Medellín alcanzó una meta que ha sido titular de prensa y que ha llenado de orgullo al anterior alcalde y al actual: se convirtió en el destino turístico número uno de Colombia. Logró posicionarse como un referente internacional en innovación, eventos, gastronomía, entretenimiento nocturno, calidad urbana y maravillosa gente. Ese reconocimiento se traduce en empleo, inversión y un impulso vital para sectores como la hotelería, los restaurantes, los bares y las actividades culturales.
Sin embargo, ese fenómeno tan aplaudido por las administraciones pasada y presente revela una paradoja muy dolorosa: Medellín es hoy una ciudad donde el turismo genera riqueza, pero también ha aumentado tanto el costo de vida que los locales se han venido sintiendo desplazados por los turistas que pagan en dólares y euros lo que los locales pagan cada vez más caro en pesos. Así que si ese desequilibrio no se gestiona con inteligencia, tiende a convertirse en un conflicto social profundo.
El auge del hospedaje de renta corta, a través de plataformas como Airbnb o Booking, ha desbordado cualquier regulación existente. Aunque muchos propietarios de casas y apartamentos encontraron en este modelo una oportunidad económica, el efecto colateral ha sido contundente porque la hotelería formal -que paga impuestos, empleos y debe cumplir normas estrictas- compite en desventaja con apartamentos convertidos en hoteles improvisados; la oferta de vivienda en alquiler tradicional ha disminuido, porque miles de unidades migraron al mercado turístico, disparando los precios de los arriendos impulsados por usuarios extranjeros que pueden pagar tarifas muy superiores a las del ciudadano local.
Así que mientras el Alcalde y los concejales de Medellín celebran récords de ocupación turística, miles de residentes sienten que la Ciudad se les volvió económicamente ajena.
Muchos restaurantes se han ajustado a una clientela extranjera que paga en dólares, elevando precios muy por encima del promedio local. Aunque esto beneficia a algunos negocios, la percepción ciudadana es clara: “comer en Medellín se volvió un lujo”.
A esto se suman arriendos comerciales más altos —en zonas como Provenza, El Poblado, Laureles y Manila— que obligan a los locales a subir precios para mantenerse a flote. El círculo Vicioso se retroalimenta: más turismo, menos capacidad adquisitiva local.
El malestar ciudadano es real porque Medellín vive un proceso que ya padecieron ciudades como Barcelona, Lisboa o Ciudad de México: la gentrificación impulsada por el turismo que genera orgullo hacia afuera, pero malestar hacia adentro.
La ciudadanía siente que el Medellín turístico desplaza al Medellín que vive, trabaja y paga impuestos. Que la ciudad se volvió una vitrina que muchos se quedaron mirándola desde afuera.
No obstante, la solución no es negar el turismo, eso sería un error económico y cultural. La solución es ordenarlo, regularlo y equilibrarlo:
La regulación del alquiler de corta estancia debe ser clara y estricta: registro obligatorio; topes por zonas; exigencias de seguridad; y obligación de tributar como actividad comercial y no residencial.
Frente al arriendo tradicional también debe haber incentivos como beneficios tributarios para propietarios que mantengan contratos residenciales de largo plazo.
Igualmente debe haber zonificación turística para evitar saturación en barrios residenciales. Algunas ciudades aplican “corredores turísticos” con reglas diferenciadas.
Respecto de precios justos en restaurantes y comercio debería aplicarse estrategias como transparencia tarifaria; sello de “precios responsables” para incentivar el consumo local; y alianzas entre gremios, Alcaldía y comerciantes.
Medellín no debe retroceder en su apuesta turística, pero tampoco construir la calidad de vida de sus propios habitantes. El desafío está en lograr un turismo que genere crecimiento económico, de la mano del desarrollo humano y social, sin que expulse a sus ciudadanos.
