Por: Jaime A. Fajardo Landaeta

Para ser justos, debemos reconocer que en Colombia ha habido notables avances en cuanto al respeto y acatamiento a los Derechos Humanos, al igual que al Derecho Internacional Humanitario. También a nivel internacional se está dando tal aceptación: los ojos están puestos en el país y constantemente la comunidad de naciones hace un exigente monitoreo del tema, aunque aún se presentan falencias que ameritan urgentes correctivos.

Claro está que temas tan susceptibles para la opinión como los llamados falsos positivos y las chuzadas del Das, de alguna manera enturbian dichos logros, así que lo mejor que puede hacer el Gobierno es facilitar que los organismos internacionales y la administración de Justicia dispongan de las facilidades requeridas para aclararlos.

Si en ese contexto reconocemos los logros alcanzados por el país y por ende por el Gobierno Nacional, consideramos que resulta inoportuno abrir  temerarias discusiones en relación con las decisiones que en materia de justicia y de violación de los Derechos Humanos tomen los jueces de la república. Máxime si se trata de cuestionarlas, como de manera por demás lamentable lo han hecho el señor Presidente y algunos de sus ministros. Lo ideal sería esperar el concepto de las instancias legales, antes de precipitarse a hacer muy cuestionables declaraciones. Esa actitud presidencial puede ser muy “popular”,  pero pésima para la democracia colombiana.

Somos conocedores del significativo papel que ha jugado la Vicepresidencia de la República, así como su Dirección de Derechos Humanos en el tema que ventilamos. La idoneidad de su gestión ha permitido que operen sin ninguna restricción los diversos organismos internacionales que garantizan la vigencia de tales derechos.

Ahora bien, el malestar que pueden causar en las Fuerzas Armadas los fallos de los jueces en contra de algunos de sus miembros debe llevarlas a hacer claridad en que antes que un peligro para la moral de las tropas, dichos fallos se deben convertir en una oportunidad para aclarar situaciones. Ello fortalecería el sentido de transparencia que guía los operativos contra la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. A la vez demostraría que no existe una contradicción entre el combate a fondo a estas expresiones delincuenciales y la defensa de los derechos humanos que cumplen con nobleza nuestras tropas.

Recordemos que la política de defensa de los derechos humanos, aún en los operativos contra la guerrilla y contra la delincuencia en general, es relativamente nueva en el contexto del conflicto colombiano. Es más, muchas de las medidas adoptadas por algunos gobiernos anteriores, que buscaban detener el terrorismo, fueron muy cuestionadas por la comunidad internacional y dieron carta blanca para que algunas dependencias militares violaran los procedimientos y reglamentos vigentes.

Una muestra de ello fue la perversa política de “Seguridad Nacional” implementada durante la administración Turbay Ayala, que fomentó la desaparición forzada, la tortura y el homicidio fuera del combate y contribuyó a la violación más flagrante de los derechos humanos.

El presidente Uribe sienta un buen precedente si facilita la gestión que compete a la Justicia contra quienes hayan protagonizado conductas ilegales, máxime si se trata de delitos de lesa humanidad. A su vez la institución militar no puede interpretar el accionar judicial como apoyo al terrorismo, como menoscabo a su moral o como factor de desengaño frente a los éxitos obtenidos en contra de la delincuencia y el terrorismo. Muy por el contrario, dicha gestión se debe asumir como lo que es: un esfuerzo para depurarla de aquellas “manzanas podridas” que la deshonran.

En la medida en que la Fuerza Pública siga obteniendo éxitos tan resonantes como el último operativo de rescate de algunos secuestrados que llevaban más de once años en manos de las Farc -que el país agradece y aplaude- en igual medida debe ser exigente y cuidadosa en las tareas de defensa de los derechos humanos y en el esfuerzo por extinguir cualquier práctica que pueda.