Jorge Mejía Martínez
Al gobierno de Colombia le gusta ir en contravía: único país de América del sur que apoyó la torpe invasión de Irak, único país de la región que combate los cultivos ilícitos fumigando glifosato y único que lleva más de cinco intentos buscando criminalizar el consumo individual de estupefacientes. Sobre esto último veamos lo que se discute actualmente en Argentina.
Según el diario Página /12 de Buenos Aires se avecina el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararía inconstitucional el artículo de la Ley que pena la tenencia de drogas para consumo personal. Este fallo, que “no va a demorar mucho”, como advirtió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, obligará a discutir en el Congreso la norma que criminaliza desde hace 20 años a los adictos.
Con este panorama, el Ministerio de justicia cree que ha llegado el momento de revisar la legislación vigente sobre drogas y elaborar anteproyectos para reformar la ley. Las sugerencias están contenidas en tres anteproyectos. El primero es la reforma del aspecto penal que motivó la intervención de la Corte Suprema. El segundo se centra en la prevención y tratamiento de las adicciones. El último versa sobre los aspectos económicos del narcotráfico, principalmente el lavado de dinero, y sobre el buen uso de los bienes decomisados a las organizaciones criminales.
Los expertos del Ministerio, según la información del diario, ya acordaron que la reforma penal no incluirá condenas de prisión ni tratamientos médicos forzosos para quien posea una pequeña cantidad de droga para uso personal y no afecte a terceros ni haga apología. Tampoco se establecerán cantidades mínimas de sustancia. La cantidad se valoraría en cada caso concreto y entre las partes del proceso: “La idea es que el juez, con los elementos del caso, pueda determinar si se trata de comercio. Si alguien dice: es tenencia para consumo pero tiene el garaje lleno de cocaína, bueno… el juez tendrá que hacer algo o afrontar un jury de enjuiciamiento”.
El tenor de su urgencia lo constituye “el hecho de tener las cárceles llenas de consumidores o mulitas indocumentadas”. También el colapso de la Justicia Federal, saturada de casos de “perejiles” como gusta llamar a los usuarios de drogas Aníbal Fernández, Ministro de Justicia, quien alertó desde hace dos años a la opinión respecto a que la actual Ley era “un fracaso”.
La sugerencia del anteproyecto es armar un plan nacional que diferencie entre uso, abuso y adicción, adoptando la óptica de reducción de daños, una estrategia usada en Uruguay, Brasil y en gran parte de Europa que toma en cuenta la subjetividad del adicto y su contexto, ofreciéndole un tratamiento no coercitivo y voluntario. Según Mónica Cuñarro, del comité Asesor, “el tema de la no criminalización del usuario es casi como hablar del divorcio en los 70, a diferencia de países más religiosos como España, Brasil o Chile, en los que no está criminalizado…Algunas consideraciones de la iglesia o de la gente conservadora sobre el tema son de tipo moral –insistió–, pero la moral es una cosa y el derecho penal es otra.
”Mientras el gobierno de Álvaro Uribe quiere estigmatizar o criminalizar a los usuarios de la dosis personal, ocasionales o empedernidos, se conoció a través de El Espectador dominical que el viceministro de Agricultura hace gestiones ante la Comisión Nacional de Televisión para levantar la prohibición a la promoción en TV del consumo de tabaco. Más importante que la campaña preventiva “consumir tabaco es perjudicial para la salud” es hacerle el mandado a la industria tabacalera. Por ello no es creíble que el propósito oficial de acabar con la descriminalización del consumo de cualquier tipo de droga, sea pensando solo en los adictos.
PD: me uno a los que consideran que la arremetida alevosa de los tres gringos contra Ingrid Betancourt es una bellaquería.
