Mauricio Zuluaga RuizVuelve y juega!, EPM nos acaba de entregar una nueva factura, que afecta nuestros bolsillos, la que nunca falta, “siempre estamos ahí”, la que nunca rebaja, así Ud. Sustituya la energía eléctrica por el gas, sustituya por bombillos ahorradores, instale aparatos economizadores de agua, así prenda menos tiempo los bombillos : La factura que nunca entendemos, nuevamente suben las tarifas, El motivo: Nivelación de tarifas con las que tenia el Eade para el resto del Dpto. de Antioquia. Y las tarifas de Medellín y el área metropolitana. De todos modos es un buen negocio para EPM a costas de nuestros bolsillos. Pero Bien, nuestra reflexión esta más encaminada a mirar como es que nuestras EPM participan en las complicadas problemáticas de nuestra urbe. Especialmente en estos tiempos del calentamiento global, donde las fuertes precipitaciones de agua, están generando permanentes tragedias urbanas sin ningún tipo de precedentes.
El crecimiento urbano, genera mas áreas pavimentadas que eliminan drenajes naturales y las tuberías existentes, son viejas, insuficientes para captar las aguas de escorrentías, las tuberías se colmatan, se atascan y se revientan, la infraestructura de redes es en muchas casos obsoleta e insuficiente. Los descoles a las quebradas presentan fallas estructurales, que colapsan y afectan caudales
La ley 142 del 94 sobre los servicios públicos cambio radicalmente el manejo de estos servicios en Colombia, indudablemente esto permitió fortalecer y mejorar la prestación de estos e inclusive permitir la sana competencia entre las empresas prestadoras , pero también podemos afirmar que dicha ley inclina la balanza a favor de ellas. En Medellín y su área metropolitana abundan centenares de barrios marginados con mas de 30 años de existencia que no poseen todos los servicios públicos dando como resultado una muy pobre calidad de vida y un detrimento social muy lamentable.
Es apenas lógico pensar que serian estas empresas las llamadas a cubrir obligatoriamente estas deficiencias, pues para nadie es extraño que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para costear estas obras que son tan onerosas, pero la mencionada ley las protege y permite que todo el costo recaiga sobre estas pobres comunidades y sobre las administraciones municipales lo que genera un problema de nunca acabar, creemos que esta ley debe ser modificada para que introduzca un asertivo programa de financiamiento y se les pueda brindar servicios públicos a todas las comunidades ,por tratarse de un derecho constitucional. Esto requeriría en diseñar políticas específicas de reubicación de vivienda que podrían ser subsidiadas por los enriquecidos tesoros de los prestadores del servicio, no suena justo que ellas reporten grandes utilidades y las comunidades registren profundos déficits sociales.
Es esta una responsabilidad histórica para los legisladores, para los gobernantes y para las empresas, por que esta problemática la tenemos que enfrentar ya.
