La Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la legalidad de la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como Fiscal General de la Nación para el período 2024 – 2028, desestimando las demandas que buscaban anular su designación.
El Alto Tribunal concluyó que la elección realizada el 12 de marzo de 2024 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con 18 votos a favor, cumplió con los requisitos constitucionales y legales, y que los argumentos presentados por los demandantes carecían de sustento.
Entre los cargos de nulidad que se habían planteado contra la elección de Camargo Garzón se encontraban:
• La supuesta irregularidad en la composición de la terna, al estar conformada únicamente por mujeres.
• La validez de la renuncia de una de las ternadas, Amelia Pérez Parra, ocurrida horas antes de la votación.
• Señalamientos de presiones y movilizaciones sociales alrededor del Palacio de Justicia durante el proceso de elección.
• Un presunto conflicto de intereses del Presidente de la República, por investigaciones en curso contra familiares suyos en la Fiscalía.
El Consejo de Estado, sin embargo, determinó que la Ley 581 de 2000 ó “Ley de cuotas” exige la inclusión de al menos una mujer en las ternas, pero no limita al Presidente: éste puede postular a más de una, incluso a tres, lo cual constituye una acción afirmativa legítima, un avance en la representación de las mujeres en los más altos cargos del Estado, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los compromisos internacionales de Colombia.
Por el lado de la renuncia presentada por Pérez Parra, el Consejo determinó que fue ineficaz, al no haberse dirigido al Presidente de la República, quien es el nominador y, por tanto, la terna se mantuvo incólume.
Respecto de las movilizaciones sociales, no se probó que hubieran alterado la autonomía de la Corte Suprema de Justicia ni incidido en la votación.
Tampoco hubo pruebas jurídicas que configuraran un conflicto de intereses en cabeza del Presidente.
Luz Adriana Camargo fue elegida por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2024, tras varios intentos fallidos de votación. Asumió el cargo en medio de un proceso que generó intensos debates jurídicos y políticos.
Con la decisión del Consejo de Estado, su permanencia en el cargo queda plenamente ratificada hasta 2028.
