Preocupación por la reapertura de investigaciones en contra de los defensores de Derechos Humanos, el sacerdote jesuita, Padre Javier Giraldo, y el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, manifestó Human Rights First. El fiscal los acusa de falsa denuncia, injuria y calumnia.
Las investigaciones fueron reanudadas con base en las denuncias hechas originalmente en los años 2004 y 2005 por parte del Coronel Néstor Iván Duque López, Comandante de la Brigada Militar supuestamente involucrada en la masacre en San José de Apartadó.
Human Rights First teme que las acusaciones fueron motivadas por la denuncia de Giraldo y Ramírez en la presunta participación del Coronel en la masacre de San José de Apartadó. En el 2008 un fiscal desechó una investigación de rebelión en contra de Ramírez y citó problemas de credibilidad e incoherencias en la investigación.
Además de haber sido restaurada la investigación de los dos defensores, el Tribunal Superior de Bucaramanga encontró culpable de rebelión a Príncipe Gabriel González, y lo sentenció a 7 años de prisión, a pesar de que en marzo de 2007 había sido absuelto. González es un líder de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander y otro de los defensores de Derechos Humanos presentado en el informe. Se encuentra bajo una renovada persecución penal por parte de la Fiscalía, aseguró Human Rights First.
“En lugar de abrir casos de cargos ilegítimos en contra de los defensores de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia colombiana.”, afirmó Andrew Hudson, Asociado Senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos de Human Rights First. .
“La restauración de los procesos penales contra Giraldo y Ramírez se entiende como un atentado en contra de las legítimas actividades a favor de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia,” señaló Hudson.
A pesar de la documentación de procesos penales sin fundamento contra los defensores de derechos humanos, el Estado colombiano y, en particular, la Fiscalía General siguen negando la existencia de estos procesos penales que violan el debido proceso.
