La reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar las tasas de interés al 11.25%, ha puesto a pensar a vastos sectores que Colombia parece transitar por el estrecho corredor en el que las decisiones económicas dejan de percibirse como instrumentos técnicos, al servicio del bienestar general, y pasan a leerse, inevitablemente, en clave política.
El incremento del salario mínimo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que alcanzó una cifra histórica del 23.7%, fue una decisión leída también en clave política.
Indudablemente, dos decisiones legítimas en su naturaleza que, sin embargo, dejan una sensación de que el País ha quedado atrapado entre la “espada” y la “pared”.
El aumento del salario mínimo tiene una lógica social y política evidente: recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores en un contexto de inflación acumulada y desigualdad persistente. Es, además, una bandera coherente con el discurso de justicia social del actual gobierno. Pero no es una medida inocua. Sus efectos sobre el mercado laboral, especialmente en un país con alta informalidad, generan preocupaciones razonables en sectores empresariales y en la oposición, que advierten sobre posibles presiones inflacionarias adicionales y riesgos para el empleo formal.
En la otra orilla, la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República responde a un mandato constitucional claro: preservar el poder adquisitivo de la moneda. El incremento de las tasas de interés busca enfriar la economía, contener la inflación y enviar señales de disciplina macroeconómica. Pero ese remedio, necesario en ciertos contextos, también tiene efectos colaterales: encarece el crédito, desacelera la inversión y puede impactar negativamente el crecimiento económico en el corto plazo.
Hasta ahí, el debate sería el propio de una economía compleja, en el que distintas herramientas buscan equilibrar tensiones inevitables.
El problema surge cuando esas decisiones dejan de dialogar entre sí y comienzan a enfrentarse como trincheras políticas, en un escenario abiertamente polarizado en el que dos extremos claramente identificados compiten por el favor electoral.
La renuncia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, a la Junta del Banco de la República es un síntoma de ruptura institucional en un espacio que, por diseño constitucional, debería propiciar coordinación, deliberación técnica y equilibrio de poderes. Que esa ruptura se lea, además, bajo el lente de mayorías “uribistas” o afinidades ideológicas, no hace más que profundizar la percepción de que, incluso, los órganos técnicos han sido absorbidos por la lógica de la polarización.
Y es allí donde aparece el verdadero riesgo: que las decisiones económicas se conviertan en piezas de una estrategia electoral.
En un país que se aproxima a unas nuevas elecciones presidenciales, cada medida parece tener doble lectura. El aumento del salario mínimo puede ser visto como una apuesta por aliviar el bolsillo de los ciudadanos, pero también como una forma de consolidar respaldo popular. El alza de tasas puede interpretarse como una acción responsable frente a la inflación, pero también como un contrapeso político a la agenda gubernamental.
Así, la economía deja de ser un espacio de concertación racional y se convierte en un campo de disputa simbólica entre proyectos de poder.
El ciudadano, mientras tanto, queda en medio: entre “la espada” y “la pared”: no como un actor informado que participa de un debate técnico, sino como el que paga las consecuencias: paga más por el crédito, enfrenta incertidumbre laboral, percibe alivios parciales en su ingreso y, al mismo tiempo, es interpelado por narrativas que le piden tomar partido: o con la “espada” del incremento salarial o con la “pared” del control monetario.
Los expertos en economía han afirmado siempre, por fuera de coyunturas electorales, que una economía sana no se construye sobre la base de decisiones aisladas ni de pulsos políticos: requiere coordinación, confianza institucional y, sobre todo, una comprensión compartida de que el interés general no puede subordinarse a la lógica electoral. Cuando cada actor defiende su medida, no sólo como correcta sino como ideológicamente superior, el espacio para los acuerdos se reduce y el costo lo asume la sociedad en su conjunto.
Colombia necesita, más que nunca, despolitizar la técnica sin deshumanizar la economía. Reconocer que el salario digno y la estabilidad de precios no son objetivos incompatibles, sino complementarios. Y que el verdadero desafío no está en escoger entre “la espada” y “la pared”, sino en construir una puerta de salida que no esté diseñada en función de la próxima elección, sino del bienestar sostenible de los colombianos.
Cuando el cálculo electoral se impone sobre el bien común, la economía deja de ser una herramienta de progreso y se convierte en un escenario de confrontación. Y en esa confrontación, como suele ocurrir, los ciudadanos terminan pagando el precio de decisiones que no siempre fueron pensadas para ellos, sino para ganar unas elecciones.
