John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, exjefe del ala militar del Cartel de Medellín, no cree en la paz que se acuerde en La Habana, si el Estado les incumple a los guerrilleros de las FARC como lo hizo con él, y si no se reforma la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente para que se prohíba la extradición, como ocurrió en 1990 para facilitar la entrega de Pablo Escobar Gaviria y sus lugartenientes, entre quienes se encontraba él.
“Fueron necesarios 50 mil muertos y poner en jaque al Estado colombiano para erradicar la extradición del ordenamiento jurídico colombiano”, afirma “Popeye”.
Recuerda que fueron siete años de cárcel los que le prometieron, y terminó pagando 23 años y tres meses de prisión. Ahora que está gozando de libertad condicional por un tiempo de 38 meses, de los cuales lleva cumplidos 21 meses, dice que “está muerto” económica, jurídica y socialmente porque el Estado le tiene bloqueados todos sus derechos civiles que le impiden acceder a la salud, la pensión, la seguridad y a tener una cuenta bancaria, todo lo cual es necesario para vivir con dignidad y convencido de que no debe violar la confianza del Estado para mantenerse en libertad.
Además se refiere a la extradición a los Estados Unidos de los exjefes paramilitares después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual considera otro engaño del Estado colombiano.
“En el Estado no se puede confiar porque es mentiroso, porque traicionó a Pablo Escobar, a mí y a los paramilitares que fueron extraditados. Temo que a los de La Habana también los traicione si la extradición sigue vigente en la Constitución”, precisa.
No obstante, afirma que no es enemigo de la paz, siempre y cuando el Estado se comprometa a cumplirles a los guerrilleros de las FARC, y a dar ejemplo con el comportamiento del Presidente y los expresidentes de la República, quienes viven peleando y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en lo fundamental que es la paz que necesita Colombia.
John Jairo Velásquez Vásquez asegura que si el Estado es serio con las FARC, será muy viable lograr también acuerdos con el ELN y con las bandas criminales, para lo cual debe aprobar una norma que les garantice un máximo de ocho años de cárcel, sin que les sorprenda con la sobreviniencia de delitos diferentes a los confesados.
