El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, lamentó el asesinato de Yolay Róbinson Chica Jaramillo, concejal de Liborina, municipio del Occidente antioqueño.
El Congresista llamó la atención nuevamente sobre la urgencia de implementar mecanismos urgentes de protección para dirigentes políticos, sociales y comunitarios de Medellín y Antioquia, quienes en razón de su actividad en favor de sus comunidades, son objeto de amenazas contra su vida, su integridad física y su libertad.
El representante Echeverry Alvarán volvió a pedirle al Gobierno Nacional que despliegue los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la protección a los concejales del País. Echeverry manifestó que es evidente la alta vulnerabilidad de los corporados, pues su importante y decidido papel en la toma de decisiones administrativas, amenazan intereses de actores que ven en la violencia la única manera de responder al debate democrático.
“Los concejos municipales son células fundamentales para el fortalecimiento de la democracia del País”, recordó el Congresista del Partido Conservador.
Nicolás Albeiro Echeverry –quien también fue edil, concejal y diputado- lamentó, además, que la mayoría de los crímenes contra líderes políticos, sociales, comunitarios y sindicales se mantengan en la impunidad.
En el caso de Yolay Róbinson Chica Jaramillo -quien había desaparecido desde el sábado, 11 de junio, y posteriormente fue hallado muerto en la quebrada Rodas del Corregimiento La Honda de Liborina-, espera que se haga justicia y se esclarezcan los móviles y los autores del homicidio.
«Les pedimos a las autoridades que lleven hasta las últimas consecuencias las investigaciones para conocer los autores intelectuales y materiales de este crimen que enluta a la familia del Concejal, a Liborina y a la actividad política de Antioquia”, señaló el Congresista.
Insistió en que la libertad de opinión y de acción de los concejales es necesaria para su buena gestión, con liderazgo y transparencia, en aras de facilitar el crecimiento económico y el desarrollo social de sus municipios, evitando que el fenómeno de la corrupción de particulares y funcionarios públicos se interponga a los intereses generales.
