El aporte económico del Gobierno de Gustavo Petro a la Fuerza Pública —Policía Nacional y Fuerzas Militares— se ha convertido en uno de los debates más sensibles del actual escenario político, con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en el que la seguridad ha sido una de las banderas de la oposición. Las cifras muestran un panorama dual: incrementos significativos en los presupuestos de funcionamiento y, al mismo tiempo, reducciones notorias en las partidas de inversión. Esa combinación ha abierto un pulso de narrativas entre el Gobierno y los sectores de oposición, que interpretan los cambios bajo lentes ideológicos y conceptuales distintos.
Durante este cuatrienio, el Gobierno ha destacado el fortalecimiento presupuestal de la Policía Nacional. Según cifras oficiales, el presupuesto de esta institución ha aumentado un 27%, alcanzando para 2025 un total de 18,2 billones de pesos. Es una cifra que, según la Presidencia de la República, refleja el compromiso con la profesionalización y la dignificación de los uniformados, además de la modernización de la Institución.
Los incrementos salariales —cercanos al 10% anual—, así como las bonificaciones para auxiliares y los programas de formación y ascenso, son presentados por el Ejecutivo como componentes esenciales del llamado enfoque de “seguridad humana”.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa reporta una asignación cercana a 60 billones de pesos para 2025, representando el 4,1% del PIB. Ese porcentaje ha sido utilizado para mostrar que Colombia mantiene uno de los mayores esfuerzos fiscales de la región en materia de defensa.
Las Fuerzas Militares —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— recibirán cerca de 18 billones de pesos, equivalentes a un crecimiento del 9% frente al año 2024. A esto se suma la decisión de elevar en 2026 el salario de los soldados regulares hasta un salario mínimo, medida celebrada por sectores militares como un acto de reconocimiento histórico.
No obstante los incrementos globales, informes legislativos han señalado reducciones importantes en las partidas de inversión —aquellas que financian equipos, tecnología, infraestructura y operación estratégica—. Entre las cifras más citadas están la reducción del 47,6% en inversión para el Ejército, la disminución de recursos de inversión para la Armada y la Fuerza Aérea y la caída en líneas específicas de inversión en la Policía Nacional.
Para la oposición, esto constituye una “desfinanciación operativa” que, en el terreno, puede traducirse en menos capacidad para enfrentar estructuras criminales que se fortalecen en regiones críticas, lo cual ha sido un caballito de batalla de estos sectores críticos al Gobierno del presidente Petro.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que no hay desfinanciación y que los ajustes responden a un reordenamiento fiscal orientado al gasto social. Argumenta que el funcionamiento de la Fuerza Pública continúa plenamente sostenido y que los recortes corresponden a proyectos específicos que no comprometen la operatividad básica.
Este panorama dual entre “incrementos significativos en los presupuestos de funcionamiento”, según el Gobierno, y “reducciones notorias en las partidas de inversión”, según la oposición, ha llevado a que algunos expertos en seguridad consideren que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca una transición hacia un modelo no centrado exclusivamente en la confrontación armada. Para ellos, el énfasis en salarios y bienestar tiene coherencia con un enfoque en derechos humanos y proximidad con el ciudadano. Sostienen que no necesariamente más inversión en armas implica mayor seguridad, sino mejorar la legitimidad de la Fuerza Pública.
Otros expertos advierten que, aunque la inversión social sea prioritaria, la reducción de recursos de inversión militar puede traducirse en menor movilidad aérea y terrestre, reducción en mantenimiento de equipos, mayor desgaste y envejecimiento de la flota y menor capacidad de reacción en zonas remotas.
Para estos analistas, desmontar capacidades sin tener control territorial consolidado o avances tangibles en la “Paz Total” es un riesgo estratégico.
Pero hay un sector de expertos que considera que la discusión se ha politizado y que se necesitan evaluaciones técnicas más detalladas. Cuestionan que ni el Gobierno ni la oposición han mostrado con claridad el impacto real de los recortes o aumentos.
El Congreso se ha convertido en el epicentro de la controversia, donde las bancadas de oposición, conformadas por senadores y representantes del Centro Democrático, Cambio Radical y sectores del Partido Conservador, sostienen que las Fuerzas Militares están “sin recursos” y que el Gobierno “ha abandonado la seguridad”. Varios parlamentarios han advertido que los recortes de inversión son incompatibles con el aumento de presencia de grupos ilegales.
Del otro lado, las bancadas cercanas al Gobierno, conformadas por congresistas del Pacto Histórico y sectores liberales señalan que nunca antes la Policía había tenido un aumento tan robusto en su presupuesto y que las Fuerzas Militares mantienen un nivel de gasto que sigue siendo de los más altos del continente. Aseguran que la oposición utiliza el tema para alimentar argumentos electorales sobre inseguridad.
Entre sectores independientes, algunos congresistas han pedido claridad al Ministerio de Defensa sobre los criterios de priorización en la reducción de inversión. Consideran que el País necesita un enfoque equilibrado: fortalecer capacidades militares sin abandonar el componente social ni la agenda de paz.
A propósito de la supuesta utilización del tema para alimentar argumentos electorales sobre inseguridad por parte de la oposición y pensando en la importancia de que los colombianos decidan si es o no cierto que es el Gobierno de Gustavo Petro el que ha puesto en agonía la seguridad, debilitando a la Fuerza Pública, vale la pena hacer un comparativo con los gobiernos precedentes de Juan Manuel Santos e Iván Duque:
Juan Manuel Santos (2010–2018)
• Aumentó de manera considerable el gasto en defensa durante la primera etapa del proceso de paz.
• Prioridad en tecnología, inteligencia y movilidad aérea.
• El sector defensa se mantuvo alrededor del 3,5% y 4% del PIB.
Iván Duque (2018–2022)
• Mantuvo el gasto en niveles altos, cercano al 3,8% del PIB.
• Enfatizó en operaciones contra disidencias y el ELN.
• Se aprobaron adquisiciones de equipos tácticos y reposición de aeronaves.
Gustavo Petro (2022–2026)
• Mantiene el gasto global del sector defensa en 4,1% del PIB, la cifra más alta del período comparado.
• Aumentó significativamente los recursos para la Policía y el gasto en funcionamiento.
• Introdujo la dignificación salarial para soldados regulares desde 2026.
• Redujo partidas de inversión militar, generando el mayor debate.
En conclusión, el aporte económico del Gobierno del presidente Gustavo Petro a la Fuerza Pública no admite una lectura simple. Las cifras muestran aumentos importantes en presupuestos globales, salarios y bienestar, al tiempo que revelan recortes profundos en inversión militar. Este contraste alimenta un debate que, más que contable, es político y doctrinal.
Así que mientras el Gobierno afirma que está fortaleciendo la seguridad desde una perspectiva humana, la oposición advierte sobre los riesgos operativos en un País con presencia activa de múltiples estructuras armadas.
En medio de estas narrativas, queda en evidencia que la discusión sobre el financiamiento de la Fuerza Pública es, en realidad, un reflejo de la discusión sobre el modelo de seguridad que Colombia quiere para los próximos años, lo cual debe tener en claro la opinión y, en especial, el electorado que habrá de elegir en mayo de 2026 el modelo que considera necesario para el País.
