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Les dice que el transporte público ha sido pensado, organizado y regulado jurídica, administrativa, técnica y operativamente para que sea seguro, cómodo, accesible y dé prelación al interés general sobre el particular para brindar protección a los Pasajeros. Por tal razón, les preocupa el Proyecto de Ley 136/2024: porque considera que desvirtúa lo que se ha construido en las ciudades y el sector de taxis si se aprueba, traerá efectos adversos y grandes costos en los ámbitos social, económico, ambiental y de movilidad. 

Fabián Quintero Valencia les precisó a los senadores los efectos negativos del Proyecto:

En el ámbito económico, el Estado, las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos hemos realizado grandes transformaciones para apoyar la dinámica del derecho al transporte, priorizando la seguridad, la infraestructura, el ordenamiento territorial, la capacidad vehicular y el parque automotor.

Este tipo de proyectos deben ponderarse desde el punto de vista fiscal, por la afectación que tendrían las modalidades de transporte en operación como el Metro, el tranvía, los buses, los especiales y los taxis, por el número de pasajeros movilizados que hoy ya se encuentra reducido y que, con su aprobación, llevaría a una reducción aún mayor, que al final tendría que asumir el Estado con una eventual indemnización.

Los perjuicios también se presentan en el medio ambiente y la movilidad con esta iniciativa, ya que la capacidad vehicular para la prestación del transporte público de pasajeros, fue pensada para priorizar la movilización de la comunidad a través de ellos, reduciendo emisiones y evitando la congestión vehicular, es por esto que, los vehículos particulares prestando un servicio para el cual no están autorizados, no es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los esfuerzos realizados por el Estado para la sostenibilidad.

En el ámbito social, encontramos que actualmente en el país hay aproximadamente 500.000 taxis, de los que dependen más de 1.000.000 de familias, quienes hoy sufren de una competencia desleal por los vehículos particulares que prestan un servicio intermediado por plataformas.

Los conductores de taxi han visto sus ingresos deteriorados al haberse reducido el número de servicios que hacían diariamente, mientras los costos suben cada año como: los impuestos, los seguros, el combustible, los repuestos, la seguridad social y la canasta familiar, entre otras responsabilidades asociadas a la legalidad y la formalidad. Esta práctica ilegal, de movilizar personas a través de vehículos particulares intermediados por plataformas, profundiza la desigualdad con quienes cumplimos las exigencias legales del transporte público y acrecienta el subempleo”.

El Presidente de Tax Individual y sus Empresas Aliadas espera que los senadores sean conscientes de que el Proyecto de Ley 136 de 2024 no está abordando las normas de transporte, sino que está desarrollando el tema a través de una norma ordinaria, contraviniendo las normas estatutarias de éste.

También espera que el Gobierno nacional, a través de sus ministerios, se sume a esta inquietud sobre la inconveniencia del Proyecto de Ley.