German Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica Sindical de Antioquia –Asmedas-, no está en desacuerdo con todos los artículos del Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del Covid-19. Sin embargo, como la mayoría de sus colegas médicos y otros profesionales de los diferentes sectores de la salud, reunidos en asociaciones, gremios y sindicatos, se opuso a la obligatoriedad contenida en el artículo 9 del Decreto, según el cual todo el personal de la salud debe estar preparado y disponible para la prestación de sus servicios profesionales.

German  Reyes dice que se trata de un artículo intimidatorio que, además, constriñe al personal médico a responder a esta obligación sin los elementos de protección necesarios, porque el Gobierno no ha sido capaz de garantizarlos. Por eso, en nombre de Asmedas – Antioquia, pide el retiro inmediato del artículo 9 que habla de la disponibilidad permanente del talento humano en salud que, durante la Emergencia Sanitaria, se encuentre en ejercicio o formación.

Reyes Forero agrega que el Gobierno desaprovechó la oportunidad de crear una planta temporal de trabajadores de la salud, con cargo al presupuesto nacional, con contratación sin intermediación laboral, y distribuida en las diferentes secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales, para enfrentar la pandemia.

A propósito de intermediación, el Presidente de Asmedas – Antioquia plantea que los recursos destinados a las clínicas y hospitales no pueden pasar por las Empresas Promotoras de Salud –EPS-. Estos recursos, que en desarrollo del Decreto serán expeditos para cubrir los costos y los gastos de las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS- deben llegarles directamente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud -ADRES-, con la auditoría de las secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales. Está convencido de que si estos recursos pasan por las EPS, no harán los desembolsos correspondientes.

Reyes Forero dice que Asmedas tampoco está de acuerdo con el control de las Unidades de Cuidados Intensivos –UCI-, tanto públicas como privadas como aparece en el Decreto. Explica que estas deben ser manejadas por un equipo dependiente de las secretarías de Salud, que decida con criterio técnico su asignación y no por la capacidad de pago o según la EPS a la que esté afiliado el enfermo. El objetivo es que se respete la autonomía profesional médica en la asignación de la UCI.

Espera que la información sobre los trabajadores de la salud contagiados sea pública, transparente y muy precisa. “Ya van tres fallecidos –dos médicos y un conductor de ambulancia- pero es necesario que se haga un censo y se comunique a las asociaciones, gremios y sindicatos del sector la verdad sobre los que se han contagiado”, dice German Reyes.