Para los miembros de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y, especialmente, para su presidente, Óscar de Jesús Marín, en vez de mejorar, el Instituto Nacional de Concesiones –INCO- ha empeorado. Esta declaración se sustenta en la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica en la que se evidencia un presunto desgreño administrativo.
Al debate que la Cámara de Representantes realizó sobre el tema este miércoles, 18 de mayo, se citó a la gerente del Instituto Nacional de Concesiones, María Inés Agudelo, para que explicara la situación de la Entidad. En dicho debate, el representante Óscar Marín vislumbró los riesgos en que el INCO está incurriendo.
El Presidente de la Comisión Legal de Cuentas aseguró que las adendas en los contratos de las concesiones portuarias, férreas y de vías, benefician enormemente a los privados y ponen en desventaja al Estado.
Para Óscar Marín no hay legalidad ni orden en los procedimientos. Según los hallazgos de la Contraloría, se demuestra que el INCO ha firmado contratos sin las debida autorización y registro presupuestal, requisito sine qua non se garantiza su legalidad. “Por lo tanto no se entiende cómo se perfecciona posteriormente el contrato. Esta práctica lleva a sus funcionarios a incurrir en una conducta reprochable penalmente”, indicó el Representante antioqueño.
“Se manifiesta una deficiente gestión presupuestal. Es así como se nota desorganización frente a los recursos que se pagan a los concesionados, pues al momento de cruzar las cuentas de compensación por la concesión, el INCO no tiene claro los pagos que realiza”, señaló Marín, quien además dijo que esta conducta reprochable genera desequilibrio económico en contra del Estado y deficiencia en la ejecución y optimización del presupuesto del Instituto.
“Un caso específico de desorganización se dio durante el año 2010, cuando el INCO realizó pagos por casi 86 mil millones de pesos, ordenados en laudos arbitrales, sentencias judiciales y conciliaciones, lo que supone que la Nación debe entregar a particulares buena parte del erario, como consecuencia de incumplimiento a los concesionarios”, sostuvo Óscar Marín.
El Congresista liberal también hizo pública la desorganización del INCO en cuanto a las interventorías. Denunció que no hay responsables de la Oficina Jurídica y no se hace seguimiento a la labor de las concesionarias, ni en la parte administrativa ni en la operativa.
Una de las conclusiones del debate fue la decisión de la Comisión Legal de Cuentas de remitir copia del acta de la sesión, con la respectiva documentación de soporte, a todas las autoridades competentes, al igual que una copia del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dada la composición del Consejo Directivo del INCO.
Óscar Marín espera que en la próxima citación, la directora del Instituto Nacional de Concesiones, María Inés Agudelo, demuestre un cambio en el manejo administrativo y financiero de la Entidad, en el que se comprueben los correctivos implementados.
