Daniel Quintero, exviceministro de la Economía Digital, responde que el llamado de atención que hizo desde el mismo momento en que se presentó la emergencia de Hidroituango, a través de redes sociales, no puede ser considerado como aprovechamiento político o politiquería, a propósito de su supuesta aspiración a la Alcaldía de Medellín. Aunque sí es una posición política -precisa- porque es responsabilidad de todos hacer control político, como debe hacerlo informada y conscientemente toda la sociedad, especialmente cundo se trata de EPM, que es el ahorro de 60 años de los medellinenses.

Daniel Quintero le sugiere al Concejo de Medellín que espere hasta noviembre, después de que se sepa qué pasó con la Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, para tomar la decisión sobre la enajenación de las participaciones que tiene EPM en empresas nacionales e internacionales. El Concejo tiene previsto hacerlo en las sesiones ordinarias de octubre.

En todo caso, el Ex Viceministro quisiera que no fuese autorizada la enajenación de activos de EPM porque a sabiendas de que lo ocurrido en Hidroituango no fue falla geológica, considera que «no puede ser que seamos los medellinenses los que paguemos por la responsabilidad contractual de los constructores de la Hidroeléctrica… Además, ¿dónde están las pólizas?»

Daniel Quintero teme que Medellín y Antioquia estén ante el caso más grande de corrupción en la historia, el cual puede llevar a que se pierda EPM. Dice que ese es el resultado de una crisis de reflexión ética de la sociedad antioqueña, en la que no hay pensamiento crítico. Pone como ejemplo la llamada «puerta giratoria» en la que un alto funcionario público pasa a trabajar en una empresa privada, poniendo en conflicto los intereses de la entidad pública frente a los de la empresa privada. Quintero le da nombre propio a ese conflicto en el contexto de la crisis de Hidroituango: recuerda que Esteban Calle pasó de ser el Gerente de EPM a dirigir a Argos que, según el Ex Viceministro, es dueña de una de las constructoras del Proyecto Hidroeléctrico, y que debería ser una de las responsables contractuales de los daños emergentes y los lucros cesantes generados.