Desde que yo tengo memoria periodística -y me refiero a lo que yo he visto, cubierto y reportado, inicialmente como periodista de orden público-, Medellín y el Valle de Aburrá han sido cuna de la violencia urbana, cultivada y cosechada en sus propias entrañas, más aterradora entre pocas ciudades del mundo. Desde que yo tengo memoria, los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá han anhelado que la violencia urbana desaparezca de sus calles y de sus vidas. Desde que yo tengo memoria periodística -como editor político- he visto, cubierto y reportado cientos de campañas plurinominales y uninominales que han prometido la seguridad y la paz, como respuesta al principal anhelo de sus electores.
Por lo tanto, avanzar en un proceso de paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá ha sido una necesidad de siempre. Sin embargo, ahora la paz urbana ha vuelto al centro del debate público, pero no tanto por sus alcances en materia de seguridad y tranquilidad ciudadanas, sino por las tensiones políticas que rodean el tema.
¿Cómo es posible que algo tan vital y necesario -además de fundamental y obligatorio, según nuestra Constitución Política (artículo 22)- quede por debajo de intereses políticos y electorales? ¿Y cómo es posible que millones de habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá presencien los “dimes y diretes” en torno a la paz urbana, que les compete y les urge, como si se tratara de una pelea callejera, en la que no se meten porque no les importa?
Yo creo que la respuesta está en la “forma en que se comunica” y en la “escasés de tacto” de los delegados del Gobierno nacional y los voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, reunidos en el Espacio de Conversación Socio Jurídico para la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá.
En medio de un contexto marcado por décadas de violencia en los barrios y comunas de Medellín y el Valle de Aburrá, en apenas unos días, tres episodios han intensificado la discusión, que nada tiene qué ver con decisiones de fondo:
Por un lado, la controversia generada por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura de 23 voceros principales y auxiliares vinculados al proceso de paz urbana en la cárcel de Itagüí, medida que ha sido defendida por el Gobierno nacional como necesaria para facilitar los diálogos.
Por otro lado, la realización de un acto público en La Alpujarra —conocido mediáticamente como el “tarimazo”— en el que varios de estos voceros, privados de la libertad, participaron para presentar avances del proceso de Paz Urbana, en el marco del proceso de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
En ninguno de estos dos casos hubo la suficiente, oportuna, precisa, clara y directa comunicación para enterar a la opinión pública y a la misma oposición del qué y para qué, quiénes y con quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué… y todo el respaldo jurídico que no dejara lugar a la especulación y al aprovechamiento político, muy propio de siempre, pero con mayor intensidad en los últimos tiempos y, muy especialmente, en Medellín y Antioquia.
Y a estos hechos se sumó el escándalo por una “parranda vallenata” registrada el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, que derivó en investigaciones disciplinarias contra funcionarios del centro penitenciario y en el relevo del Director encargado. Aunque las autoridades han señalado que se trata de situaciones aisladas, lo cierto es que su impacto ha trascendido el ámbito administrativo para instalarse en el terreno político y mediático.
En los tres hechos: en el de la “parranda vallenata”, en el del “tarimazo” y en el de la resolución de la Fiscalía que terminó derogándola y dejando el beneficio para siete de 23 voceros, además de “falta de comunicación”, hubo “falta de tacto”.
Este tipo de episodios, más allá de su legalidad o irregularidad, tienen un efecto directo sobre la percepción ciudadana. En una sociedad que ha vivido más de 35 años de violencia urbana —con estructuras criminales arraigadas en múltiples barrios y comunas—, la legitimidad de cualquier proceso de paz depende en buena medida de la confianza pública.
En ese escenario, la “comunicación” adquiere un papel central. Expertos en resolución de conflictos señalan que procesos de esta naturaleza requieren una estrategia comunicativa sólida, basada en la claridad, la oportunidad y la precisión, que permita explicar los objetivos, alcances y límites de las decisiones adoptadas. La ausencia de estos elementos -advierten- abre espacio para interpretaciones erróneas, desinformación y lecturas interesadas.
La controversia también ha sido alimentada por la reacción de distintos actores políticos. Desde la Alcaldía Distrital de Medellín y la Gobernación de Antioquia se han expresado reparos frente a algunas decisiones del Gobierno nacional, cuestionando tanto su conveniencia como sus efectos en la seguridad local. A su vez, sectores de oposición han aprovechado los episodios recientes para reforzar críticas estructurales al enfoque de la “Paz Total”, señalando riesgos de impunidad y debilitamiento institucional.
En contraste, defensores del proceso insisten en que la negociación con estructuras criminales urbanas es una apuesta compleja, pero necesaria, dada la persistencia de economías ilegales, control territorial y dinámicas de violencia que no han podido ser resueltas exclusivamente por la vía coercitiva.
No obstante, incluso entre quienes respaldan la iniciativa, empieza a consolidarse la idea de que el “tacto” en la implementación resulta tan importante como la voluntad política. Acciones percibidas como improvisadas o simbólicamente inadecuadas pueden terminar erosionando el respaldo ciudadano y facilitando narrativas adversas en busca de réditos electorales.
El desafío, entonces, no se limita a avanzar en acuerdos o desescalar violencias. También implica construir una narrativa pública coherente, capaz de sostener el proceso frente a la crítica, la polarización y los inevitables costos políticos que conlleva.
En un contexto preelectoral, donde cada decisión tiende a ser leída en clave política, la gestión de la comunicación y de los gestos institucionales adquiere una dimensión estratégica. Para diversos analistas, lograr el equilibrio entre eficacia, transparencia y sensibilidad pública será clave para evitar que la discusión sobre la Paz Urbana se desplace del terreno de las soluciones al de la confrontación política.
Mientras tanto, en los barrios de Medellín y el Valle de Aburrá, donde la violencia sigue siendo una realidad cotidiana -como la hemos vivido, visto, cubierto y reportado desde hace más de 35 años- persiste la expectativa de que los esfuerzos institucionales logren traducirse en transformaciones concretas.
La urgencia de la Paz Urbana es evidente. Su materialización y su sostenibilidad, sin embargo, dependerán tanto de los resultados como del apoyo de una opinión pública bien informada, que desestimule la estrategia política y electoral de la manipulacion partidista y mediática. Vale la pena repetirlo: ¡con mucha y muy buena comunicación y mucho tacto!
