Un llamado le hace el vicepresidente Segundo de la Asamblea de Antioquia, Alfaro García, al gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, para que no permita que la población más vulnerable del Departamento, se quede sin la atención básica en salud. La preocupación del Diputado se desprende de una decisión adoptada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
De acuerdo con una circular de la Dependencia de salud departamental, es “prudente” suspender “el proceso de contratación de la prestación de servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios para la actual vigencia”, hasta que se terminen de reglamentar los decretos de la Emergencia Social. Esto significa, según Alfaro García, desproteger en salud a cerca de 400 mil personas en Medellín y más de un millón en Antioquia, hasta el mes de junio, cuando se reglamenten los decretos expedidos bajo el amparo de los Estados de Emergencia o, en su defecto, sean declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
“No puede ser cierto que el Gobierno Departamental pretenda abandonar a su suerte a miles de familias que viven en condición de miseria, suspendiendo los contratos con las Entidades Sociales del Estado, mientras se terminan de expedir las normas originadas por los decretos de la Emergencia Social”, exclama el Diputado conservador. No le ve sentido -precisamente desde el punto de vista social- que se tome esta decisión, justificada en la afirmación de “que se están modificando las condiciones de funcionamiento del sistema de salud y, en especial, los planes de beneficio de los regímenes contributivo y subsidiado, lo mismo que las relaciones entre prestadores y pagadores…”
Alfaro García se pregunta: ¿en manos de quién va quedar la salud en Antioquia? ¿Será que el temor de muchos alrededor del propósito privatizador de la salud intrínsecos a estos decretos, empieza a materializare con decisiones como la de la DSSA? ¿Será el principio del fin de la red hospitalaria pública de los municipios? ¿Qué pasa con los recursos que tiene guardado el Gobierno Departamental? ¿Va a permitir el Gobernador que mientras se reglamentan estos decretos que fueron expedidos supuestamente, entre otras, para combatir el paseo de la muerte, la muerte se pasee por los corredores, las habitaciones y los consultorios de los hospitales de Antioquia?
Debe haber una alternativa, y esa es la obligación constitucional y legal del director Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Carlos Mario Rivera, para evitar que la crisis de la salud que se ha pretendido resolver con los controvertidos decretos de Emergencia Social, se ensañe especialmente con la población más vulnerable del Departamento.
