Una acción de tutela encendió las alarmas sobre la situación sanitaria en la Cárcel El Pedregal de Medellín, donde se habría registrado un brote de Viruela del Mono desde el pasado 5 de marzo de 2026.
La acción constitucional fue presentada por el defensor de derechos humanos, Jorge Alberto Carmona Vélez, quien actúa como agente oficioso en representación de la población privada de la libertad, invocando la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida digna, la igualdad y la dignidad humana.
De acuerdo con la tutela, pese a que se decretó una cuarentena en el patio 8 del centro penitenciario hasta el 13 de abril, existirían múltiples inconsistencias en la aplicación de medidas sanitarias.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran traslados constantes de internos dentro y fuera del pabellón, salidas a citas médicas y diligencias judiciales sin controles estrictos, así como la ausencia de protocolos efectivos de bioseguridad. Esta situación -advierte el accionante- estaría generando un riesgo de contagio cruzado tanto para los internos como para funcionarios y personal externo.
La tutela también señala la inexistencia de medidas clave como vacunación masiva, seguimiento epidemiológico riguroso y aislamiento efectivo, lo que, en criterio del accionante, agrava la vulnerabilidad de una población que ya se encuentra en condiciones de especial protección constitucional.
Uno de los aspectos más críticos expuestos en la acción judicial es lo que se califica como una “contradicción institucional”: mientras se restringen beneficios administrativos a los internos bajo el argumento de la cuarentena —como permisos de 72 horas, redención de pena o visitas familiares—, al mismo tiempo se permitiría la circulación sin control dentro del penal.
Según Carmona, esta situación no sólo compromete la eficacia de las medidas sanitarias, sino que podría configurar vulneraciones adicionales a derechos fundamentales.
La acción de tutela vincula como entidades accionadas al INPEC, la Secretaría de Salud de Medellín, el Ministerio de Justicia y del Derecho y su Dirección de Política Criminal, entre otras autoridades.
El accionante argumenta que estas entidades tendrían responsabilidad por omisión institucional, al no garantizar condiciones adecuadas de atención en salud ni lineamientos efectivos frente a emergencias sanitarias en contextos de reclusión.
La tutela se apoya en jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional de Colombia, particularmente en sentencias que han declarado el Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario, como la T-388 de 2013 y la SU-122 de 2022.
Entre las principales solicitudes elevadas al juez constitucional se encuentran:
• La implementación inmediata de un protocolo sanitario efectivo.
• La vacunación masiva de toda la población carcelaria.
• El aislamiento real de los internos afectados.
• La suspensión de traslados no urgentes.
• El diseño de un plan de contingencia por parte del Ministerio de Justicia.
Adicionalmente, se solicita la intervención de órganos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín.
Como medida provisional, el accionante pide la adopción urgente de acciones para evitar un perjuicio irremediable, ante el riesgo de propagación del virus en un entorno de hacinamiento.
La tutela es interpuesta por Jorge Carmona en un contexto personal y profesional particular, pues el defensor de derechos humanos anunció recientemente su renuncia irrevocable como contratista del Ministerio de Justicia, cargo al que había sido convocado en enero de 2026 para aportar desde su experiencia en terreno.
Según explicó en un comunicado público, su decisión obedeció a razones éticas, jurídicas y humanas, tras evidenciar —según su versión— una desconexión institucional frente a la realidad carcelaria, el uso de información no verificada en la construcción de respuestas oficiales y presuntos intentos de limitar su labor como defensor de derechos humanos.
Carmona sostuvo que no es posible defender los derechos humanos “desde el escritorio”, y anunció su regreso a la Veeduría Penitenciaria Nacional, desde donde continuará ejerciendo labores de vigilancia, denuncia y acompañamiento a la población privada de la libertad.
Su actuación, tanto en la tutela como en su decisión de renunciar, se inscribe en un llamado más amplio a las autoridades y a la sociedad para no ser indiferentes frente a la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano.
