La concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, quien ha dedicado todo el tiempo a estudiar y a hacer control político a los temas financieros de EPM y sus inversiones en el extranjero, reconoce la importancia de que la Contraloría General de Medellín haya dado apertura al proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos generados durante la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Bonyic – Panamá, causados por un supuesto inadecuado control societario por parte de la Junta Directiva de EPM.
María Paulina Aguinaga recordó que EPM empezó la construcción de la Hidroeléctrica en 2003 con el propósito de terminarla en 2006, con un presupuesto de 50 millones de dólares. Pero la terminó nueve años después, con un costo de 314 millones de dólares: más de cinco veces lo presupuestado.
“Se pagaron recursos a los contratistas sólo con fotocopias de facturas. Y casualmente, a las mismas empresas que hoy están en Hidroituango: Integral y Conconcreto. Uno no se imagina en qué momento se autorizaron semejantes adiciones y semejantes sobrecostos”, manifestó la Concejal de Centro Democrático.
La Corporada dijo que se evidencia que la Junta Directiva de EPM no tomó la decisión de asumir acciones jurídicas contra las empresas contratistas, pese a las irregularidades probadas y demostradas, porque eran “empresas aliadas de EPM”, según precisó.
“Yo no estoy de acuerdo en la forma como el Alcalde hizo las cosas que llevaron a que la anterior Junta Directiva de EPM renunciara, porque le causó muchísimo daño a EPM. Pero también soy consciente de que muchos de los integrantes de esa Junta tenían un posible conflicto de intereses. No solo por este caso sino por decisiones muy cuestionables en otras inversiones. Hubo vocales de control que llevaban ahí 10 y 12 años en representación de la comunidad y nunca dieron un informe de gestión a la ciudadanía. Teníamos ahí a un abogado de la Junta Directiva que era, al mismo tiempo, el asesor jurídico de una de las empresas contratistas de Hidroituango (…) No se puede desconocer que la mayoría de miembros de la Junta Directiva tenía posibles conflictos de intereses”, afirmó María Paulina Aguinaga.
La Concejal agregó que no entiende cómo la Junta Directiva de EPM no tomó decisiones conforme con la obligación de cuidar los recursos de los antioqueños, pero tampoco entiende cómo la Contraloría no le dio celeridad a este proceso. Por eso hizo un llamado al Organismo de control fiscal para que no permita que su letargo no facilite que se recuperen los recursos públicos y que los responsables de las malas decisiones que terminan en detrimento, paguen por ellas.
“Estos temas son de gran preocupación, dada la magnitud de las inversiones, pues EPM se llevó para el exterior más de ocho billones de pesos en negocios altamente riesgosos y poco rentables. En mi libro ´EPM: para mañana es tarde´, hablo sobre la inversión en la Hidroeléctrica Bonyic – Panamá y de otras inversiones, con la certeza de que lo bueno o lo malo que pase con EPM, lo terminamos pagando todos los ciudadanos vía servicios públicos”, precisó la Concejal de Medellín en Sinergia Informativa.
Gracias a los debates en el Concejo de Medellín sobre las inversiones en el exterior de EPM, protagonizadas por María Paulina Aguinaga, concejal por Centro Democrático, y Luz María Múnera, concejal por el Polo Democrático Alternativo, se le solicitó a la Contraloría General de Medellín una auditoría especial a la Hidroeléctrica Bonyic, la cual se hizo en febrero de 2017 y cuyos resultados se dieron a conocer en febrero de 2018. Casi tres años después, se hizo apertura del proceso de presunta responsabilidad fiscal contra Aníbal Gaviria Correa, Juan Esteban Calle Restrepo, Alberto Arroyave Lema, Andrés Bernal Correa, Beatriz Restrepo Gallego, Gabriel Ricardo Maya, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Manuel Santiago Mejía, Rubén Fernández Andrade e Hidroecológica del Teribe S.A., representada por Esteban Barrientos Moreno.
