a EPM con 190 millones de dólares, según la Resolución 194 de 2020 de la Comisión de regulación, si antes del 30 de noviembre de este 2022 no entran en funcionamiento las dos primeras unidades de generación de Hidroituango. Además perdería el cargo por confiabilidad por un valor cercano a los 65 millones de dólares anuales durante 18 años.
Frente a esta amenaza de la CREG que el gerente de EPM ha calificado como “Espada de Damocles”, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, han solicitado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, interceder ante la CREG para que se permita la entrada en operación de Hidroituango en un plazo razonable sin consecuencias económicas para EPM.
“Entrar en operación el 30 de noviembre o en una fecha cercana no va a afectar el sistema energético del País, máxime que en estos momentos todos los embalses están llenos por el fenómeno de La Niña”, escribió el Gobernador, recordando las recomendaciones de un Board de expertos internacionales de hacer pruebas adicionales.
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La Procuraduría General de la Nación dijo que hay pocas probabilidades de que se presenten eventos de riesgo para la vida de las poblaciones que habitan aguas abajo de Hidroituango, pero insistió en la importancia de que se adelanten acciones preventivas y, por eso, solicitó a EPM cumplir con las pruebas y garantías para el funcionamiento efectivo de los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos del Proyecto.
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La “pared” contra la que está EPM la representa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- que le hizo una serie de recomendaciones a EPM, en torno al encendido de las dos primeras turbinas del proyecto Hidroituango.
La UNGRD, a través de la Resolución 1056 de 2022, ordenó a EPM la evacuación de más de 5.000 personas ubicadas aguas abajo del Proyecto, en el Bajo Cauca.
Según la Unidad de Riesgo, los habitantes de Puerto Valdivida y del sector El Doce, de Tarazá, deben abandonar sus hogares como una medida de prevención ante un posible colapso, mientras que otros municipios, no solo de Antioquia sino de tres departamentos más, deben estar en alistamiento.
El director de la UNGRD, Javier Pava, insistió en que a pesar de no haber ningún riesgo, es necesario tener la mayor tranquilidad y seguridad posible.
El alcalde Daniel Quintero dice que es muy claro que nadie que defienda la vida debe decir que no es necesario poner en funcionamiento a Hidroituango en este momento. Y recordó que las pruebas que se han realizado en el Proyecto han salido bien, sin vibraciones, lo cual significa que la generación de energía está garantizada y sería seguro para las comunidades que habitan en las localidades aguas abajo de la Presa.
Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria cree que están dadas las circunstancias para ampliar el plazo impuesto por la CREG para afinar todo con el fin de tener mayor seguridad en la entrada de funcionamiento y en la disminución del riesgo sobre las comunidades. El Gobernador indicó que el Gobierno nacional debe tener en cuenta que EPM es una institución que le ha servido al País por más de 65 años, generando beneficios para el País con billones y billones de pesos en materia de impuestos y contribuciones y con la prestación del servicio a otros departamentos de Colombia.
Esto debe ser tenido en cuenta para que la CREG separe la “espada” del cuello de EPM, aprisionado contra la “pared” de la UNGRD y un Gobierno nacional que, igualmente, parece indiferente frente a la encrucijada.
