Medellín y el Valle de Aburrá asisten a un hecho que, por trascendiendo los intereses propios de la polarización, debe ser considerado como histórico y ocupar titulartes: la suscripción de un Acuerdo Condicionado de Paz Urbana entre el Gobierno nacional y voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
Con fecha de este lunes, 9 de febrero de 2026, se conoció la firma de un acuerdo condicionado, que se inscribe dentro de un proceso gradual, verificable y sujeto al cumplimiento de obligaciones claras por parte de quienes históricamente han ejercido control armado sobre territorios urbanos.
El texto señala que, superada la fase de acercamiento y en desarrollo de la fase de conversación, las partes constatan una voluntad expresa de paz, lo que permite avanzar hacia la estructuración de un acuerdo de Paz Urbana como demostración del compromiso de llegar a una fase de irreversibilidad, basada en la ética de la vida y el desescalamiento de todas las violencias.
No se trata de un pacto simbólico, sino de una hoja de ruta que condiciona los beneficios a la reducción efectiva de la violencia y al tránsito hacia la legalidad.
El acuerdo debe leerse dentro de la estrategia de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, que reconoce que el conflicto colombiano no es homogéneo y que, además del conflicto armado rural, existen violencias urbanas estructurales, ligadas a economías ilegales, control territorial y exclusión social.
Medellín y el Valle de Aburrá han sido, durante décadas, laboratorio de múltiples estrategias: confrontación militar, negociación fallida, sometimiento a la justicia y acuerdos parciales. La apuesta actual busca integrar esas experiencias en un modelo más amplio, que combine seguridad humana, justicia, verdad, reparación y transformación económica.
El documento plantea temas fundamentales que marcan una diferencia frente a intentos del pasado:
– Memoria y dignificación de las víctimas, como eje ético del proceso.
– Prevención de nuevas violencias y no repetición.
– Transformación y sustitución de economías ilícitas, uno de los nudos centrales del crimen urbano.
– Inclusión social de quienes integran estas estructuras, entendida no como impunidad, sino como tránsito condicionado a la legalidad.
– Fortalecimiento del Estado Social de Derecho en territorios históricamente copados por actores armados ilegales.
Además, se establece que los avances serán informados a la ciudadanía mediante mecanismos de participación y vinculación social, un aspecto crucial para evitar acuerdos opacos o desconectados de la realidad comunitaria.
Uno de los puntos más relevantes del documento es el reconocimiento explícito de que el tránsito al Estado Social de Derecho está condicionado al cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, en particular lo dispuesto en la Sentencia C-525 de 2023.
Allí se recuerda que cualquier tratamiento jurídico especial requiere intervención del Congreso de la República, mediante leyes que definan con claridad beneficios, obligaciones, sanciones y mecanismos de verificación. El Ejecutivo, como lo señala el Acuerdo, ya ha radicado proyectos de ley que aún no registran avances significativos.
Este reconocimiento es fundamental para desmontar una crítica recurrente: no hay vía libre para la impunidad, ni acuerdos por fuera de la Constitución.
¿Por qué es una buena noticia? Porque, sin triunfalismos, el acuerdo introduce tres importantes mensajes:
– La violencia urbana no es un destino inevitable, puede ser desescalada si existen reglas claras.
– El Estado no renuncia a su autoridad, sino que la ejerce desde el marco constitucional y democrático.
– La paz no se decreta, se construye, con condiciones, verificación y participación ciudadana.
Medellín, una ciudad que conoce los extremos de la violencia y la resiliencia, vuelve a ser escenario de una apuesta audaz: probar que la paz también se puede construir en lo urbano, donde el conflicto ha mutado, pero no ha desaparecido.
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El éxito de este acuerdo no dependerá únicamente del Gobierno o de los voceros firmantes. Requerirá vigilancia ciudadana informada; periodismo crítico y responsable, que explique sin estigmatizar ni idealizar; Congreso activo, que asuma su rol legislativo; y autoridades locales comprometidas, más allá de cálculos electorales.
La Paz Total, en su dimensión urbana, se juega buena parte de su credibilidad en escenarios como Medellín y el Valle de Aburrá. Este acuerdo condicionado no es el final del camino, pero sí una señal política y ética de que la salida armada ya no es opción.
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La paz, incluso en las ciudades marcadas por la violencia, sigue siendo una posibilidad real cuando se construye con reglas, límites y responsabilidad democrática.
