Por: Balmore González Mira
“El Túnel del Toyo es mi prioridad, por eso he sido tan respetuoso y prudente cuando me refiero a este tema”. Estas palabras que el Gobernador de Antioquia Luis Pérez ha repetido permanentemente no solo son las respuestas a los medios de información, sino que son la fiel expresión de un gobernante preocupado por lo que pasó con la contratación de esta obra y lo que está pasando con varios medios periodísticos que acomodan su interpretación para hacernos creer que el hijo de Cañasgordas se quiere oponer a este megaproyecto. Y es que las irregularidades en la contratación de esta obra quedaron en evidencia con la auditoría express practicada por la Contraloría General de Antioquia a este contrato que dejó en evidencia los 25 hallazgos de tipo fiscal, disciplinario y de connotación penal que obligaron al ente de control a solicitar la suspensión temporal del contrato del Túnel del Toyo por ilegalidad.
Estuve presente en la rueda de prensa del Contralor Departamental Sergio Zuluaga Peña, en la que además manifestó que de los hallazgos se infieren pérdidas por cerca de 2 mil millones en la contratación y que además solicita intervención inmediata de la fiscalía general de la nación por los presuntos delitos en la contratación de la obra.
En los avances de esta preocupante situación se ha establecido un plazo de 60 días para dar claridades sobre estos temas y lo que se quiere por parte de la actual administración departamental, en lo posible, es no tener que atrasar el cronograma de las obras y dejar constancia que la ley y la transparencia tienen que hacer parte de este proyecto y que luego de dejar claro el tema de la legalidad se puedan despejar unas dudas sobre el resto de la financiación del proyecto en fase III y que la licencia ambiental no vaya a ser un obstáculo que más tarde paralice su ejecución.
Al final también queda esta discusión entre si es una obra pública o una de concesión, porque ambas tienen diferencias de fondo, que al parecer la anterior administración departamental no tuvo en cuenta y favoreció al contratista con un contrato de obra, pero con elementos propios de la concesión. Algunos expertos aducen que la ley 1682 o ley de concesiones aplica para contratistas que ponen su propio riesgo y plata para realizar una obra pública y después la recuperan con peajes; bajo esta ley, se contrata sin saber cuánto va a costar, ni por donde pasará; ni si es posible o no la obra; porque todo riesgo pasa a ser un problema del contratista, incluso, si para cumplir el contrato tuviese que ir a su propia quiebra, como ejemplo lo que pasa en las vías 4G.
De otro lado está la ley 80, que aplica a los contratos de obra, donde el estado es quien tiene que poner la plata para su ejecución; por eso esta norma exige tener precio, diseño, licencias, y en fin, todos los temas contractuales absolutamente claros antes de que el estado firme su adjudicación; pues de otra forma el estado estaría pagando sin saber para qué, ni cómo, ni cuanto, y el estado podría ir a una insolvencia económica de proporciones incalculables que lo lleva indefectiblemente a un detrimento patrimonial multimillonario, como podría ocurrir en el caso de El Túnel del Toyo y que hoy se lamenta como ocurrió con el de Reficar; por eso la voluntad de todos y en especial la del Gobernador de Antioquia es que esta obra se haga y se haga bien para no lamentar a futuro lo que pudo corregirse el día de hoy. Y sin duda alguna Luis Pérez Gutiérrez, unos de los ilustres hijos de occidente, seguirá teniendo como prioridad adelantar las obras del Toyo, sin que haya inconvenientes a futuro.
