Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Se quiera o no reconocer, la mayoría del pueblo colombiano comparte la atmósfera de optimismo y credibilidad que le ha inyectado la administración Santos al país y a su institucionalidad. Por igual se percibe un gran respaldo a todas las medidas que apuntan a elevar la lucha contra la corrupción, que no pueden tildarse de shows mediáticos ni mucho menos de ‘falsos positivos’, y que van encaminadas a recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus instituciones, a tiempo que se busca sancionar a los saqueadores de los dineros públicos.
Es cierto que en el panorama nacional aparecen grandes desafíos que es preciso superar: la búsqueda de una mayor equidad social, la reducción de las tasas de desempleo, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación de la infraestructura y de la afectación ocasionada por la ola invernal, la consolidación de iniciativas que conduzcan a una paz estable, la creación de un ambiente favorable a una justicia pronta y eficaz y la garantía de que se acatarán los derechos de las minorías y de género, entre otros.
Pero también está trascendiendo que la administración anterior tuvo, al lado de sus aciertos en materia de seguridad, compromisos muy cercanos con acciones contrarias a la moral pública y a la transparencia en la ejecución de los recursos, al igual que algún nivel de asociación con fuerzas o con miembros del crimen organizado. Que de ello se ocupen los organismos de control para que se haga justicia en razón de su significado e impacto en el andamiaje institucional.
La corrupción en muchas de las entidades públicas no fue fruto de la anterior administración, aunque poco hizo para reprimirla: más bien la alentó. Al calor de la lucha contra el terrorismo y de la pretensión de consolidar la seguridad democrática prosperaron delitos de lesa humanidad como los falsos positivos, que condujeron al asesinato de humildes campesinos y de líderes comunitarios; pronto se conocerá que desde la alta cúpula militar se impartió la orden de entregar resultados: “quiero muertos, guerrilleros dados de baja y no capturas”, exigía un alto militar de la época. Entonces, que más quiere el expresidente Uribe: ¿que se imponga la política del tapen, tapen, o es que está ‘trinando’ en defensa propia?
Dejemos que la justicia impere, que se respete el debido proceso y se ofrezcan las garantías constitucionales a los imputados, pero que reluzca la verdad, así este pequeño sector de la opinión nacional trate de oponerse. Acompañemos al Gobierno nacional, a las Cortes y a los entes de control para que perseveren en los procesos de depuración, transparencia y vigilancia que exige la Constitución y la ley, independiente de quien caiga como producto de las responsabilidades asumidas o de compromisos identificados con asuntos delictivos.
NOTA: Sigue el torneo de Futbol de las comunas de Medellín denominado: Juego Limpio, Medellín sin Fronteras. El próximo 18 de Agosto se presentaran los equipos que participaran en la siguiente fase en la Marte No 1 a la 1pm. Los esperamos.
