La Delegación de Paz del Gobierno nacional y los Voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto -EAOCAI- dentro del Espacio de Conversación Socio Jurídico -ECSJ- de Medellín y el Valle de Aburrá informan que el proceso avanza de manera firme, sostenida y responsable, sobre los objetivos estratégicos trazados en el marco de la Política de Paz Total (Ley 2272 de 2022). Dicen que es el resultado de casi tres años de trabajo ininterrumpido y de la voluntad de las partes por darle una salida dialogada a las violencias urbanas y constituir condiciones para la no repetición de estos hechos en los territorios del Valle de Aburrá.
Según la Delegación del Gobierno y los Voceros de las EAOCAI, en esta etapa avanzan decididamente en la deliberación del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana, el cual recoge todas las dimensiones y temas que han sido prioridad para el Gobierno nacional en la Política de Paz Total y los elementos sustanciales de la Conversación Socio Jurídica con las EAOCAI. Es decir, la fase avanzada es sintesís y resultante de los compromisos y hechos de paz de las estructuras que dan cuenta de la voluntad de construir la Paz para Medellín y el Valle de Aburrá. Esta deliberación ha permitido definir un conjunto de prioridades y temas que constituyen el eje central de la Mesa y expectativas de la agenda social para la Paz Urbana que movilizan las organizaciones sociales, las plataformas y los procesos de incidencia social.
Los temas centrales de la deliberación hasta ahora son:
1. El desescalamiento de las violencias. Profundización de las medidas de protección del derecho a la vida, como objetivo fundamental del proceso; no confrontación entre estructuras; reducción sostenible de homicidios; eliminación de fronteras invisibles; prevención del reclutamiento; e implementación de medidas integrales para el cuidado de las comunidades.
2. Reconocimiento y reparación a víctimas de las violencias urbanas. Reconocimiento y dignificación de las víctimas de las violencias urbanas y el desarrollo de acciones de reparación colectiva territorial y medidas tendientes a la no repetición y la reconciliación.
3. Transformación integral de los territorios. Se impulsan inversiones de la Nación con enfoques de Paz Urbana, programas de hábitat popular, procesos de formalización de asentamientos, así como iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables y la generación de oportunidades reales en educación, empleo y cultura. Programa Barrios de Paz.
3. Transformación de economías. Se trabaja en la construcción de alternativas lícitas que permitan sustituir prácticas ilegales, abriendo caminos hacia economías sostenibles que beneficien a las comunidades.
4. Tránsito al Estado Social de Derecho. Se promoverán las condiciones jurídicas e institucionales garantizando la soberanía del Estado y la prevención de nuevos fenómenos criminales para la transición al Estado Social de Derecho. Se impulsan programas de Inclusión Social propendiendo por la implementación de enfoques restaurativos orientadas a la reconstrucción del proyecto de vida de los miembros de las estructuras dentro de la legalidad y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Todos estos temas contarán con espacios de participación de la sociedad civil en los distintos territorios del Valle de Aburrá.
Lo antes expuesto es una muestra inequívoca de la suma de voluntades entre las partes para lograr condiciones necesarias para la construcción de una Paz Urbana sostenible y duradera.
“Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad, a las autoridades locales en especial a Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, en general, para que acompañen, propendan y se apropien de este proceso. La Paz no es un acuerdo entre partes, es un propósito colectivo que sólo puede consolidarse con la participación activa de la sociedad. ¡La paz urbana se construye desde los territorios con la gente y para la vida!”, concluyen los miembros de la Delegación de Paz del Gobierno nacional y los Voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto.
