El siguiente es el documento que el presidente del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, entregará al candidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez, después de cuya lectura y aprobación por parte del aspirante presidencial por la coalición “Equipo por Colombia”, los liberales oficializarán su apoyo en vez de a Gustavo Petro:
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“Hay varias maneras de ver, desde distintos ángulos, la Colombia de hoy para identificar qué le espera a un nuevo presidente. El partido liberal ha completado su recuperación frente a los errores históricos que cometió en la segunda mitad de la década de los noventa, hemos retomado nuestras mayorías en el congreso, nuestra capacidad reformista, esta vez de cirugías mayores, para apoyar los sectores sociales más débiles. En esta década, el liberalismo se ha mantenido en la línea de señalar los problemas estructurales de Colombia con reformas, pues la derecha ha estado inclinada al autoritarismo desde entonces.
Haber cortado con el ímpetu reformista que se inició con la Constitución de 1991 hizo que los problemas de ilegalidad, desigualdad e informalidad crecieran hasta convertirse en epidemias para las que el país no encuentra soluciones y se limita a evadir. Esta situación se representa en que Colombia tiene hoy 3 millones de pobres más, esto es hoy 2 de cada cinco colombianos.
Pero a los liberales nos ha faltado coraje, la nuestra ha sido una posición tibia, sin la fuerza transformadora e imperiosa para tener una Colombia justa, equitativa y dispuesta a darle a esta nación el brío necesario para transformar la realidad, a una de la que nos sintamos orgullosos, un país que le dé una vida digna cada colombiano.
A continuación, se mencionan una serie de temas e ideas, que el próximo gobierno deberá considerar, reflexionar y examinar, si queremos generar un verdadero cambio de rumbo en nuestro país.
COLOMBIA Y LA CONSTITUCION DEL 91
La paz fue el origen de la Constitución del 91, un tratado que alcanzó para llegar y culminar la negociación con las FARC. Antes se había hecho la paz con el M19 y cinco grupos más. La nueva Constitución fue generosa en derechos para todos los colombianos; para las minorías religiosas, sexuales, étnicas y para enfrentar todas las formas de discriminación. Lo que se nos viene como una tarea ineludible e inmediata es desarrollar los derechos sociales por medio de leyes estatutarias. La Corte Constitucional ha interpretado esos derechos fundamentales de una manera muy conforme con los principios del liberalismo. Principalmente los derechos de las minorías, que ha sido una tarea histórica del liberalismo y con la que estamos indeclinablemente comprometidos.
Estamos en la tarea de construir una agenda en la que la prelación absoluta es la igualdad. En este periodo presidencial hemos chocado con un gobierno al que solo le interesa la economía formal y que han dejado en la vera del camino los indígenas, los afrodescendientes, los estudiantes, las mujeres, los sindicatos, los maestros y los campesinos. A ellos el gobierno les dio la espalda. Nos dolió que el proceso de paz lo vio el gobierno y su partido con desdén, como un estorbo. Con este gobierno no comenzó la transformación de la sociedad colombiana que debía comenzar con la aplicación del Acuerdo. El empleo no reacciona porque prácticamente dejaron desaparecer las compañías medianas y pequeñas de la economía, por la carencia de apoyo en la pandemia. Los trámites para acceder a recursos eran casi inalcanzables.
Estamos terminando un gobierno que muy poco ha hecho para mejorar nuestra economía, para promover la justicia social, para desarrollar el potencial de las regiones. Nada hizo para reducir la desigualdad. La solución estándar para cada sector o problema era entrégales los recursos de las reformas tributarias a los más ricos, tan escondidos de los ciudadanos como fuera posible.
CULMINAR EL PROCESO DE PAZ
El tema de culminación del proceso de paz debe merecer toda la atención de partidos y candidatos. Fue necesario un gran esfuerzo, con colaboración internacional del plan Colombia y la conformación de la Fuerza Pública más grande, mejor dotada y entrenada de América Latina, para convencer a la guerrilla de que la sociedad colombiana estaba en pie de guerra para derrotarla. Hay que culminar el proceso de paz. Se desmovilizaron 12.000 guerrilleros, pero no hemos resuelto ninguno de los conflictos rurales que han generado centenares de miles de muertos a lo largo de varias décadas.
El acuerdo señala que todo aquel que haya sido víctima de intimidación está exento de responsabilidad. Es un gran instrumento que facilita resolver el problema de muchos hacendados y otros civiles para vincularse al proceso de paz, y así abrirle paso a su incorporación de los terceros. Para ello se necesita solo que la fiscalía general de la Nación liste los empresarios y empresas intimidadas, y no necesariamente a solicitud de estos. Hay que resolver con esta facultad todos los problemas que se puedan presentar, para hacer eficaz el plan de paz que está a media marcha.
Es difícil entender como algunos altos funcionarios convencieron los hacendados de permanecer en la justicia ordinaria. Ese fue un pésimo consejo, ya que, en esa jurisdicción la Corte Suprema y los jueces han actuado con la severidad debida con todo aquel que pretenda hacer justicia por mano propia, o haya acudido a las armas en los conflictos rurales que quedaron vivos en Colombia después de la desmovilización de las FARC, sin posibilidad de ofrecer verdad, reparar y, por tanto, no pueden obtener los beneficios penales del proceso.
También, hemos llegado a la absurda situación en que, la falta de autoridad y decisión de las fuerzas policiales hacen que se culpe de todos los problemas de seguridad a los alcaldes, con el peregrino argumento de que ellos son los jefes de la policía locales. Esto no es verdad. Ellos cumplen algunas funciones de policía, más no son los jefes de esa policía local. La falta de autoridad reinante es dramática, y la detención de unos peligrosos narcos, aunque es bienvenida y felicitamos nuestra Fuerza Pública, no resuelve los acuciantes problemas de seguridad que sufren de manera dramática millones de los colombianos.
En Urabá quienes desde el Fondo Ganadero de Córdoba siguen disfrutando de miles de hectáreas, como ya lo describió con detalle la semana anterior un testigo ante la JEP. ¿Cuándo se va a hacer justicia? ¿Qué cirugía hay que hacer para corregir esta situación consecuencia del paramilitarismo en el Fondo Ganadero de Córdoba? ¿Será tan difícil aplicar justicia?
Si esto no se hace, la violencia en el campo no solo continuará, y más bien se incrementará, como lo hemos observado en las masacres que han ocurrido a lo largo de los últimos años. El incremento del número de muertos por año ha sido considerable. La discusión no puede centrarse exclusivamente en si el gobierno Duque ha cumplido o no los acuerdos de paz. O en que si Duque cumplió más que Santos.
Hay que preguntarse como culminar el proceso. Santos dejo los terceros en la justicia ordinaria. Duque trato de suspender la creación de las curules de paz por iniciativa del secretario general de la presidencia. Para no hablar de sus objeciones a las funciones de la JEP. Aún con información equivoca sobre el Consejo de Seguridad y el secretario general de Naciones Unidas, que se han comprometido con el acuerdo, no se los puede considerar culpables de lo que está ocurriendo en Colombia en materia de violencia contra lideres sociales. Y esto vale aun para los Estados Unidos, que tuvo su representante en la mesa de negociación, y que promovió́ y avaló lo allí́ acordado. A pesar de las opiniones de la canciller, el Departamento de Estado debe estar la altura de sus compromisos, aunque la política del gobierno Biden también parece condicionada por las elecciones en Florida.
En el orden interno no hay tema que le duela más a los sectores contestatarios que el de la paz. Por fortuna, el presidente frenó, luego del desatino del secretario de la presidencia, de pedir la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reconocer las curules para las víctimas. Oponerse a ello, después de la decisión judicial, significaba un portazo definitivo al acuerdo y una actuación claramente inconstitucional.
COLOMBIA Y EL PARO
Colombia atraviesa por uno de los periodos más críticos del último siglo, una crisis comparable con la que origino el narcoterrorismo de Pablo Escobar, o el asesinato de Gaitán y el de Galán. Tenemos que reaccionar de nuevo, como entonces, sin respuestas autoritarias y populistas sino con respuestas democráticas. Infortunadamente gobiernos de origen distinto al liberal no aprovecharon las altísimas tasas de crecimiento de la década que terminó con la crisis del 2009 para tener una política social mucho más acorde con las necesidades de nuestro pueblo.
Estamos además sufriendo una crisis inflacionaria que no vivíamos hace varias décadas, y algunas de sus razones son conocidas. A las políticas del Banco de la República hay que sumar medidas efectivas para incrementar la oferta, sobre todo de alimentos. El gobierno dejara un inmenso hueco Fiscal que va a exigir medidas muy severas para taparlo. El problema que el próximo gobierno va a heredar es gigantesco y la política de Duque de una gigantesca irresponsabilidad. En todo caso en las decisiones fiscales que se tomen para enfrentar estos enormes desafíos y problemas, los recursos deben tener un origen sano, especialmente para enfrentar los problemas en salud y pensiones. No se pueden financiar con recursos provenientes del Banco de la República, los que demandaría unanimidad en la junta del banco y crearían enormes problemas adicionales. El gobierno no usó este recurso con la pandemia, cuando se justificaba como una medida transitoria, a diferencia de otros países.
Y queremos dejar claro: no puede haber solo promesas sino compromisos, firmes de tomar decisiones dentro de nuestro estado de derecho, con total respeto por la separación de poderes y la autonomía judicial, y dentro de las competencias de nuestros organismos de control. No es con artificios engañosos que vamos a resolver los problemas sociales más urgentes. Nada de propuestas de los candidatos que en pocos días desaparecen por su ilegalidad o desconocimiento de nuestras normas constitucionales.
Y las reformas que reclama hoy el país son profundas. Se necesitan cirugías mayores. Es indispensable depurar la política y recuperar la credibilidad del quehacer político. Pero, además, es indispensable enfrentar la captura soterrada de algunas entidades del estado por parte de mafias y organizaciones criminales, al parecer, con la complicidad del gobierno.
LOS QUE PROTESTARON NO ERAN TERRORISTAS
La declaración del ministro de Defensa durante el paro de que la obstrucción de cualquier vía pública era terrorismo fue terriblemente equivocada, y generó enormes dificultades a la justicia, que tendría que abrir miles y miles de procesos. Aun creemos que esas declaraciones pudieron conducir a abusos de la fuerza pública, o de civiles armados amparados en la declaración del ministro como ocurrió en Cali.
En un par de veces en que se alteró el orden público en el Cauca, el gobierno encabezado por el Mindefensa decidió enviar batallones y brigadas. Cuando hay enfrentamientos en el Cauca se necesitan más negociadores que batallones o nuevas brigadas. Sigo sin creer que intimidar las protestas con amenazas le sirve a la sociedad y al gobierno. Eso es echarle leña al fuego.
Los casos más graves de abusos policiales ocurrieron en Cali y todos ellos se deben investigar y sancionar, cuando se compruebe incumplimiento de los protocolos policiales. Queremos dejar claro que la simple ofensa o expresiones insultantes no le dan a un policía el derecho a matar. Solo lo puede hacer si está en peligro inminente su vida. Como lo han dicho nuestras Cortes.
Esperamos que nuestro Próximo presidente respete la vigencia del artículo de nuestra Constitución que hace prevalecer las normas de los convenios internacionales de derechos humanos, de los que ha hecho parte Colombia sobre el régimen interno. Las decenas de muertos que se produjeron en Colombia fueron un caso excepcionalísimo y en nada se parecen a lo ocurrido en otros países donde hubo protestas similares.
RENTA BÁSICA Y CAMBIOS EN LA TRIBUTACIÓN
La débil situación económica ocurrida durante la pandemia, en gran medida consecuencia de un ministro de Hacienda que hizo totalmente a un lado los intereses de los más débiles, marginados y discriminados de la sociedad colombiana, para rodear de privilegios y beneficios a los ricos y poderosos. En esta reprobable tarea tuvo el apoyo de la débil coalición de gobierno, construida a base de abundantes beneficios burocráticos y despilfarro sin límites de los recursos públicos. El gobierno y sus aliados han olvidado las necesidades de austeridad y asignación sana y prioritaria de los escasos recursos del Estado. La profundización de la corrupción en la contratación pública, sin duda, nos ha puesto como una Nación al borde de ingresar a una unidad de cuidados intensivos sin cuerpo médico que la administre. Cada día las acciones públicas se alejan más de nuestras necesidades y problemas como población agobiada, que observa con sorpresa los juegos pirotécnicos para entretener la galería.
En la asignación de los subsidios hay una alarmante falta de criterios para evitar el fraude; hay desidia para proteger los recursos públicos. El Ministerio de Hacienda insiste en minimizar tramites en el Congreso para manejar los subsidios con toda la libertad, violando la letra y el contenido literal de la Constitución. Para acceder a los subsidios no hay requisitos claros, no hay montos definidos, no hay sanciones a quien otorgue beneficios sin los requisitos. Los subsidios representan ya un 11% del PIB y cerca del 60% se destina a población no pobre. Su mejor manejo, conforme a la Constitución, es fundamental para acometer la tarea de financiar las necesidades de los pobres, de los desvalidos, de los trabajadores informales, de los campesinos sin tierra.
El ingreso solidario tiene que ser nuestro principal objetivo. Hay que establecer el ingreso básico familiar para todos los que van quedando atrás, sobre todo los que queden por debajo de la línea de pobreza. Hay muchas cifras y promesas, pero estas no sirven si no se define cual va a ser la financiación. Los liberales queremos proponer la ampliación del programa jóvenes en acción, de quinientos mil beneficiarios a 3 millones de jóvenes, para que les ayude a su manutención y les abra posibilidades de formación para el trabajo.
En el esfuerzo para obtener los recursos para la renta básica, es importante establecer una tributación eficaz para las personas naturales adineradas que pagan poco en comparación con las empresas. Hay que cerrar tantos huecos que tiene el Estatuto tributario, que esconde las tarifas reales de tributación, muy inferiores a las nominales, y a las que dicen que pagan las personas con bienes de fortuna, en comparación a casi todos los otros países Latinoamericanos. Debe asegurarse que se cobre a los empresarios y empresas que están gravados de manera más favorable en otras jurisdicciones. Se podría justificar también la venta de algunos activos del Estado, pero no con el método Carrasquilla, de vender todos los activos a la vez. Hubo varios casos discutibles en sus propuestas como el Fondo Nacional del Ahorro o el Banco Agrario. Afortunadamente ninguna de estas propuestas tuvo tramite en el Congreso. Se puede considerar también la introducción de un impuesto mínimo de renta para las empresas, que permita mejorar sustancialmente la equidad en la tributación. La muy abultada expansión burocrática, supuestamente para que contribuyera a la recuperación, también debe ser racionalizada. La plata de los impuestos no debe financiar el desperdicio.
SISTEMA DE SALUD
Colombia es el país de mayor cobertura entre todos los países emergentes, y mejor que varios de los industrializados. Cubre el 95% de la población. Funciona con los recursos que pagan todos los trabajadores. En el caso del servicio de salud esto se ha hecho por sentencias de la Corte Constitucional, pero ya se va llegando la hora de que el sistema sea administrado por el Ministerio de Salud y no por los jueces. La Superintendencia de Salud debe tener funciones tan amplias como las de las otras superintendencias. Las tutelas de salud representan cerca del 30% de todas las que hay en trámite.
La culpa de algunos problemas de nuestro sistema de salud es de los gobiernos que nunca hicieron su trabajo de supervisión y control del sistema. El próximo gobierno debe poner su capital político al servicio de reformar los grandes desvíos, los muchos abusos que aún se cometen por haber dejado cartelizar el sistema, aceptar la integración vertical y la debilidad de los controles públicos. Nada de raponazos para feriar los recursos de la salud. Para hacer prevención no es necesario cerrar todas las EPSs y dejar la mayoría de los ciudadanos sin el servicio de salud.
SISTEMA PENSIONAL.
Los ahorros que se han constituido desde que se creó el sistema, son propiedad de los trabajadores. No son recursos públicos. Llevarse la plata de las pensiones sería una confiscación sin indemnización a millones de ciudadanos. En cuanto a los subsidios de las pensiones de Colpensiones, ellas llegan a los ciudadanos con mayores recursos. Es hora de ponerle un techo a cómo se van a distribuir los recursos nuevos que se deben obtener para permitir la jubilación de los excluidos, que ya son muchos, y representan un problema de una altísima prelación. Los retiros anticipados de fondos agudizan el problema de las pensiones, y afectan a los más desposeídos a través de una mayor inflación.
VIVIENDA
El déficit de vivienda afecta a 5,1 millones de hogares colombianos, de los cuales 2,3 millones habitan en suelo rural (46,3%). Según el censo de población y vivienda (DANE, 2018), el déficit cualitativo afecta al 57,3% de los hogares rurales que tienen carencias en servicios básicos como agua para cocinar (35,9%), recolección de basuras (31,8%) y alcantarillado (26,3%). A pesar de los avances realizados en los últimos años, el déficit de vivienda rural presenta retos mayores que pueden llegar a ir más allá de las capacidades del Estado.
Los denominados cuellos de botella que enfrenta la aplicación de la política vivienda rural siguen evidenciando la baja capacidad técnica instalada, lo que sumado aspectos como la dispersión de hogares rurales a lo largo y ancho del territorio nacional dificulta su implementación , en parte por la Información de baja calidad y la disponibilidad sobre los costos de transporte y construcción de vivienda en suelo rural, la poca experiencia de los actores en la construcción de vivienda rural, así como el poco uso de materiales tradicionales y sistemas constructivos en cumplimiento a normativas vigentes.
Persisten entonces una serie de retos que van desde lo financiero hasta lo técnico, que aún no permiten materializar el derecho a la vivienda digna (tal como lo consagra el artículo 51 de la constitución). Es por ello por lo que, se hace necesario avanzar en garantizar no solo la seguridad jurídica del derecho de propiedad, sino la implementación de un catastro rural que más allá de los beneficios fiscales, facilite la formalización de la tenencia de la propiedad rural, el otorgamiento de subsidios, la titulación de baldíos y la restitución de tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado.
CAMBIO CLIMATICO
No hay duda de que las medidas propuestas en la Reunión de Glasgow de descarbonizar la economía mundial deben acatarse, pero no debemos ser el primer país en aplicarlas, antes de que lo hagan los principales contribuyentes a la contaminación y el cambio climático Estados unidos, Rusia, China, Brasil, India. Esta semana los Estados Unidos anunciaron el reinicio de la exploración de petróleo y gas en su territorio. Colombia debe aprovechar los altos precios de carbón, petróleo y café, para ajustar sus finanzas públicas y financiar las erogaciones fiscales, con el fin de atender las necesidades de los que realmente lo necesitan.
ORINOQUIA
Sea esta la oportunidad para decir que en el desarrollo de la Orinoquia estamos sacrificando un potencial mayor que el de la minería y el desarrollo de los recursos energéticos. Son tierras de la misma calidad de las Del Cerrado en Brasil, que necesitan tratamientos similares a los de Brasil y que pueden representar 8 millones de hectáreas para uso agrícola, si se descuentan los dos millones de hectáreas que hay en humedales. Hoy solo cultivamos en toda Colombia 5 millones de hectáreas. Pero hay que comenzar por conseguir un artículo de la constitución que autorice un estatuto que no solo se refiera a los tamaños de tierras, sino a la dotación de servicios públicos, a la protección ambiental que no permita contaminar el Orinoco, tratamiento tributario especial, legislación laboral y conseguir la navegación por el Orinoco para las producciones en Vichada. Hay que tener presente que el uso de estas tierras está convirtiendo a Brasil en el segundo exportador mundial de alimentos del mundo. Es el momento de la revolución de la Orinoquia.
REFORMA POLICIAL
Si queremos fortalecer la policía. Lo primero que tenemos que hacer es rechazar las actuaciones abusivas. No sirve de nada utilizar como pretexto el debido proceso, que claro que se debe cumplir, pero no para demorarse en condenar los hechos. En el caso de los diez civiles muertos en el paro del 2019, el gobierno no se tomó la molestia de iniciar investigaciones, y si lo hizo en dos casos, a pesar de que no hubo policías muertos ni heridos, y donde simplemente se trataba de retomar unos CAIs al terminar el día.
Colombia necesita policía como pocos países, y no hay como reemplazarla, en la lucha antinarcóticos tiene un enorme prestigio internacional. En los momentos de mayor gravedad de alteraciones de orden público es cuando más estricto hay que ser en el cumplimiento de los protocolos del uso legítimo de la fuerza del estado. Los errores cometidos por el ESMAD no justifican su desaparición, porque habría que crear un mecanismo similar. Cuando los directores no cumplen o no quieren cumplir su deber, no son los policías los responsables, sino sus jefes. Nada justifica la violencia contra manifestantes o miembros de la fuerza, ni la afectación a bienes públicos o el saqueo a comercios. Fue oportuna la actuación del Fiscal general de la nación durante el paro. Era en extremo necesaria. Tenía que profundizarse para lograr resultados rápidos en todos los casos de muertes en el marco de las protestas.
La imagen de nuestra policía será difícil de mejorar pronto y su reforma es imprescindible. Recuperar su prestigio nacional e internacional va a ser una tarea larga y difícil pero urgente como ninguna. No puede haber ninguna duda que al gobierno le preocupan la vida de los ciudadanos tanto como la de los policías.
La condición de civil del ministro de defensa es precisamente para eso, para servir de control de la actuación de la policía, si fuera para dirigir operaciones es mejor un oficial preparado para esto. La impresión que se tenía de nuestra parte es que era necesario un ministro que fuera capaz de medir los peligros a enfrentar, y que impusiera una política que no siguiera agravando la amenaza de rebelión. Insistir en cerrar cualquier vía pública era un acto de terrorismo, lo cual podía facilitar la acción paramilitar como todos lo vimos por televisión.
Pero Mindefensa nunca se plegó al lenguaje presidencial, que era el que tenía fundamento constitucional. Prefirió seguir con su lenguaje a pesar de los enormes peligros que ello conllevaba. La orden a la fuerza pública de despejar todas las vías públicas se dio en un momento en el cual la vía Panamericana estaba cerrada por los indígenas en cuatro puntos. Personalmente llamé al presidente Duque para plantearle que las protestas del Cauca no las podían enfrentar dándole órdenes a la Fuerza Pública indiscriminadamente, donde había problemas de tierras entre los Ingenios y los indígenas, conflicto de décadas. La inmensa mayoría de las personas que protestaron en Cali querían paz y no guerra, y se necesitaba un ministro que usara un lenguaje de paz, no que incitara a la confrontación. Los ciudadanos esperaban eso y no lo contrario.
Considero que el ESMAD es necesario, pero es urgente que tenga una cabeza que garantice que la gran cantidad de problemas que se han presentado se corrijan de inmediato. El solo rumor de que esta política está en duda crea enormes dificultades para los participantes de cualquier protesta y para muchos más, incluido el partido liberal y la opinión internacional.
EL COMBATE A CULTIVOS ILICITOS
La solicitud de fumigar con glifosato era de la administración Trump. Dudo mucho que sea de la administración Biden, y muy pocas personas en el mundo saben de este tema como el presidente actual. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos le pidió a la Oficina del Congreso que evaluara el Plan Colombia y lo hizo con un enorme rigor, que se apoyó en el general Clark, jefe del Comando Sur y luego candidato presidencial, y que conocía al detalle todos los graves incidentes militares al comienzo del gobierno Pastrana, incidentes en los que sistemáticamente veníamos perdiendo. Lo supe porque tuve con las extensas conversaciones, cuando viajamos de Washington a Brasilia para poner fin a los graves incidentes militares
Recientemente la Comisión de Política de Drogas del hemisferio occidental (Western Hemisphere Drug Policy Commission [WHDPC]) publico las conclusiones sobre el plan Colombia. Donde había sido eficaz en la lucha antisubversiva, pero no en la lucha contra el narcotráfico. Un estudio de la Universidad de los Andes indicó que la eliminación de una hectárea de coca con glifosato cuesta cerca de US $ 70. 000.dolares por hectárea, como consecuencia del número de veces que es necesario fumigar para garantizar por unos años su desaparición. Y ello en realidad solo se puede hacer en tierras planas como las de la Orinoquia y no en las cordilleras.
Esta decisión de fumigar con glifosato es más que inconveniente, porque menoscabar el presupuesto del Ministerio de defensa, en magnitudes no conocidas, parece muy equivocada, y en todo caso, no debe realizarse sino con recursos externos, y cumpliendo las restricciones que puso la Corte Constitucional. Pero a hoy, el gobierno no se sale de esa política de la fumigación con glifosato que nunca va a realizar, pero que le permite decir que si tiene una política así sea inviable. Y esto ocurre cuando la producción de coca de Colombia crece de manera exponencial y no conocemos su destino. Puede haber crecido hasta 800 toneladas.
La idea de que el glifosato hace daño a la salud humana es bastante contundente en Estados Unidos, donde se han dado negociaciones entre Estados y los fabricantes de Roundup, por un valor de varios miles de millones de dólares. ¿No será esto suficiente para probar que tiene enormes riesgos, ya comprobados, de que afecta la salud? También se han impuesto multas significativas en otros países europeos.
POLITICA EXTERIOR.
Nunca hemos entendido por qué solo hasta ahora al finalizar el gobierno, convocan la Comisión Asesora. No necesitamos explicaciones en este momento de por qué el gobierno no citó nunca la Comisión Asesora, y no es porque no hayan tenido problemas serios en relación con Nicaragua, Venezuela, y la administración Trump. No creemos que el presidente y la Ministra fueran muy versados en estos temas. Creo que el incremento en la producción de cocaína y el cambio de la relación de Estados Unidos con Venezuela son temas que no se deben ignorar. No nos basta, como se nos ha informado, que nos hablen sobre el cumplimiento no por parte de Colombia de la decisión de la Corte Interamericana en lo que tiene que ver con Nicaragua, aunque no parece que estemos en la mejor posición.
SEGURIDAD.
Colombia ha consolidado algunas políticas de seguridad iniciadas en dos gobiernos anteriores, y se nos ha dicho que hoy tenemos la fuerza pública más numerosa y mejor entrenada de América Latina. Eso nos implica gastos en defensa y seguridad que proporcionalmente al producto interno son similares a los de los Estados Unidos, y uno de los porcentajes más altos del mundo. Lo más importante hoy es la interdicción, y en ello Colombia y nuestra fuerza pública hacen una tarea excelsa, superior e incomparable a la de cualquier país. No es comprensible que el presidente Duque haya callado cuando el presidente Trump dijo que en pocos meses la exportación de cocaína había aumentado 50%. Fue un simple chantaje para que el gobierno de Colombia aceptara fumigar con nuestros propios recursos.
En materia de narcotráfico capturamos decenas de veces más droga que la que capturan los organismos norteamericanos en la frontera con México. Me pregunto yo, quién será el que se está quedando corto en sus logros para reducir el consumo o para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos. Hemos defendido y agradecido en Colombia la cooperación militar con Estados Unidos, y habrá que pedir de nuevo su colaboración para entender como está creciendo el número de muertos por año, y como crece la producción de coca a pasos agigantados. Y qué nuevo papel juegan los carteles mexicanos. Como también cuál es el destino de esa coca ¿Será que nos quieren llevar de nuevo a comprometer los recursos públicos en armas y en nuevo pie de fuerza para contrarrestar el crecimiento vertiginoso de nuestra producción? Ni más faltaba. No aceptamos ser el policía del mundo por la cobardía de unos cuantos gobiernos, que para no reconocer el esfuerzo descomunal que realizamos, pretenden que Colombia se desangre porque ellos no se atreven hacer lo que les corresponde.
Las amenazas de descertificación en el gobierno Trump fueron un despropósito mayúsculo, así acá hayamos descuidado el control de los cultivos que ya en las montañas difícilmente se pueden erradicar, además es una actividad costosa, peligrosa y con pocos efectos sobre el tráfico de drogas y de escasos réditos sociales. Siempre hay abundancia de hoja de coca. Si será que usaríamos bien nuestros recursos gastando 70 u 80 mil dólares para fumigar y destruir una hectárea de coca, destruir nuestro entorno natural para arrebatarles la comida de la boca a miles de campesinos raspachines, que inmediatamente empiezan sus siembras de nuevo. Si será que es siquiera posible en nuestras montañas, erradicar hoy los montes plagados de coca por debajo de otros árboles o cultivos.
REFORMA DE LA JUSTICIA
El liberalismo no se puede plegar a la idea según la cual ningún área de nuestra justicia funciona, y no debe tomar responsabilidad por las reformas judiciales fallidas y mal concebidas. En la justicia el ejemplo más sobresaliente de lo que hemos dejado como ruta en la Constitución es la acción de tutela, que le da eficacia y vivifica la generosa Carta de Derechos. La tutela es un tipo de control, único en el mundo, para asegurar la supremacía de la Constitución, cuya eficacia hay que extenderla al resto de las áreas de la justicia, con más oralidad y menos formalismo; plazos más perentorios y con el principio de oportunidad; con el uso masivo de tecnologías de la información en los procesos laborales y eventualmente con las conciliaciones, los tribunales de arbitramento y más justicia administrativa. Y esto hay que hacerlo área por área, y no proponiendo el cambio de muchos artículos de la Constitución.
También en materia de justicia y con la adopción del sistema acusatorio y la creación de la fiscalía general, hemos dado saltos con zancos para disminuir la impunidad, hacerle frente a la terrible dinámica que ha generado la mezcla del conflicto armado, el terrorismo y el tráfico de drogas. Y con la Fiscalía a la cabeza seguiremos en la batalla contra todas las formas de criminalidad. Y ojalá con el necesario apoyo de nuestra Fuerza pública.
Hoy los corruptos y los delincuentes de cuello blanco le temen a la Fiscalía. Ya no se puede decir que la justicia de Colombia solo sanciona a los de ruana. Ese estigma en su momento lo rompió la Corte Suprema en el proceso 8000 y castigando severamente la intromisión de los paramilitares en nuestra política, donde sentó sanciones contundentes. Es obligación de nuestro aparato judicial darle más atención al tema del racismo. En cuanto a los derechos de la mujer, por ejemplo, debe asegurar que efectivamente la igualdad en el empleo, la igualdad en las condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad en la participación en los cargos públicos y privados, igualdad de pagos por tiempo trabajado frente a los hombres. También la debe proteger efectivamente de los problemas de violencia intrafamiliar.
Tenemos también que hacer más para dignificar la acción de nuestros jueces, y una política criminal con vocación de permanencia que ha brillado por su ausencia de tiempo atrás, el partido debe estar firme en la defensa de la independencia judicial. Ella es un baluarte de la tradición jurídica, tan temida hoy por quienes han violado la ley. Es el prerrequisito de un sistema de frenos y contrapesos real y efectivo, sin el cual se empezaría a desmoronar el principio de la separación de poderes. Senadores y representantes liberales aseguraron que harán énfasis en que la reforma facilite el acceso de los ciudadanos a la justicia, y por tanto propondrán que se garantice que en todos los municipios de Colombia haya al menos un juez, y que los jueces especializados no se concentren en las ciudades capitales como es hoy.
El Partido Liberal propondrá que se adopten incentivos para que jueces y fiscales de las más altas calificaciones se establezcan en municipios que hoy no cuentan con un servicio de calidad. De la misma manera el liberalismo procurará que los límites que se proponen para los salarios de los altos funcionarios del Estado no afecten el servicio de la justicia, y se compromete a garantizar que se complete la nivelación salarial de jueces y funcionarios judiciales, que está pendiente hace décadas.
Es necesario garantizar las apropiaciones presupuestales para fortalecer la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la infraestructura judicial para facilitar la implementación de los códigos de procedimiento contencioso administrativo que se aprobaron hace más de cinco años, sin que se haya dotado a los jueces para hacerlos efectivos.
Este es un país democrático que no va a hacer una revolución por contrato, sino la paz en la que vamos a aplicar la justicia transicional, que nos permita empezar de nuevo a construir entre todos la democracia que queremos, sin armas, sin intimidaciones, sin extorciones veladas. Los demás pensamientos febriles y alucinantes que pretenden desconocer los acuerdos encontraran una realidad inescapable y tozuda. Encontraran una Corte Constitucional que no se los va a permitir. El Congreso de Colombia será el escenario de las transformaciones institucionales que se han pactado con las FARC. Algunos alegan que hoy las encuestas marcan el rechazo a la paz. Olvidan el final del gobierno de Carlos Lleras, de López Michelsen o el de López Pumarejo, lo que importo para que quienes ejercieron la presidencia cumplan con sus tareas de gobernante y será la historia la que los juzgue.
EDUCACIÓN
Colombia necesita derrotar la desigualdad. Solo las vamos a derrotar con buena educación y con el decidido apoyo a esos jóvenes que vimos marchando. El país necesita un sistema educativo que preserve y acelere los aumentos de cobertura en secundaria, también se necesita encarar la tarea de la calidad y de la pertinencia de nuestro sistema. La calidad de la educación primaria y secundaria es muy deficiente como lo han señalado los organismos internacionales. Para ello es necesario hacer más evaluación, someternos a los estándares internacionales, comprometer más a los educadores, dignificar su profesión, y hacer de todo ello un propósito nacional para lo cual se necesita mucha más voluntad política.
De igual manera, programas como Ser Pilo Paga y Generación E han tenido una buena intención como mecanismos de lucha contra la desigualdad en materia de educación. Sin embargo, deben reestructurarse, con una visión que incluya tanto a las clases bajas como medias, y con una prioridad de ingreso de los estudiantes a las universidades públicas. De igual forma, es fundamental asegurar la conectividad a internet de los estudiantes en las zonas alejadas del país, sin que se desaparezcan los recursos, y con miras a una educación basada en un entorno digital.
Por otro lado, es imperante la necesidad de una educación bilingüe primaria y secundaria tanto en instituciones públicas como privadas, si Colombia quiere una fuerza de mano de obra calificada para los desafíos del futuro, es necesario incluir el inglés como idioma de aprendizaje obligatorio para jóvenes y niños en los colegios. De igual manera, se debe enfatizar en la enseñanza de lenguaje de programación básico en las instituciones educativas, ya que son herramientas necesarias de las que hay que dotar a la juventud, para llegar a potencializar en el futuro una industria digital en Colombia.
Se dice en uno de los documentos de la Misión de Sabios que hay al menos tres aspectos en los que el mundo actual es diferente al de 1994. El primero es el progreso acelerado de diferente tecnología. El avance de la banda ancha para internet y de conectividad a través del internet de las cosas ha reconfigurado numerosas cadenas de valor y ha habilitado la creación de negocios en plataformas. Las posibilidades de las tecnologías convergentes para solucionar problemas y crear valor económico y social son gigantescas.
El segundo es la evidencia creciente sobre los impactos del cambio climático y de la urgencia de un enfoque de economía circular para modelos que alinean la creación de valor con la reducción de los efectos de la contaminación creciente del agua y del aire urbano.
El tercero es la presión por descubrir nuevas formas de expresión y participación de los ciudadanos. La ciencia, la tecnología, las industrias creativas y culturales y la reflexión de las ciencias sociales pueden contribuir a que los ciudadanos desarrollen su capacidad de imaginar su sociedad y su papel en ella.
DESAFIOS
Estamos concluyendo un gobierno que poco nos deja. Una administración contagiada de la serenidad imperturbable de un presidente que se parece más un actor al que alguien le escribe el libreto. Los desafíos que debemos enfrentar son muchos. El primero por lo menos hacerle frente al problema fiscal que nos ha dejado la pandemia. En segundo lugar, debemos hacerle frente a la desigualdad. Chile, un país próspero como ninguno en Latino América es un buen ejemplo que examinar. Allá se redujo la pobreza, pero no la mala distribución del ingreso.
Esa evidente y atroz desigualdad nos ha traído los paros generales del 2019, 2020 y 2221. Súbitamente se han dejado ver en las redes sociales y en los medios más ortodoxos todas las injusticias. Se ha dejado ver la falsedad en la enunciación en términos de la igualdad que los políticos nuestros han usado elección tras elección. En 2019, Global Witness registró más asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Colombia que en cualquier otro lugar del mundo. Los grupos indígenas se encuentran particularmente en riesgo: conforman la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4.4% de la población. Es evidente que el aumento del narcotráfico y las luchas entre grupos armados ilegales han influido en todos estos asuntos.
No más tanta miseria, no más tanto marginamiento, no más maltrato a sectores sociales históricamente abandonados como los afrodescendientes e indígenas o muchos de nuestros trabajadores urbanos marginalizados, pero también de los organizados, así como a nuestros campesinos.
Vamos a resolver con sentido de urgencia las quejas más sentidas de los jóvenes que se han convertido en los más militantes de las protestas. La muy pobre reacción de nuestra sociedad a sus angustias marcadas por la desesperanza, el no futuro, a la imposibilidad de hallar un trabajo digno y decoroso. Muchos de ellos se quieren hoy ir del país, que nada les puede ofrecer.
Los liberales hemos propuesto eliminar todas las exenciones tributarias que durante varios gobiernos se les han entregado a las grandes empresas de la economía formal, con la excusa de que son ellas las que generan el empleo. Esto es evidentemente falso. Son cerca de 20 billones de pesos dirigidos a los más ricos y poderosos, y no a las pequeñas y medianas industrias que si generan el empleo.
El liberalismo apoyara tres millones de jóvenes, no cobrara su matrícula en las universidades públicas. No solo no cobrar las matrículas en las universidades públicas, sino dar el apoyo adicional que recibirán los becados para sobrellevar una vida que permitan recibir efectivamente las ventajas de una mejor educación. Vamos a hacerlo con recursos sanos, sin emisión, ni tomar los ahorros de la gente en sus pensiones.
QUÉ HACER
No podemos dejar que del país se apodere el populismo o el autoritarismo. La retórica vana de sembrar entre los ciudadanos miedos, odios y temor al cambio no es lo nuestro. No queremos la nostalgia de algún caudillo montado en su caballito: tratando de vender el mito que pretende que solo determinada persona puede gobernar el país… esa es otra forma de volver siempre a donde estábamos, vana nostalgia, esa de que todo tiempo pasado fue mejor. Todo liderazgo que sólo inflama las preocupaciones de su gente con el fin de crear unidad a su alrededor genera un liderazgo vacío. Todo liderazgo incapaz de mostrar una visión, y de dar pasos dolorosos, aunque sean razonables, no es liderazgo sino escapismo, paternalismo.
Debemos entender que solo partiendo de una rigurosa critica de la tarea de gobierno actual, de las instituciones públicas que tenemos, de sus instituciones, de sus políticas y de la sociedad, es como se logra construir un programa y una agenda de cirugías profundas que toque el fondo de las estructuras de gobierno, y también este es el camino para la gran coalición de centro progresista que el país debe construir y anhela. No otros cuatro años de polarización, ni de vivir en función de las pujas del partido Centro democrático y los otros partidos afines con el expresidente Uribe, que ha estado en el gobierno por 12 años, donde las recriminaciones y los odios han terminado por prevalecer sobre los verdaderos problemas del país. El expresidente Santos, con ocho años de gobierno tampoco pudo escapar de estas tormentas.
Colombia es hoy un país que ha dado pasos adelante en materia de seguridad, y algunos en lucha contra la pobreza en las últimas dos décadas. Sin embargo, estamos muy lejos de que mujeres y jóvenes tengan acceso a los bienes sociales que la sociedad les debe dispensar. Hay enormes sectores de la sociedad víctimas de la exclusión social, víctimas de la violencia, desplazados.
Los fallos de la Corte Constitucional no han puesto en entredicho ni los valores cristianos, ni la importancia de la familia, entendida esta en el sentido más amplio. Lo que pretenden que los roles anticuados de las mujeres, y cierta prevalencia del machismo se mantengan en nuestras sociedades. Hay que estar alertas de que no traten de regresarnos a la teoría de que la autoridad viene de dios y no del pueblo, y que las creencias religiosas pueden alegarse para desconocer los derechos de las minorías.
La paz es acabar la injusticia “que genera exclusión y violencia”, la de optar por “los postergados y los arrinconados”, la de saber la verdad sobre los crímenes de guerra, la del perdón y la de ser “más grandes que nosotros mismos”, y del dolor sin nombre de las víctimas nuevas que oraron y lloraron con las palabras del papa Francisco. En lugar de juzgar y condenar, Francisco aposto a comprender y a solidarizarse con todas las personas en su dolor humano y en proporción a este. Por eso sus interlocutores preferidos son los niños con síndrome de down, los drogadictos, los enfermos terminales, las mujeres violentadas, los refugiados, los migrantes sin techo, los presos, los pandilleros, los indígenas, los afrodescendientes, las víctimas de todos los horrores, los desechables, los arrinconados y los pisoteados de la tierra. Nos dio una lección sin par a los liberales y progresistas. Es el regreso al Jesús de los humildes. Y estas no son en absoluto preocupaciones de las elites colombianas
REFORMAS Y POLÍTICA SOCIAL
Nuestro propósito principal debe ser concebir e impulsar un conjunto de reformas que hagan mirar al país hacia el mañana. Tenemos que sacarlo de ese escapismo en el cual se encuentra, para que encaremos nuestros grandes desafíos y problemas, exigiéndoles a los ciudadanos y a la sociedad civil, sacrificios, solidaridad y el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
El liberalismo tiene que impulsar un conjunto de reformas o de verdaderas cirugías para la búsqueda de la igualdad, de la justicia social, de la lucha contra la pobreza, y la total eliminación de la miseria. El liberalismo se tiene que poner a la cabeza de quienes reclaman muchos más resultados en la lucha contra la pobreza; en la mejor distribución del ingreso; en el crecimiento de los salarios reales de los trabajadores; en menores cifras de desempleo; y en un sistema educativo acorde con los requerimientos del nuevo tipo de globalización y la revolución de las comunicaciones (frustrada por un robo que ya hoy es irreparable y del que no se ha vuelto a hablar. Le pusieron la campana del silencio cómplice). Vuelve y juega el jefe de corrupción que se devoro a Bogotá.
A mi juicio, las enormes fallas del estado en el cumplimiento de sus obligaciones sociales son las que le estaban abriendo una brecha a la credibilidad de las instituciones democráticas. El liberalismo debe comprometerse a fondo con la reforma del estado. Haciendo cirugías profundas en Colombia estamos urgidos de recuperar la idea de un estado fuerte, eficaz, prestigioso. Un estado más eficiente y con mayor capacidad de vigilancia, regulación y control. Que se mueran niños de hambre no es un problema de recursos sino de malas políticas, de pésima administración, de corrupción, de indolencia, desidia y abandono.
Señores Liberales, tenemos que actuar de nuevo pensando en las ideas de Galán, el altivo, el franco, el fiscalizador, el crítico, el opositor, el irreverente, el atrevido y temerario. Galán nos enseñó que ante las dificultades lo preciso es no claudicar, y nos infundió que la política es el más poderoso instrumento para transformar la sociedad. Perdió su vida desafiando la acción y la mentalidad de los mafiosos que se estaban entronizando en nuestra política vida pública.
De López Michelsen tengamos presente su rebeldía, su contestación permanente, su irreverencia, su ironía, su humor provocador, su desdeño hacia la pompa. A mi generación López le enseñó a pensar, y Galán a actuar basados en conductas éticas. Creemos en la importancia del libre examen, en la práctica del disentimiento, de la importancia de la tolerancia, del respeto al derecho ajeno. De Gaitán aprendimos a conocer mucho de lo que mueve a millones de colombianos desprotegidos.
Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, es hora de llevar a cabo las reformas estructurales que amerita la nación, de ofrecer una esperanza de vida prospera y digna a nuestros jóvenes, de ejecutar las cirugías mayores que necesita el país con apremio, y de asumir nuevamente nuestro papel de partido protagonista en la historia de Colombia”.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Director Partido Liberal Colombiano
26/04/2022
