La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra el expresidente y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en ese departamento durante la década de los noventa.
Según informó la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el Exmandatario será vinculado formalmente mediante diligencia de indagatoria por hechos relacionados con la creación y operación de una estructura paramilitar en el municipio de San Roque, así como por las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando ejercía como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.
De acuerdo con el ente acusador, los delitos objeto de investigación corresponden a concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que el entonces Gobernador habría facilitado o promovido el accionar de una organización armada ilegal que, presuntamente, habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez para la época.
La decisión marca uno de los episodios judiciales más delicados en la trayectoria política del Exjefe de Estado, quien ya enfrenta otros procesos judiciales y fue condenado en primera instancia en el proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal, fallo que actualmente continúa su trámite en instancias superiores.
Los hechos bajo investigación
La investigación se centra en dos de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano en Antioquia: las incursiones paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, ocurridas entre 1996 y 1997. Estos hechos han sido objeto de múltiples investigaciones nacionales e internacionales debido a la gravedad de las violaciones de derechos humanos denunciadas.
Organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales han sostenido durante años que las incursiones dejaron un saldo de homicidios, desplazamientos forzados, destrucción de viviendas y despojo de bienes de la población civil.
La Fiscalía señaló que busca establecer si existió algún grado de responsabilidad del entonces Gobernador en la actuación de los grupos armados ilegales que operaron en la zona durante ese período.
Asimismo, la investigación incorpora el análisis de la posible participación o responsabilidad de Uribe Vélez en el homicidio del reconocido defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en Medellín en 1998 tras denunciar públicamente la expansión del paramilitarismo y cuestionar la respuesta de las autoridades frente a las masacres ocurridas en Ituango.
Las denuncias relacionadas con los hechos de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle han estado presentes en el debate público colombiano durante más de dos décadas.
Diversos exjefes paramilitares, entre ellos algunos comparecientes ante la justicia transicional, JEP, han realizado declaraciones que han sido utilizadas por distintos sectores para solicitar investigaciones contra el Expresidente. Sin embargo, hasta ahora no se había formalizado una investigación de esta magnitud por parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Uribe Vélez ha rechazado históricamente cualquier relación con grupos paramilitares y ha sostenido que las acusaciones en su contra obedecen a persecuciones políticas y a testimonios falsos promovidos por sus opositores.
La decisión de la Fiscalía se produce en un momento de alta polarización política y a pocos días de la segunda vuelta presidencial de 2026, en la que el país se encuentra profundamente dividido entre proyectos políticos antagónicos.
Mientras sectores cercanos al Expresidente consideran que la investigación constituye una nueva ofensiva judicial contra el principal líder de la derecha colombiana de las últimas décadas, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han interpretado la decisión como un avance en la búsqueda de verdad y justicia frente a graves hechos del conflicto armado.
Jurídicamente, la apertura de la investigación no implica una declaración de responsabilidad penal. El proceso apenas inicia su fase formal y será durante las diligencias de indagatoria y las etapas posteriores cuando la Fiscalía deberá presentar los elementos probatorios que sustenten sus hipótesis, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlas.
Por ahora, el anuncio abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre justicia, memoria histórica y poder político en Colombia, en torno a una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia reciente del País.
