Decir que el atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió porque “hablaba duro contra el Gobierno”, no sólo es una afirmación ligera, sino un grave acto de irresponsabilidad profesional. Esa afirmación reproduce una narrativa peligrosa y emocionalmente manipuladora, con el agravante que no tiene fundamento alguno, ni fáctico ni jurídico.
Esta aseveración de un grupo de opinadores en un medio masivo de comunicación es la consecuencia del boom mediático que resultó ser la representante Lina María Garrido, quien el 20 de julio se dirigió al presidente Gustavo Petro con sus “verdades” para desmentir las “verdades” del Mandatario colombiano, lo cual es legal y lícito dentro de la lógica del derecho de la oposición a la réplica. El resultado fue la conjetura de que la Representante de Cambio Radical podría ser víctima de un atentado, como lo fue Miguel Uribe Turbay, supuestamente “por haber criticado fuertemente al presidente Gustavo Petro”.
La insinuación es tan temeraria como falsa, como lo anotó el abogado y analista, Héctor Riveros, quien aseguró que “no es cierto que en Colombia estén matando a las personas por hablar contra el Gobierno”.
Este no es un simple error de juicio o una anécdota mediática más. Es parte de una peligrosa degradación de los principios éticos del periodismo. Porque cuando se afirma, sin prueba alguna, que el Gobierno estaría detrás de ataques armados o que se persigue políticamente a los críticos, no sólo se socava la credibilidad del periodismo sino que, contrario a su responsabilidad social, alimenta el miedo, la rabia, el odio y la polarización.
Vuelve y juega el recuerdo grato de Javier Darío Restrepo, quien fuera el “Padre de la Ética Periodística en Colombia”, insistiendo en que la libertad de prensa y de expresión no puede ser patente de corso para la irresponsabilidad y la ligereza. El periodista no puede convertirse en un fabricante de “verdades” a la medida de sus emociones o preferencias políticas. El oficio exige responsabilidad con la palabra, verificación rigurosa y un compromiso inquebrantable con la verdad. De lo contrario, pasamos de ser informadores a incendiarios y cómplices del caos.
Y más allá de Javier Darío Restrepo, hay multiple jurisprudencia en torno a la colisión entre los derechos a la libertad de prensa con otros principios fundamentales, como la presunción de inocencia y de buena fe, y derechos constitucionales, como el del buen nombre, la honra y el debido proceso.
El mismo artículo 20 de la Constitución es muy claro al plantear el derecho a “informar y recibir información”, pero “veraz e imparcial”, además de exigir “responsabilidad social”.
Lo más preocupante, es que cuando se exige respeto a la libertad periodísitica, se acuña esta exigencia con la promesa de que sólo así se puede garantizar una democracia fortalecida. Pero con la ligereza, la irresponsabilidad y el soslayo de principios básicos como el de la verdad y el interés general, de manera contraria, se pone en riesgo la estabilidad democrática y la frágil paz que intentamos construir.
En un país donde la violencia ha sido la forma de dirimir las diferencias, no se puede jugar con fuego. Así que es urgente que todo el ecosistema mediático colombiano recupere la sensatez, el rigor y el sueño de la “excelencia” en el periodismo que -aunque utópico, como decía Javier Darío Restrepo- nos puede llevar a lo “mejor”, siempre y cuando se respete la exigencia ética en el oficio.
El periodismo ligero e irresponsable también mata: la verdad, la confianza y la democracia.
