Por: Eugenio Prieto
Las normas sobre contratación pública en Colombia se violan y evaden con facilidad y una alta impunidad: senador liberal Eugenio Prieto.
La corrupción carcome como un cáncer nuestra sociedad. Es tal la magnitud del problema, que pareciera incuantificable el saqueo de los recursos públicos en los diferentes niveles del Estado. Las normas sobre contratación pública se violan y evaden con facilidad y una alta impunidad.
Los mecanismos para hacerlo son de todo tipo, carruseles de contratación, generalización de contratación directa, creación de fundaciones, vulneración al principio de selección objetiva, sobrecostos, desviación de anticipos, adiciones indebidas, entre otras muchas trampas.
Si en lo nacional llueve, en lo territorial no escampa. Así lo demostró la Auditoría General de la República (AGR) en su informe del Control al Control de la Contratación de mayo de este año, al referirse a los graves riesgos fiscales y las irregularidades de todo tipo en que están incurriendo las entidades territoriales, que en el 2010 ejecutaron $11 billones, 60% del total, mediante contratación directa, cifra que en el primer trimestre de este año 2011, se aumentó al 74%. Concluyendo, paradójicamente, que los contratos deben revisarse cuidadosamente por los entes de control fiscal.
“La contratación pública se ha visto inmersa, como nunca en la historia, en gravísimos casos de corrupción hasta el punto que fue capturada por los corruptos en varias entidades y regiones.” “Tal crisis exige preguntarse: ¿Cuáles deben ser las prioridades y los marcos de acción de los órganos de control fiscal colombiano para enfrentar esa gran crisis de abandono y corrupción en la contratación?” Pregunto yo: ¿Tienen los órganos de control fiscal colombiano responsabilidad en esta gran crisis? No podemos caer en la generalización y medir a todas las Contralorías por igual.
Pero debemos hablar con claridad, en muchas contralorías del país, el Contralor es cuota política del gobernante del territorio o son fortines clientelistas, donde el control fiscal se ejerce con sesgo, prevaricando y abusando del poder, por acción y por omisión, con sectarismo, persiguiendo funcionarios o tapando y siendo permisivos.
¿Cuáles contralorías del país responden a este perverso modelo? ¿Es conveniente y adecuado a la realidad nuestro modelo de control fiscal? ¿Cómo garantizar su imparcialidad? En el caso de Antioquia, algunas respuestas las entrega el informe de la auditoría regular realizada por la AGR a la Contraloría General de Antioquia.
El informe, que por la gravedad de sus hallazgos disciplinarios, deberá generar investigación de la Procuraduría General de la Nación, deja ver la permisividad de la CGA con la Fundación para el Buen Gobierno(FGB), hoy Fundación para el Bienestar Global, creada por iniciativa del Contralor, Jorge Rojas Otálvaro.
Considera la AGR, que al utilizar reiteradamente la figura de los contratos interadministrativos con la FBG, la CGA presuntamente está vulnerando los principios de transparencia, eficiencia, selección objetiva y de responsabilidad, lo que configura “…presunta responsabilidad disciplinaria, porque al parecer el Organismo de Control ha inobservado el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734…”.
Dice la AGR que los contratos que suscribe la FBG deben guardar coherencia con el objeto social de las dos entidades que la constituyeron y ejecutar obras, siempre y cuando, sean el producto de su primera competencia, contribuir al desarrollo de la academia, investigación y extensión universitaria. Es decir, “…no debe deslindarse de las instituciones que la constituyeron como son un establecimiento público y una institución universitaria”.
Debo agregar que por exigencia del Consejo Directivo el Politécnico JIC se retiró de la FBG, según consta en Acta 15 de 2008 y 02 de 2009, por tanto, ¿Se debió liquidar la FBG? ¿Es ilegal toda la contratación de la FBG?
