Por: Jaime Fajardo Landaeta
“¿Será que los jueces quiebran la salud?”, se preguntó de manera grandilocuente el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, en el reciente congreso del gremio celebrado en Medellín. Allí llovieron las críticas contra los jueces y las altas Cortes de Justicia, acusadas de atentar contra la sostenibilidad del sistema de salud.
A las críticas se sumó el Ministro de Protección Social (deberíamos llamarlo de “Protección de los potentados y de los estafadores del sistema de salud”), para rematar: “Tenemos que aprender a conjugar el no”. Para Diego Palacio el tema relevante no son los 700.000 o 900.000 millones de pesos que están pendientes de pago por recobros o por tutelas, porque el sistema carece de recursos para ello.
De ahí las preguntas del congreso gremial: “¿Qué va a pasar si los jueces ordenan seguir pagando?, ¿será que habrá que ir al Congreso para que se apruebe un incremento a las cotizaciones para la salud?” Tal despropósito solo puede surgir de personajes carentes de sentido social y que pretenden desconocer los años de infamias e indolencias a que ha sido sometido el sistema de salud por parte del Estado. Situación que empuja a los ciudadanos a acudir a los jueces, por la vía de la tutela, como único mecanismo para hacer valer sus derechos en este y otros campos.
El Presidente de la Andi y el “Ministro de los Potentados” parecen ignorar que no es allí donde reside el problema. Algunos jueces se habrán equivocado, pero ello no demerita ni le quita alcance y valor a las tutelas ni a las consecuentes decisiones.
En mi criterio y en el de muchos gremios del ramo, el problema es que diseñaron un plan obligatorio de salud (POS) de un bajo perfil epidemiológico, que tiene que actualizarse con frecuencia para incluir procedimientos y medicamentos no reconocidos inicialmente.
Ahora bien, el Invima mantiene un escaso control sobre los medicamentos genéricos, lo que obliga a que se acuda a los de marca. Muchos de los que les formulan a los pacientes de bajos estratos son ineficaces en el 90% de los tratamientos, así que su impacto sobre la salud es mucho más perjudicial.
La intermediación, otra vena rota, es práctica tan extendida y entraña tanta corrupción que hasta el 20% de los recursos se van para administración, cuando la ley dispone un porcentaje mucho menor.
De otro lado, la pauperización de la mano de obra de los trabajadores de la salud es cada vez más alarmante, al presionarlos para que tomen dos o más empleos, por lo general de baja remuneración. En muchos casos el médico funge como agente económico al limitar el acceso del usuario a medicamentos de calidad. Además, se fijan topes para el número de exámenes autorizados para un paciente y a veces se niega el acceso a los especialistas so pena de que el médico tratante pierda el empleo. Que existan profesionales del ramo devengando menos que un tecnólogo o aprendiz es sintomático del desprecio por esa noble actividad.
Por último, existe una perversidad que no se combate y que concreta el saqueo de los recursos del sistema de salud, con la complacencia de los gobiernos: la participación de los grupos ilegales en el manejo de empresas del sector. Se dan casos en que amigos del Gobierno les entregan verdaderas patentes de corzo a personas vinculadas con la delincuencia y el narcotráfico. De ese modo la salud y el sistema de salud se desangran, en detrimento de la atención que demandan los usuarios.
En síntesis, el presidente del Andi y el “Ministro de los Potentados” deberían buscar a los enemigos de la salud en otra parte y no en las garantías constitucionales que como la tutela protegen a los usuarios de los criminales que se apropian de tales recursos. Que se ocupen también de muchos gremios económicos que no pagan oportunamente las contribuciones del caso.
Punto final: Los invito a votar el próximo 27 de septiembre por la lista No 03 a la dirección departamental liberal de Antioquia.
