El senador Nicolás Echeverry Alvarán hizo un llamado al Gobierno nacional para que, en el marco del debate del Proyecto de Ley No. 075 de 2025 Senado – 285 de 2025 Cámara, tenga en cuenta las recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la defensa y la seguridad nacional, pero advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, podría generar efectos adversos sobre otros sectores económicos estratégicos del País.
El proyecto que regula la importación, fabricación, comercialización, registro, uso y control de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) y de los sistemas antidrones (C-UAS), fue acumulado con el Proyecto de Ley No. 073 de 2025 Cámara y busca establecer un marco normativo integral para el uso de drones en Colombia. No obstante, un análisis técnico y de seguridad entregado a los legisladores advierte vacíos relevantes que, de no corregirse, debilitarían tanto la seguridad como la competitividad nacional.
Según el senador Echeverry, si bien es legítimo que el Estado busque anticiparse a las amenazas que representa el uso criminal de drones, la regulación no puede limitarse a un enfoque parcial ni convertirse en una barrera para la industria legal, la innovación y la generación de empleo.
“La defensa del País es prioritaria, pero debe construirse con rigor técnico, visión estratégica y sin sacrificar sectores productivos que hoy operan de manera lícita”, señaló el Senador conservador.
Habiendo consultado técnicamente el Proyecto, Echeverry Alvarán advierte que éste se concentra exclusivamente en los drones aéreos, dejando por fuera otras tecnologías no tripuladas como vehículos terrestres, marítimos o submarinos, que también pueden ser utilizadas por organizaciones criminales. Esta omisión, según el análisis, abre una brecha normativa peligrosa, pues mientras el Estado regula de forma limitada, los actores ilegales avanzan con rapidez y capacidad de adaptación.
Otro de los puntos críticos sobre los que el Senador llama la atención es la restricción casi absoluta al mercado de sistemas antidrones, que en la práctica impediría la participación de empresas privadas certificadas. Para Echeverry, este enfoque desconoce la necesidad de un ecosistema mixto de seguridad, en el que el sector privado, bajo supervisión estatal, complemente las capacidades del Estado, promueva transferencia tecnológica y fortalezca la soberanía nacional.
El análisis también alerta sobre el exceso de trámites y cargas burocráticas que el Proyecto impone a las empresas legales dedicadas al uso de drones en actividades productivas, lo que podría provocar la salida de inversión y el traslado de operaciones hacia otros países de la Región. En ese sentido, el Congresista insistió en la necesidad de un sistema ágil de licenciamiento e interoperabilidad institucional, que permita control efectivo sin asfixiar al sector.
Finalmente, el Senador reiteró que el debate legislativo debe servir para mejorar el Proyecto, no para aprobar una norma “reactiva y miope” frente a una amenaza que evoluciona rápidamente.
“Regular mal no fortalece la seguridad; por el contrario, puede debilitar al Estado y afectar a quienes hoy cumplen la ley”, concluyó el senador Nicolás Albeiro Echeverry.
