Sinergia Jurídica

La Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la cancelación de la credencial de Alexandra Machado Montoya, la cual la acreditaba como Alcaldesa del municipio de Urrao para el período constitucional 2021 - 2023. Como consecuencia, las autoridades correspondientes deberán realizar una nueva elección atípica para la Alcaldía de este municipio del Suroeste antioqueño.

La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del magistrado Andrew Julián Martínez, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 35 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el 29 de enero de 2021, mediante la cual negó las pretensiones de Jorge Hugo Elejalde López contra familiares del exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

El juez Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, Jorge Wilder Gil Ospina, ordenó a los comités de revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, denominados “El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar” y “Depende también de ti darle amor a Medellín, Firma por Medellín”, suspender la recolección de apoyos ciudadanos a partir de este jueves, 24 de junio de 2021.

Mediante Decreto 575 de este 28 de mayo de 2021, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ordenó a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva que coordinen con las autoridades militares y de policía la asistencia militar para que procedan a afrontar y superar los hechos que en sus jurisdicciones han venido alterando gravemente la seguridad y la convivencia.

El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por el Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de EPM –SINPRO- en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien, según el accionante, había puesto en riesgo el Gobierno Corporativo de EPM.

La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República manifestaron que consideran la protesta pacífica un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Pero también se pronunciaron como garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por lo que, en el marco de sus competencias, dijeron que seguirán “trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia”.

El abogado Mario Correa, Magíster en Derecho Procesal y Docente de Derecho Constitucional y Administrativo, dice que decretar un Estado de Conmoción Interior en Colombia, como lo ha sugerido el presidente Iván Duque, es inoportuno e inconveniente porque objetivamente no existen las condiciones jurídicas para ello.

A sanción presidencial va la Ley aprobada en cuarto y último debate en Plenaria de la Cámara de Representantes este 23 de marzo de 2021, mediante la cual se modifica el artículo 262 del Código Civil Colombiano. La norma se refiere al cuidado personal de los hijos por parte de los padres o personas encargadas, quienes tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente.

La empresa de Consultorías y Servicios Especiales De La Espriella Lawyers Enterprise “remitirá una solicitud de rectificación al ciudadano que aparece como autor del guión original del espacio difamatorio denominado Matarife"

Una democracia fuerte, libre y organizada, fundada en la separación de los poderes públicos, necesita de la existencia de otro “poder” inobjetable que garantice claridad permanente: el periodismo libre que haga control social, que investigue y que denuncie. Pero, al mismo tiempo, un periodismo responsable, humilde y humano, orgulloso de su libertad necesaria -que debe ser defendida, protegida y promocionada- pero consciente de sus límites. Porque la libertad de prensa, de opinión y de expresión no puede ser la "patente de corso" para vulnerar otros principios y derechos fundamentales como los principios de la dignidad humana y de la presunción de inocencia y los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y al debido proceso.