El concejal de Medellín por el partido Centro Democrático, Andrés “El Gury” Rodríguez, radicará el 7 de noviembre el Proyecto de Acuerdo 103 de 2026, que propone establecer lineamientos de política pública, mecanismos de financiación y herramientas tributarias para avanzar en la legalización de asentamientos humanos irregulares y la formalización de la propiedad inmobiliaria.
La iniciativa busca desarrollar en el Distrito las disposiciones de las leyes 2044 de 2020 y 1561 de 2012, en articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adoptado mediante el Acuerdo 48 de 2014, y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El propósito central es facilitar que familias que ocupan determinados predios puedan acceder a la titularidad jurídica de los inmuebles, al tiempo que se adelantan procesos de regularización urbanística, saneamiento de la propiedad y recuperación o formalización de bienes de uso público.
“Nos informó el Departamento Administrativo de Planeación que más de 200.000 unidades habitacionales en Medellín están sin legalizar, muchas de ellas, lamentablemente, en zonas de riesgo. Pero tenemos un instrumento hoy presentado en el Concejo de Medellín hace más de un año y lo presentamos basado en la ley 2044 de 2020, pero hemos decidido retirarlo. Lo volvimos a presentar reforzado con la ley 1561 de 2012, en donde podremos superar la brecha habitacional que tenemos en Medellín, donde actualmente tenemos un déficit de más de 80.000 unidades habitacionales”, manifestó el concejal Rodríguez.
Agregó que quienes quieran legalizar su propiedad lo van a poder hacer, estén asentados en un predio privado o en un predio público, porque el Proyecto de Acuerdo 103 de 2026 busca legalizar y titular asentamientos humanos irregulares de manera ordenada, justa y sostenible.
“Queremos que esas 200.000 familias que tienen su propiedad ilegal puedan legalizarse en la menor cantidad de tiempo posible, que vivan con dignidad, que puedan tener su título de propiedad, que puedan acceder a servicios públicos, que puedan acceder a la inversión pública, al mejoramiento integral de viviendas. Por ende, a una mejor calidad de vida”, manifestó el Concejal de Centro Democrático.
La iniciativa también plantea que el Departamento Administrativo de Planeación continúe y priorice los procesos de legalización y regularización urbanística de los asentamientos identificados, en coordinación con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), la Secretaría de Infraestructura Física y EPM.
El Proyecto contempla, además, una estrategia de información, educación y comunicación dirigida a las comunidades beneficiarias, con orientación sobre los procedimientos de titulación, los bienes de uso público y las zonas de riesgo.
La propuesta incorpora medidas de seguimiento posteriores a la formalización, bajo el entendido de que la obtención de un título de propiedad debe acompañarse de mejoras progresivas en las condiciones de habitabilidad.
Entre los instrumentos económicos propuestos figura el Subsidio Distrital de Formalización Predial, destinado a cubrir gastos técnicos, jurídicos, notariales y de registro que deban asumir los hogares para obtener sus títulos de propiedad.
La Secretaría de Hacienda debería incluir anualmente en el proyecto de presupuesto los recursos necesarios para la coordinación institucional y los estudios técnicos, así como estimar el efecto que tendría la formalización sobre el recaudo del impuesto predial.
La iniciativa no se limita a resolver situaciones de informalidad ya existentes. También propone medidas de monitoreo territorial, alertas tempranas y articulación con la política habitacional para prevenir la aparición de nuevos asentamientos ilegales.
La Contraloría General del Distrito de Medellín ejercería el control fiscal sobre los recursos destinados a los programas, mientras que la Secretaría de Control Interno adelantaría las auditorías correspondientes.
La iniciativa de Andrés “El Gury” Rodríguez propone, en suma, una ruta de actuación distrital para abordar la informalidad predial. Su alcance definitivo dependerá del contenido que resulte aprobado y de la forma en que las autoridades competentes desarrollen y ejecuten sus disposiciones.
