Por: Alfaro García
“La corrupción es inherente al ser humano”, dijo uno de los miembros del denominado “Clan de los Nule”, con motivo del escándalo de corrupción en la contratación de Bogotá. Sin embargo, la corrupción siempre y exclusivamente la asociamos con el sector público, en el que supuestamente se tiene la potestad de abusar legal e ilegal del poder que dan las instituciones del Estado, para un beneficio económico propio o a favor de otros (subsidios, créditos, donaciones, contratos, puestos, ayudas para trámites, licencias, entre otros).
Como ha escrito Alejandro Gaviria Uribe, decano de Economía de la Facultad de los Andes, “el poder del Estado ha sido vendido, alquilado o subastado por alguno de sus agentes.”
Cada semana, un medio de comunicación social presenta numerosos casos de corrupción pública en las instituciones del Estado. El más reciente escándalo de corrupción está incubado en el sistema de salud, el cual, según el mismo Gaviria Uribe, “tiene una causa fundamental que ha sido olvidada en medio de la indignación general: los incentivos perversos o pervertidores. El llamado sistema de recobros es una invitación al fraude; es la ocasión que hace al ladrón, que engendra al corrupto. La corrupción no es sólo un asunto de moral. Es también la manifestación de una falla institucional, de un problema de incentivos.”
Pero la pregunta ante una evidencia insoslayable de que Colombia es uno de los países en que más se realiza esta práctica es ¿por qué tanta corrupción?
El problema radica en nuestro sistema social. No hay parámetros éticos y morales de comportamiento social. Es una sociedad regulada y direccionada por el dinero, y es en las instituciones del Estado donde muchos servidores públicos y particulares encuentran la posibilidad de aprovecharse económicamente de las finanzas públicas, para obtener rentas para beneficiar a particulares y a familiares.
Pero el problema tiene origen en la vida personal cuando cualquier ciudadano engaña en una declaración a un fiscal y un juez; el estudiante que copia el examen parcial en la universidad o presenta sus trabajos académicos descargados de la web violando los derechos de autor; el empleado de una empresa que saca resmas de papel para el uso personal en casa; el empresario que asegura que el TLC genera beneficios a todos, pero en el fondo beneficia sus inversiones; los que al ser detectados en su vehículo por incumplir una norma de tránsito por un guardia, lo primero que hace es sacar un billete para no ser sancionado; y muchos casos más que pasan en la vida cotidiana de los colombianos.
Por su parte, la corrupción en el sector privado es otro germen, cuando las empresas sobornan a servidores públicos para obtener determinadas licencias de construcción; cuando presentan resultados financieros y económicos falsos sólo por tener credibilidad empresarial; los que califican el riesgo bajo de una empresa pero que la realidad demuestra que está en la banca rota; el producto que es publicitado con un determinado fin pero que tiene efectos contrarios; y muchas más cosas, como acceder a la contratación estatal para ejecutar mal los proyectos y quedarse con exorbitantes ganancias de las finanzas del Estado.
De lo anterior se desprende que la corrupción no es un problema sólo de los que hacen parte de las instituciones del Estado. Es un problema que parece ser universal en la vida personal y empresarial del país.
Por eso se hace necesario educar en familia con valores éticos y morales, como la transparencia y la honestidad en las actuaciones y decisiones de cada uno en la vida diaria; en el sector privado, con el compromiso de servir a la sociedad y al Estado con transparencia y ética empresarial; y entre los responsables de las Instituciones del Estado, generando un cambio administrativo y cultural con el fin de establecer parámetros éticos y morales que prevengan todo tipo de corrupción en la sociedad, porque al fin y al cabo, los que perdemos somos todos y los que ganan son unos pocos que se enriquecen.
Cómo sería de bueno empezar el día sin escuchar en las noticias que cada vez hay menos soborno, cohecho, amenazas, concusión, peculado, carruseles de contratación, fondos públicos destinados a particulares, financiación de campañas para obtener el poder para lograr beneficios (contratos, licencias, puestos, entre otros).
La mejor manera de empezar es cambiar el comportamiento de las instituciones del Estado para que garantice transparencia y honestidad en todos sus procesos administrativos. Porque si las instituciones no cambian, ¿qué comportamiento podemos esperar de un ciudadano que cada día ve cómo aumenta la corrupción en el Estado?
