A propósito, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación debido a que en el primer trimestre de 2017 atendió 66 personas a quienes les vulneraron sus derechos mínimos. En 2015 atendió sólo 92 casos. Y el año pasado atendió 298 casos de personas, quienes por su orientación sexual o su identidad de género fueron víctimas de múltiples violencias.
La preocupación de la Defensoría del Pueblo es reflejo de las situaciones de riesgo a las que está expuesta la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales). Pero, al mismo tiempo, el aumento de hechos conocidos le satisface porque significa mayor alcance de la confianza generada por la Entidad en la atención especializada a esta población por medio de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.
Del total de personas que solicitó el acompañamiento en 2016, el 38% lo requirió por razón de situaciones de discriminación; el 30% por las barreras de acceso para la atención en salud y al trabajo, educación y documentación; el 19% por hechos vinculados al contexto del conflicto armado; el 10% por diferentes agresiones (desde lesiones personales hasta tentativa de homicidio); y el 3% por acciones asociadas a la violación del derecho a la intimidad.
De las atenciones adelantadas en lo que va corrido de 2017, el 22% corresponde a personas lesbianas, gay y personas que se autodefinen como bisexuales; el 12% corresponde a personas transgénero, principalmente mujeres.
La Defensoría resalta el aumento de personas que se definen como intersexuales, que al presente año llega a 15 casos.
La Defensoría del Pueblo ha expresado la urgencia de fortalecer la Ley Antidiscriminación. Y pide sanciones disciplinarias efectivas y ejemplares en el caso de discriminación por parte de personas que ejerzan funciones públicas.
