La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines (ASONAL Judicial S.I.), afiliada a la CUT, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado y precandidato presidencial, Abelardo De la Espriella Otero, por los presuntos delitos de amenazas, concierto para delinquir e instigación al genocidio.
El escrito, firmado por Diego Escobar Cuéllar, presidente y representante Legal de ASONAL, sostiene que durante una entrevista concedida el pasado 29 de julio a La FM, De la Espriella habría lanzado expresiones que el Sindicato interpreta como “inequívocas y contundentes amenazas” contra dirigentes y militantes de izquierda, al afirmar que esa corriente política es un “cáncer que hay que erradicar”.
Argumentos de la denuncia
ASONAL Judicial advierte que las declaraciones de De la Espriella, amplificadas posteriormente en redes sociales, “tienen la potencialidad de causar daño inminente” a sindicalistas, activistas y funcionarios judiciales, históricamente expuestos a la violencia política. La Organización señala que este tipo de discursos deslegitima la oposición y puede estimular actos de hostigamiento contra sectores progresistas.
La denuncia cita como fundamentos jurídicos los artículos 347, 348 y 340 del Código Penal Colombiano, los cuales tipifican los delitos de amenazas, concierto para delinquir e instigación al genocidio.
Riesgos para el sindicalismo y la democracia
En el documento, ASONAL recuerda que sus afiliados han sido víctimas de hostigamientos y violencia por sus posiciones políticas y sindicales. En ese contexto, considera que expresiones que llaman a “erradicar” sectores de la población ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad de asociación y la integridad física de los trabajadores judiciales.
“Se trata de un discurso que desborda la libertad de expresión, pues incita al odio y a la eliminación del contradictor político”, señala el texto radicado en la Fiscalía, que deberá valorar si las expresiones de De la Espriella traspasan el umbral de la opinión política y configuran un delito.
El proceso podría convertirse en un precedente clave para definir los límites entre la libertad de expresión en campaña y la incitación a la violencia en un escenario de fuerte polarización política.
Hasta el momento, De la Espriella no se ha pronunciado sobre la denuncia en su contra.
